Nueve días antes de otorgar el permiso a Portacelis Gas and Oil, Sener había publicado reglas más estrictas para la importación de combustibles, entre ellas acreditar antecedentes de importación de los dos años previos. La empresa tenía apenas 52 días de creada y nunca había importado, pero la dependencia federal dio por presentados los requisitos. Cuando concedió la autorización, Portacelis todavía era administrada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de confianza de Amílcar Olán, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán.
Nueve días después de endurecer las reglas para la importación de combustibles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó a Portacelis Gas and Oil importar hasta 52 millones de litros de diésel, pese a que la empresa tenía apenas 52 días de creada y nunca había realizado una operación de comercio exterior.
Las nuevas disposiciones exigían a los solicitantes acreditar sus antecedentes de importación de los dos años previos, un requisito establecido como parte de las medidas para combatir el huachicol fiscal. Portacelis no podía cumplirlo porque ni siquiera existía durante ese periodo.
Pese a ello, la Secretaría de Energía (Sener) dio luz verde a Portacelis, empresa vinculada a Amílcar Olán Aparicio, amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Al paso de los meses, la empresa incurrió en el llamado “huachicol fiscal”, al declarar menos combustible del que ingresaba al país, según señalamiento de las autoridades fiscales, que le reclaman el pago de 834 millones de pesos de impuestos omitidos.

El permiso a Portacelis fue concedido el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el sexenio de AMLO, y fue autorizado por Eduardo Pérez Mejía, director de Coordinación de Petrolíferos y responsable de la Dirección General de Petrolíferos de Sener.
Una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del permiso y de los documentos que la propia dependencia entregó vía transparencia revela múltiples inconsistencias. La más evidente está en el propio texto de la autorización, en el que Sener aseguró haber considerado los “antecedentes de importación del solicitante”. Portacelis no los tenía. La empresa fue constituida el 6 de agosto de 2024 y los registros de comercio exterior consultados para esta investigación muestran que realizó sus primeras importaciones hasta febrero de 2025, cinco meses después de recibir el permiso.
Pero las inconsistencias adquieren mayor relevancia al revisar quién estaba detrás de la compañía cuando Sener le abrió la puerta para entrar al negocio de importación de combustibles.
Portacelis Gas and Oil fue fundada por Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio. Como administrador único y apoderado general quedó Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de confianza de Amílcar Olán Aparicio.
De la Cruz trabajaba con Olán desde 2018, cuando era agente de ventas en una tienda de baños y azulejos del empresario tabasqueño. Con el paso de los años su nombre comenzó a aparecer en distintas sociedades vinculadas con Amílcar. Fue comisario de Romedic, empresa que obtuvo contratos por más de 490 millones de pesos para vender medicamentos con recursos del extinto INSABI; accionista mayoritario de Poyago, que recibió otros 344 millones de pesos en contratos del IMSS; integrante del órgano de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, compañía en la que Olán posee 90% de las acciones, y socio de Portacelis OC junto con el abuelo materno del empresario.
Así, el permiso otorgado en las últimas horas del sexenio de López Obrador fue concedido a una empresa que en ese momento era administrada y representada legalmente por el contador y operador de confianza de Amílcar Olán.

El 18 de septiembre de 2024, nueve días antes de que se otorgara el permiso a Portacelis, las secretarías de Energía y Economía publicaron en el Diario Oficial de la Federación una modificación al acuerdo que regulaba la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, con el fin de combatir el huachicol fiscal. El documento fue firmado por Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía, y Raquel Buenrostro Sánchez, entonces secretaria de Economía.
Maciel Torres había asumido la titularidad de Sener 11 meses antes, en sustitución de Rocío Nahle, quien dejó el cargo para buscar la gubernatura de Veracruz.
Las nuevas disposiciones endurecieron los requisitos para quienes pretendieran importar más de un millón de unidades de hidrocarburos o petrolíferos.
Entre la información requerida estaban la logística completa de importación, la identificación de proveedores, transportistas, almacenistas, distribuidores y clientes, los puntos de internación de la mercancía y la ubicación georreferenciada de todas las instalaciones donde sería recibida, descargada o almacenada.
Pero había un requisito especialmente difícil de explicar en el caso de Portacelis. El artículo 40 establecía que, para justificar el volumen y la vigencia solicitados, el interesado debía entregar sus “antecedentes de importación de por lo menos los dos últimos años previos al ingreso de la solicitud correspondiente, desglosados de manera mensual”.

Para Portacelis era imposible acreditar dos años de importaciones porque la empresa tenía menos de dos meses de existencia.
En el permiso, la Secretaría de Energía asentó que había tomado en cuenta “las constancias que obran en el expediente respectivo, y los antecedentes de importación del solicitante”. Eso evidencia una falsedad de la dependencia federal, pues Portacelis no había realizado hasta ese momento una sola importación, según pudo constatar MCCI.

La huella de Amílcar
Cuando el titular de la dirección de Petrolíferos firmó la autorización, Juan Carlos de la Cruz Murillo ––el contador de Amílcar––era administrador único y apoderado general de Portacelis.
Los primeros socios, de apellido Aparicio ––como Amílcar––, también seguían dentro de la compañía. Los documentos mercantiles revisados muestran que 20 días después de otorgarse el permiso hubo cambios en la empresa.
El 17 de octubre los socios fundadores vendieron todas sus acciones y el contador de Amílcar renunció como administrador. Entraron como accionistas Jeysi Armando Balcázar Vértiz y José Alonso Ulín Hernández, dos jóvenes residentes en rancherías de Tabasco, sin trayectoria en energía, logística o comercio exterior; el primero había trabajado como auxiliar administrativo y vendedor de cambaceo, casa por casa.
Aunque el contador de Amílcar declaró ante un notario que dejaba la administración de la empresa, en realidad continuó en funciones. Así lo revelan los certificados fiscales emitidos entre septiembre y diciembre de 2024, los cuales siguieron asociados a su CURP.
Uno de esos certificados dejó una huella que conduce a Amílcar Olán, pues el contador asoció su firma digital con el correo juan.delacruz@
Esto revela que el contador de Amílcar continuó operando en la empresa incluso después de que se dio el cambio de accionistas. Su CURP y correo dejaron de estar vinculados a esos certificados hasta el 20 de enero de 2025.

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