Un censo que retrata lo que ya no existe
El INEGI difundió este miércoles el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2025, que recoge lo ocurrido en 2024. Los organismos garantes estatales ejercieron 1,506.6 millones de pesos, 11.5 % más que en 2022. En ese lapso, las solicitudes recibidas y respondidas cayeron alrededor de 32 %. Las solicitudes pendientes de concluir aumentaron 58.1 %, hasta 147 casos. Es decir, más dinero, menos trabajo y peor desempeño. Las medidas de apremio por incumplimiento subieron 40.2 % y llegaron a 5,383.
La cifra es incómoda para todos. Quienes defienden el modelo anterior deben explicar por qué un presupuesto creciente produjo menos resultados. Quienes lo desmantelaron no pueden usar el dato como prueba de que su alternativa funciona.
La tesis y sus límites
Atribuir estos números a los gobiernos de Morena resulta tentador, pero metodológicamente frágil. El propio INEGI advirtió que los resultados deben leerse a la luz de la transición institucional. Los datos corresponden a 2024, pero se recopilaron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. El censo tampoco incluye a Baja California ni a Zacatecas, por el proceso de sustitución de sus organismos garantes.
Además, el censo mide organismos que operaban bajo gobiernos de signos políticos diversos. El INEGI recuerda que la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 extinguió al INAI y a los organismos garantes estatales. El censo es, en rigor, el balance de un modelo que se desmanteló después de ser medido. No evalúa a quien lo desmanteló.
La crítica de fondo sí resiste el análisis. Un diagnóstico que revela ineficiencia no justifica por sí solo eliminar al árbitro. Corregir un órgano costoso y lento es distinto de trasladar su función a una estructura menos independiente.
El nuevo árbitro
Tras la reforma legal de marzo de 2025, las inconformidades que antes resolvía el INAI en materia de acceso a la información pública se sustancian ante Transparencia para el Pueblo. Esa instancia está adscrita al Ejecutivo federal. Los defensores de la reforma sostienen que la autonomía era un lujo caro y que la transparencia debe integrarse a la administración sin duplicidades. Los críticos replican que, en ese diseño, la dependencia que niega información y la que revisa la negativa responden a la misma línea de mando. El debate no es técnico. Es una discusión sobre quién vigila al poder.
Taddei: un caso que confunde más de lo que aclara
La renuncia de Guadalupe Taddei agrega una paradoja. Presentó su dimisión ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre, sin aludir a las acusaciones que la rodean. La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio por posible uso indebido de recursos en el INE. Uno de los episodios más recientes fue la difusión, por parte de Latinus, de videos en los que aparece su hijo en una suite de un hotel de lujo en París. Se trata de señalamientos, no de sentencias, y conviene decirlo con todas sus letras.
Las lecturas políticas chocan de frente. Taddei fue designada por la Cámara de Diputados en abril de 2023. Esa Cámara tenía mayoría oficialista, lo que alimenta la sospecha de quienes ven un órgano autónomo cooptado. La presidenta Sheinbaum la deslindó de Morena y recordó que llegó al INE en 2014, cuando el partido ni existía. Cada bando recoge el caso como prueba de lo que ya pensaba. Para unos, la autonomía fue una ficción. Para otros, la corrupción habita incluso donde no gobierna Morena.
La pregunta que nadie responde
Lo único que el episodio demuestra sin discusión es que la autonomía formal no garantiza la integridad. Tampoco la garantiza su ausencia. La información sobre el caso no salió de una solicitud de transparencia. Salió de periodismo de investigación y de una auditoría. Esa es la lección más incómoda para ambos lados: el control más eficaz ha sido el que no depende de ningún gobierno.
Si los órganos autónomos fallaron por costosos e ineficientes, y los nuevos dependen del poder al que deben vigilar, ¿quién custodia hoy el derecho de los ciudadanos a saber?