Hay por lo menos dos hechos recientes que reflejan la menudencia de eso que la Cancillería llama la política exterior de México.

El primero tiene qué ver con el voto de abstención en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), a propósito de la resolución que considera al gobierno de Nicaragua como un transgresor contra la seguridad regional. El representante mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, justificó su postura aduciendo que el enfoque securitista “no necesariamente contribuye a resolver la situación” del país centroamericano.

Este saltimbanqui de la función pública que hoy se ostenta como diplomático, se zafó así de otorgar un voto de condena a la dictadura que encabezan Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Sólo que la actitud mexicana no puede interpretarse como reflejo de una posición neutral o de cautela frente a probables represalias, sino de franco encubrimiento a un régimen que ha cancelado prácticamente todos los derechos civiles de sus opositores.

El pasado 19 de julio, durante un acto conmemorativo de la revolución sandinista, Ortega declaró sin pundonor que en definitiva se cancelarían las elecciones en su país. Advirtió: “No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”; se refería, desde luego, a quienes los Ortega les han quitado propiedades, libertades, empleos y hasta el derecho a la nacionalidad. Para que quede claro, en Nicaragua ya nadie podrá recuperar nada por la vía democrática.

Los saldos que arroja la dictadura orteguista van desde el encarcelamiento a disidentes con acusaciones falsas, hasta la expulsión de quienes otrora fueran camaradas de lucha en el Frente Sandinista. No menos de 600 mil nicaragüenses han tenido que emigrar. En el ejército campea la corrupción. A los medios se les censura y a quienes se atreven a reclamar se les persigue sin miramientos. Más de tres mil ONGs han sido clausuradas por órdenes directas de Daniel Ortega y cientos de casas fueron confiscadas para solaz de la señora Murillo.

Recuerdo haber conversado en privado con la recién desaparecida Carmen Moreno Toscano, después de que sirviera como embajadora en Nicaragua en 2019. No se me borra su expresión cuando le pregunté acerca de lo que vio en ese país de Centroamérica: “Horroroso”, me dijo. Ese horror es, en efecto, el que están solapando la presidente Claudia Sheinbaum y la Cancillería mexicana, cubiertos bajo el manto de la no intervención.

El gobierno de Sheinbaum se hace de la vista gorda frente a las flagrantes violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos en Nicaragua, como también se hace de la vista gorda frente a los crímenes de Rusia en Ucrania, otro caso que igualmente expone el deshonor en el que ha caído la política internacional de México.

En el marco de la Asamblea General de la ONU más de 50 países le exigieron a Rusia un cese al fuego inmediato e incondicional en Ucrania, pero México se rehusó a firmarlo, aduciendo un apego ladino a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación. La delegación mexicana no sólo no se adhirió al exhorto de frenar la guerra de intervención que emprendió Rusia hace cuatro años, sino que en el colmo de la procacidad nuestro Canciller acudió a reunirse por cuenta propia con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, en aprovechamiento de su presencia en Nueva York.

Con carita sonriente, detrás de unas gafas que lo hacen ver como ilustrado, Roberto Velasco le extendió la mano al ruso y en el colmo de los insólitos le dijo que ambos gobiernos, el de Putin y Sheinbaum, eran muy afines puesto que ambos se hallaban “comprometidos con los principios y las normas del Derecho Internacional”.

Habrase visto. ¿De verdad se puede creer que un sujeto agresor, despiadado y cruel como Vladimir Putin respeta el Derecho Internacional? ¿Es decoroso extenderle la mano al representante de un mandatario acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra?

Los países signatarios del exhorto en la ONU manifestaron que debía respetarse la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, condiciones que, por cierto, la presidente Sheinbaum le exige de manera reiterada al gobierno de Washington. La población ucraniana, sin embargo, sigue siendo bombardeada por el ejército ruso en su pretensión de arrebatarle más territorio.

Sorprende que la oposición en México no se pronuncie en contra de esa masacre, a excepción del partido SOMOS, que sí ha condenado la guerra artera de Rusia y el desatino de Velasco al acudir a saludar al ministro del Exterior ruso; de hecho, SOMOS es el único partido que ahora mismo cuenta con un informante en Kyiv, la capital de Ucrania.

En resumen, el gobierno de Claudia Sheinbaum encubre a las dictaduras represoras de América Latina (Nicaragua es una, Cuba es la otra) blandiendo mañosamente la bandera de la no intervención. Su secretario de Relaciones Exteriores, entre tanto, acude a extenderle la mano a los rusos que transgredieron la soberanía de Ucrania y sustrajeron a 20 mil niños ucranianos para llevárselos a territorio ruso, sin apego al Derecho Internacional.

Se puede entender ahora el precepto del Nerón macuspano de que la mejor política exterior es la política interior; efectivamente, si el interior es un pandemonio, la cara externa de México, también.

Igual que Daniel Ortega y su revolución, la 4T no se cansa de estrangular a la democracia mexicana con leyes que buscan perpetrar al partido Morena. Así también, como hacen los rusos, la soberanía mexicana está siendo invadida por grupos criminales a los que se les permite controlar estados enteros, casualmente gobernados por el propio partido Morena.

Vamos a las cifras. Mientras en Ucrania se reportaron 13 mil 900 muertos en guerra hasta el cierre de julio de 2025, en México hubo casi 28 mil homicidios en el mismo lapso. En otras palabras, hubo dos veces más muertos por homicidios en nuestro país que en la guerra de Ucrania.

Horroroso, diría la memorable Carmen Moreno Toscano.