Con bombo y platillo el pasado 17 de septiembre de este año, sale a la luz lo que autoridades llamaron un megadecomiso histórico de huachicol al asegurar 59 millones de litros de combustible en una planta ubicada en San José de Iturbide, Gto., considerando que por su magnitud se trata de un operativo sin precedente.
Si bien, las autoridades encargadas del asunto señalan que las investigaciones comenzaron a principios del mes de julio pasado, al detectar una pipa descargando combustible en una gasolinera ubicada en San Luis de la Paz, Gto., sin contar con la documentación correspondiente, no fue sino hasta que se llevó a cabo un cateo en la terminal de almacenamiento donde descubrieron grandes cantidades de hidrocarburos.
Según se ha podido constatar, el lugar que ocupa varias hectáreas fue creado exprofeso para recibir y almacenar petrolíferos, encontrándose en funciones desde hace cuando menos nueve años, cuenta con las autorizaciones y permisos esas actividades, por lo tanto, sus instalaciones no se encuentran ocultas o escondidas.
La empresa propietaria del predio es Gas Natural del Noroeste S.A. DE C.V., filial del Grupo Simsa, que es ampliamente conocido en el país, considerado un conglomerado empresarial serio y solvente, no obstante, ante las acusaciones públicas generadas a partir del cateo y las declaraciones dadas por las propias autoridades la colocan en una posición altamente incomoda.
En efecto, el señalamiento de traficar hidrocarburos ilegales, además en cantidades exorbitantes no es un asunto menor, sin embargo, todo parece indicar que las autoridades encargadas del caso se apresuraron al dar a conocer conductas ilícitas sin tener todos los elementos probatorios.
Al respecto es pertinente destacar que, al ser un centro de almacenamiento de combustibles, la propiedad de esos hidrocarburos corresponde a sus clientes a quienes les toca demostrar el origen y destino; la trazabilidad financiera y fiscal del combustible localizado.
Desde luego, esos datos están al alcance de las propias autoridades: en Aduanas, Hacienda, Economía, Pemex, etc., todo es cuestión de voluntad y adecuada coordinación interinstitucional, que vistos los resultados es deficiente o inexistente.
Mientras, por otro lado, siendo un centro de almacenamiento la acusación no solamente alcanza a la empresa del Grupo Simsa, sino también a los dueños de los hidrocarburos, es decir a sus clientes, entre los que se encuentran algunas transnacionales como Shell, Mobil, Marathon Petroleum y muchas otras.
Entonces, las autoridades se apresuraron dando a conocer un aseguramiento de hidrocarburos ilícito sin tener suficientes elementos probatorios para tales afirmaciones, lo que se traduce en un acto de protagonismo y engaño.
Realmente cuesta trabajo siquiera pensar que una empresa de esa magnitud y, los clientes, propietarios del combustible se arriesguen a manejar hidrocarburos ilícitos, pues no le encuentro la cuadratura al círculo, es un juego perverso sin ninguna necesidad.
En ese orden, es dable decir que se trata de un error histórico, las cosas no encajan. Ahora, el dilema es deslindar responsabilidades por una conducta negligente, ingenua o inclusive un comportamiento pérfido intencional.
El desenlace es de pronostico reservado, pues en esta administración le negligencia oficial se protege y en ocasiones hasta se premia.