La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el desabasto de medicinas es mínimo y que la falta de insumos y equipamiento no constituye un problema grave. Sus propios recorridos por unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la contradicen. Lo que se ve en los pasillos de los hospitales, y lo que reporta la revisión de la dirección del Instituto, es una cadena de carencias difícil de reducir a una anécdota.

El discurso frente al pasillo

Cuando se reconoce el problema como marginal, la solución también se vuelve marginal. Un desabasto “mínimo” no justifica una reorganización de las compras, de la distribución ni de la gestión hospitalaria. Pero si los recorridos presidenciales exhiben faltantes de fármacos y equipos descompuestos o inexistentes, la tesis oficial pierde sustento empírico y queda reducida a una postura política.

La paradoja es que la visita presidencial funciona como auditoría involuntaria. La revisión de la dirección del IMSS ha documentado numerosas deficiencias, lo que equivale a admitir en los hechos lo que se niega en la tribuna. Una administración puede sostener durante un tiempo una narrativa, pero no el desmentido cotidiano de sus propias inspecciones.

Ocho años de negación sistemática

El señalamiento más incómodo para Morena es temporal. El movimiento lleva ocho años al frente del gobierno federal, tiempo suficiente para que ya no sea posible atribuir el deterioro a la herencia de administraciones anteriores. Durante ese periodo, según pacientes, familiares y trabajadores, las denuncias fueron desestimadas de manera sistemática como campañas de la oposición o exageraciones mediáticas.

Esa respuesta tiene un costo que rebasa lo sanitario. Cuando el poder descalifica a quien denuncia, desactiva el mecanismo más elemental de corrección: la queja ciudadana. Una institución que no escucha a sus usuarios ni a sus trabajadores se entera tarde de sus propias fallas, y las atiende todavía más tarde.

La protesta sindical como punto de quiebre

La coyuntura actual añade un elemento que el gobierno no puede ignorar con facilidad: las protestas de integrantes del sindicato del Instituto, que exigen mejoras salariales y el fin del desabasto de medicinas e insumos. Lo relevante es que la demanda no proviene solo de usuarios dispersos, sino de quienes operan el sistema desde dentro.

Aquí aparece una fricción analítica. Los trabajadores reclaman salario y abasto al mismo tiempo, y ambas exigencias están ligadas. Sin condiciones laborales dignas se deteriora la atención, y sin insumos el trabajo clínico se vuelve cuesta arriba. Si el gobierno concede lo primero sin resolver lo segundo, o al revés, la inconformidad persistirá. Además, un sindicato que protesta contra un gobierno afín exhibe una grieta en la base social que el oficialismo da por consolidada.

Posturas en tensión

El oficialismo tiene argumentos que merecen ser considerados. Puede sostener que la ampliación de la cobertura, las inversiones en infraestructura y los esfuerzos de compra consolidada buscan corregir rezagos históricos, y que parte de las carencias nace de un sistema crónicamente subfinanciado. También puede señalar, con razón, que los recorridos presidenciales y la revisión interna son muestra de voluntad de supervisión.

La crítica responde que esa voluntad solo es creíble si va acompañada de reconocimiento. No se corrige lo que se niega. Y si la revisión interna confirma lo que los pacientes decían desde hace años, queda por explicar por qué la respuesta inicial fue la descalificación y no la verificación.

La credibilidad como activo político

El problema de fondo es de confianza. La salud es quizá el terreno donde la distancia entre el discurso y la experiencia personal resulta más costosa, porque el ciudadano no necesita estadísticas para saber si encontró o no su medicamento. Cada receta sin surtir contradice el parte oficial con mayor eficacia que cualquier campaña opositora.

Reconocer la magnitud del problema sería un acto de fortaleza política, no de debilidad. Persistir en minimizarlo, en cambio, convierte una crisis administrativa en una crisis de credibilidad, con consecuencias que trascienden el sector salud y alcanzan la relación entre gobierno y ciudadanía.

La pregunta de fondo no es si hay desabasto, sino cuánto tiempo más puede sostenerse que no lo hay.