Una de las características de los gobiernos de Morena, particularmente durante las presidencias de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha sido la disputa por controlar la narrativa pública. Ante los errores, las deficiencias o los señalamientos de presunta corrupción, la respuesta suele incluir una estrategia para imponer una interpretación de los hechos que reduzca el costo político y desplace la atención hacia los adversarios. Sin embargo, una explicación oficial no sustituye las pruebas ni elimina las preguntas incómodas.

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y las declaraciones posteriores de Sheinbaum ofrecen un ejemplo de esa disputa. El 28 de octubre, la presidenta rechazó que Taddei fuera una figura impulsada por Morena y recordó que, en 2014, el Consejo General del INE aprobó su nombramiento como presidenta del organismo electoral de Sonora, cuando Lorenzo Córdova encabezaba el instituto. También mencionó a Ciro Murayama y a los demás consejeros de aquella etapa. La intención argumentativa era clara: subrayar que la trayectoria electoral de Taddei comenzó antes de que Morena llegara al poder.

Hay, sin embargo, una precisión factual importante. Córdova presidía el Consejo General del INE cuando se aprobó aquel nombramiento, pero eso no significa que él designara personalmente a Taddei. Fue una decisión colegiada. Además, Sheinbaum afirmó que Morena todavía no existía como partido político. El dato requiere matices: el INE otorgó a Morena el registro como partido político nacional en julio de 2014, con efectos a partir del 1 de agosto de ese año, antes de que se aprobara en septiembre el nombramiento de Taddei en Sonora. La cronología, por tanto, no respalda literalmente esa parte de la declaración presidencial.

La discusión no termina ahí. Las acusaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE deben investigarse con independencia de quién haya encabezado el organismo en cada periodo. Recordar que Taddei ocupó cargos antes de la llegada de Morena al Gobierno federal no demuestra su inocencia, del mismo modo que los señalamientos públicos tampoco acreditan por sí solos una responsabilidad penal o administrativa. Lo que corresponde es esclarecer los hechos, identificar posibles conflictos de interés y determinar responsabilidades con evidencia.

El problema para Morena es que la disputa por el relato no siempre consigue cerrar la conversación. Cuando las explicaciones oficiales contienen imprecisiones o parecen orientadas a repartir responsabilidades políticas, pueden generar más dudas en lugar de disiparlas. La credibilidad no se recupera únicamente señalando los antecedentes de otros funcionarios; exige transparencia y disposición a rendir cuentas.

Un estudio de LaEncuesta.mx publicada el 27 de octubre ofrece otro dato relevante: 42.8 por ciento de los participantes afirmó que nunca votaría por Morena en una hipotética elección presidencial. La medición se realizó por teléfono entre 5,000 adultos con celular, del 23 al 25 de octubre, con un margen de error teórico de ±3.5 puntos porcentuales. El resultado mide rechazo, no intención de voto ni un pronóstico electoral. Aun así, muestra que existe un segmento considerable de ciudadanos que descarta esa opción.

Ese desgaste potencial no se traduce automáticamente en una ventaja para la oposición. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mantienen diferencias estratégicas y compiten por espacios que podrían fragmentar el voto contrario al oficialismo. Mientras las fuerzas opositoras no articulen propuestas creíbles y una alternativa reconocible, Morena puede conservar margen político pese a sus controversias.

Controlar la narrativa puede ganar tiempo; no reemplaza la rendición de cuentas. Y la oposición, por su parte, necesita algo más que esperar los errores del partido gobernante: debe ofrecer razones concretas para que los ciudadanos confíen en ella.