Una madre camina bajo el sol con una receta en la mano. Ya fue a dos clínicas. En la primera le dijeron que el medicamento no llegó; en la segunda le dijeron que el sistema está caído. Su hijo tiene fiebre desde anoche. En Palacio Nacional se celebra que el abasto de medicamentos supera el noventa por ciento. La estadística dice una cosa y la madre vive otra. En esa grieta entre el dato y la vida está el elefante del que hablamos. Ahora el elefante se ha mudado al aula y a la sala de espera.

No es que el gobierno no haga nada. El gobierno entrega becas, abre hospitales y contrata médicos. El problema es que el gobierno confunde lo que entrega con lo que la gente recibe. El gobierno cuenta lo que gasta, no lo que resuelve. El gobierno inaugura un hospital y no pregunta si hay anestesiólogo un domingo a las tres de la mañana. El gobierno entrega una beca y no revisa si el niño tiene escuela con agua potable o un maestro que esté presente toda la semana. Esa doble contabilidad —la del boletín y la del ciudadano— es la madre de todas las simulaciones.

El gasto educativo del gobierno ronda el cuatro por ciento del PIB, cuando la ley mexicana exige ocho. La educación media superior y la superior del gobierno perderán recursos este año. Las normales rurales del gobierno, esas que forman a los maestros que van donde nadie quiere ir, verán reducido su presupuesto en una quinta parte. En salud, la paraestatal del gobierno que compra medicamentos acumula sobreprecios, licitaciones canceladas y deudas con farmacéuticas que llegan a miles de millones.

El propio gobierno reconoce deficiencias y promete abasto completo hasta 2029. Es decir: el gobierno le está pidiendo a los enfermos que esperen tres años y medio con paciencia. Hay algo que me preocupa además del desabasto: lo que ocurre dentro de las escuelas. El crimen organizado encontró en las escuelas un terreno fácil. En los últimos cinco años se han registrado más de mil manifestaciones normalistas y, en buena parte de esas manifestaciones, hay infiltración criminal: sujetos que se hacen pasar por estudiantes para saquear, bloquear y extorsionar. El llamado falso normalista no es un mito, es un operador. Ese falso normalista prospera porque el Estado abandonó presupuestalmente a esas escuelas y luego se sorprende de que el crimen ocupe las aulas. El elefante, ahora, también se sienta en el pupitre.

Frente a esto no sirven los diagnósticos elegantes. Sirven las decisiones y hay tres decisiones que no admiten más retraso.

La primera decisión es de dinero y de ley: elevar el gasto educativo al ocho por ciento del PIB de forma gradual pero obligatoria, con un fondo etiquetado exclusivamente a infraestructura escolar —agua, luz, baños dignos, conectividad—, auditado por consejos ciudadanos y no por la propia secretaría que lo ejerce. Si el dinero no está etiquetado, se lo traga la nómina o el subejercicio. Si no hay sanción por no ejercerlo, el fondo será un adorno.

La segunda decisión es romper el monopolio de compra de medicamentos. Necesitamos licitaciones abiertas, con farmacéuticas nacionales e internacionales compitiendo, con auditoría externa y publicación de contratos en tiempo real. El abasto es logística y no se resuelve con discursos sino con proveedores que cobren y entreguen. La soberanía farmacéutica se defiende produciendo y comprando bien, no generalizando el desabasto.

La tercera decisión es de seguridad, no de pizarrones: una estrategia específica para entornos escolares que desarticule las redes criminales que parasitan a las normales rurales, sin criminalizar la protesta legítima ni usar la fuerza como primer recurso. Eso exige inteligencia civil, de la que hablábamos la semana pasada, y no solo presencia militar en los accesos. Ahora bien, nada de esto va a pasar si la oposición sigue pensando que su trabajo es solo anotar los errores del gobierno. Lo reitero: la indignación no gana elecciones. Lo que gana es una alternativa creíble. Esa alternativa no la construye un solo partido ni un solo líder: se construye desde un frente que hable de lo que duele en la mesa: que el hijo aprenda, que el padre se cure. La propuesta de mover cientos de miles de millones a seguridad, salud y educación es solo un piso, no un techo. Falta lo difícil: ponerse de acuerdo sin repartir cuotas. La unidad se negocia con generosidad y con método, y la unidad se sostiene con propuestas que el ciudadano pueda repetir en su casa sin sentirse engañado.

México necesita que la escuela pública sea un lugar donde se aprenda y no solo se sobreviva, y que el centro de salud sea un lugar donde se sane y no se espere. Eso no es utopía, es administración. La administración no se hace con propaganda; la administración se hace con presupuesto, con ley y con vergüenza institucional.

Y hay algo más profundo que el desabasto y el abandono: la educación y la salud son los territorios donde se decide, mucho antes de que alguien vote o produzca, si una persona llegará a ser ciudadano pleno o apenas sobreviviente. Un niño que aprende a leer en un aula sin agua, sin baños dignos, sin maestro, no solo recibe educación deficiente: aprende que el Estado no lo ve, y esa lección la llevará consigo toda la vida. Una madre que no encuentra medicamento para su hijo enfrenta la certeza de que su vida y la de los suyos valen menos que un contrato millonario. En el periodo formativo la ausencia del Estado es una condena hereditaria. Cada aula abandonada es una fábrica de desigualdad. Cada consultorio vacío es una sentencia que se firma con indiferencia. Y mientras el gobierno celebra sus cifras, el elefante sigue ahí, sentado en el pupitre y en la sala de espera, recordándonos que un país que no cuida a sus niños ni a sus enfermos hipoteca el futuro.

El elefante ya está sentado en el aula. El elefante ya ocupa la sala de espera. El elefante ya sabe leer y ya sabe contar. Lo único que falta es que alguien del gobierno se atreva a mirarlo de frente, y que la oposición deje de fotografiarlo para empezar a desalojarlo.