Desde 1901, el Premio Nobel de la Paz se ha discernido en 107 ocasiones a 141 laureados: 92 hombres, 21 mujeres y a 28 organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Internacional que lo ha recibido en dos ocasiones. Infortunadamente, no todos los galardonados con tan preciada distinción lo merecían, pero fueron elegidos por infinidad de razones. Lo cierto es que la herencia que dejó a la humanidad Alfredo Nobel dignifica, para siempre, a los que tienen la gran fortuna de ser sus recipiendarios. La lista de mujeres Nobel, tanto en la rama de la Paz como en sus otros campos, casi no tiene mácula, excepto por un nombre que no quiero recordar, mucho menos en esta ocasión que el Comité Nobel Noruego, en boca de su presidente, Jorgen Watne Frydnes, elogió la “brújula moral” de la abogada sudafricana seleccionada: Navanethem (Navi) Pillay, de 85 años de edad, ex jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo trabajo “ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, así como los de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos”. Nadie como ella, la antigua defensora de Nelson Mandela el líder sudafricano por excelencia, para recibir el Nobel de la Paz de este año.
Pillay ya es un personaje histórico no solo por haber defendido a Mandela y a otros activistas contra el apartheid (el sistema de absoluta segregación racial oficial en Sudáfrica y Namibia —entonces conocida como África del Sudoeste—, vigente desde 1948 hasta 1991 (o 1994, según las reformas constitucionales y el fin definitivo del régimen), toda la población era catalogada “por ley” en “categorías”: blanca, negra, mestiza e india, lo que determinaba sus “derechos y movilidad”, un auténtico infierno. En los tribunales Navi consiguió que se respetaran los derechos fundamentales a los presos políticos en la década de 1960 y 1970.
Nombrada por la ONU, Pillay presidió el Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigó el genocidio en Ruanda (1999-2003). Fue jueza de la CPI (2003-2008) y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2008-2014). Actualmente se desempeña como magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso de presunto genocidio de Myanmar. También conocido como el genocidio Rohinyá: la persecución sistemática, limpieza étnica y violencia masiva llevada a cabo por las fuerzas armadas de Myanmar (el Tatmadaw) en contra de la minoría musulmana rohinyá.
Cómo miembro de la CPI, supervisó el informe de la ONU en el que se concluye que el gobierno de Israel cometió genocidio en la franja de Gaza en los últimos tres años. Al ser del dominio público que Navi Pillay recibía el Nobel de la Paz, la administración de Donald Trump por medio del secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje en video publicado en redes sociales, afirmó: “Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde (la CPI), cortándole los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros”, y agregó: “Estados Unidos de América (EUA) y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI”. El Departamento de Estado anunció acciones adicionales para “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”.

El jefe de la diplomacia de la Unión Americana, advirtió: “la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a ese tribunal”, y expresó su esperanza de que sus aliados “muchos de ellos forman parte de la citada corte y dependen de nuestros militares para su defensa, frenen al tribunal”.
Como punto final a esta escalada del gobierno de Trump contra el tribunal internacional, el magnate aseguró: “EUA, representado por mí como su presidente, debió recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no lo hicieron. Esto será una mancha indeleble para Noruega como país, una decisión desagradable y embarazosa”.
Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condenó la decisión de Washington y se declaró “profundamente alarmado por el impacto previsto” de las medidas. Y Stephane Dujarric de la Riviere, periodista francés, vocero del secretario general y de anteriores dirigentes de la organización internacional, declaró: “La decisión de hoy asesta un grave golpe a nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional de la cual la CPI es un pilar clave. La rendición de cuentas por los crímenes internacionales y la impartición de justicia para las víctimas son elementos centrales para nuestro compromiso global con la Paz, la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Las anteriores no son las únicas respuestas a la decisión de la Casa Blanca. Los gobiernos de Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido de la Gran Bretaña, hicieron lo propio y reafirmaron en un comunicado conjunto “nuestro apoyo constante e inquebrantable a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”.
Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que tiene orden de aprehensión de la CPI desde el mes de noviembre de 2024, por presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, criticó a la jueza Navanethem Pillay, a quien acusó de ser una persona “sectaria” que “diaboliza (sic) a los judíos”, tras afirmar que “el Comité Nobel ha perdido su brújula moral”.
Otros personajes internacionales, como la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, la jurista italiana experta en derechos humanos, Francesca Albanese, felicitó a Pilar por el famoso galardón e indicó que “un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y a las víctimas se les imparta justicia es un requisito previo para un mundo pacífico” y pidió “que se comience en Palestina”. Albanese es autora del libro Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y herida de Palestina, publicado por la editorial española Galaxia Gutenberg. Asimismo, Ursula von der Leyen, la abogada alemana presidenta de la Comisión Europea, y el abogado portugués e indio, Antonio Luis Santo da Costa, presidente del Consejo Europeo, se sumaron a las felicitaciones a Pillay.
Sin duda, el Premio Nobel de la Paz llega a manos de Navi Pillay en los momentos en que el derecho internacional cruza por una de sus pruebas más difíciles. Las guerras del momento, y las violaciones a los derechos humanos y la incesante tendencia —interna y externa— a imponer la fuerza por encima de las normas que el concierto mundial erigió para convivir pacíficamente, pone en entredicho muchas décadas de negociaciones multilaterales. En un mundo “dirigido” y “gobernado” por varones, a muchos todavía se les hace cuesta arriba reconocer los esfuerzos de una mujer que ha dedicado su existencia a combatir la discriminación, defender la dignidad de los seres humanos y exigir justicia. La vida de la abogada sudafricana, descendiente de una familia de origen tamil, ya es ejemplar, el destino la llevó a crecer en un barrio humilde de Durban, en la costa este de Sudáfrica, bajo el régimen de segregación racial del apartheid. Por lo mismo, declara: “siempre supe quién soy y cómo enfrentar cualquier forma de discriminación. Hay que atreverse a alzar la voz y condenarla”.
Estudió derecho en la Universidad de Natal y después obtuvo la maestría y el doctorado en Harvard. Al retornar a su país, fue la prima mujer no blanca en montar un bufete de abogados en Durban, en el cual defendió a muchos opositores al régimen segregacionista. Quizás uno de sus triunfos profesionales lo logró en 1973, a los 32 años de edad, cuando hizo posible que los presos políticos de la prisión de Robben Island —donde purgaba sentencia Nelson Mandela—, pudieran contar con el auxilio de abogados. Al paso de los años, su incesante trabajo legal en contra del apartheid le abrió las puertas de la justicia internacional. A mediados de la década del 90 del siglo pasado, exactamente en 1995, un año después de que el gran líder Mandela ascendiera al poder (la presidencia de Sudáfrica tras las primeras elecciones democráticas del país), Pillay fue la primera mujer perteneciente a una minoría en conseguir el puesto de jueza de un Tribunal Superior sudafricano.
En su calidad de presidente de Sudáfrica, Mandela la propuso para integrar el tribunal de la ONU encargado de juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda. En este encargo, Pillay protagonizó otro hito judicial en l998 al formar parte del grupo de jueces que estableció por primera vez en la jurisprudencia penal internacional que la violación constituía un acto de genocidio.
En los tiempos que corren, ya nadie recuerda lo sucedido en Ruanda en 1994, cuando el país apenas contaba con 33 años de haberse convertido en República independiente después haber formado parte de Ruanda-Burundi bajo mandato belga. Después de un golpe de estado, en enero de 1961, al mismo tiempo que Burundi, adquirió el formato de república. Aunque los hutus eran claramente mayoritarios en Ruanda (más del 90% de la población), durante siglos fueron dominados por los Tutsis a quienes buscaban exterminar y que buscaron refugio en los países vecinos: Congo- Kinshasa (antigua Zaire), en Burundi y en Uganda, y en varias ocasiones intentaron invadir Ruanda. El país, dirigido por Georges Kayibanda, opta por una estrecha cooperación con Bélgica, la antigua metrópoli, y los países occidentales. Otro golpe de Estado pudo llevar al poder al ejército el 5 de julio de l973, bajo la presidencia del general Emmanuel Habyarimana, reelegido en diciembre de l983 por cinco años más con el 99% de los votos. El nuevo régimen se esfuerza por integrar políticamente a los Tutsis y procede a una movilización general de energías al servicio del desarrollo agrícola.
Como país pobre y superpoblado, Ruanda sufre por su enclave y por falta de medios de comunicación (hasta la fecha no tiene un sistema ferroviario, aunque hay proyectos a futuro). El régimen de Emmanuel Habyarimana (nacido en la meseta de Katanga) fue obligado a aceptar, en 1992, la participación de los Tutsis en el comercio, así como el retorno de 250,000 refugiados. La voluntad de poner fin a la guerra civil se concretó con la firma de un acuerdo de paz el 4 de agosto de l993. Pero el asesinato, el 6 de abril de l994, del presidente Habyarimana, cuyo avión fue abatido en pleno vuelo, sin duda por los extremistas Hutus contrarios al proceso de paz, desencadenó la matanza de un millón de personas. Hutus moderados y sobre todo Tutsis.

Al mismo tiempo, dos millones de refugiados Hutus, temiendo las represalias de los Tutsis escaparon hacia el sudoeste del país, frente a la avanzada de las tropas del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Al tiempo que estas se apoderaban de la capital, Kigali, el 4 de julio de l994, Francia y EUA enviaban las misiones “humanitarias” Turquoise y Restore Hope para proteger a los refugiados Hutus. Diezmados por el cólera en la frontera de la antigua Zaire, sin embargo los hutus se negaron al retorno, propuesto por el FPR en el otoño de l994. Siguió una larga época de divisionismo en el país y todavía para l997 la situación era confusa, marcada por el retorno de los refugiados hutus exiliados en el antiguo Zaire y en Tanzania y por los primeros juicios de los responsables del genocidio a cargo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que terminó oficialmente sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2015. Sus labores pendientes, como la búsqueda de prófugos y la gestión de archivos pasaron al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. Para entonces, Navanethem Pillay ya había hecho su histórica labor: que la violencia sexual y la violación sistemática podían constituir actos de genocidio. Logros, entre otros, que le han merecido el Nobel de la Paz 2026.
En el 125 aniversario de la instauración de los premios Nobel, el Comité Noruego buscó “recordar al mundo que el imperio de la ley, nacional e internacional, sostiene el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver conflictos de forma no violenta. La paz requiere justicia”, dijo Frydnes.
Los jueces “guardan la delgada línea roja entre el orden y el caos”, y el mundo necesita juristas “de valor, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el estrado”, dijo el presidente del comité. En países como Israel y en la Sudáfrica de la era del apartheid, ella y sus colegas abordaron algunos de los asuntos jurídicos más dolorosos y sensibles del mundo y a las poblaciones más vulnerables.
A veces, el propio devenir de los hechos parece alinearse con la justicia. La nueva Premio Nobel de la Paz, de 85 años de edad, recibió la noticia de su galardón cuando asistía a un foro en Nuremberg, Alemania, donde los juicios a los criminales de guerra nazis propiciaron las bases del moderno derecho internacional. Estaba en la misma sala donde se celebraron los juicios contra los criminales nazis. ¿Mera casualidad?
Su primera reacción cuando le anunciaron el premio fue simplemente: “¿Es verdad? Pensé que era una broma”. Sus colegas aplaudían y la felicitaban. Entonces demostró otra cualidad: posee buen sentido del humor, lo que la diferencia de algunos mandatarios miserables, de cuyo nombre más vale no recordar, pero que todo mundo lo sabe. Navi Pillay bromeó y dijo: “Si aplauden un poco más, tal vez comparta este premio con Trump”, refiriéndose claramente a la ganadora de un año antes que, motu proprio, entregó su medalla de Alfred Nobel al magnate.
Entonces agregó que los esfuerzos por debilitar la justicia penal internacional “ponen en peligro el progreso logrado con tanto esfuerzo desde Nuremberg y corren el riesgo de devolvernos a un mundo en el que el poder, y no la ley, determina a quien importa el sufrimiento”. Pillay dedicó su premio a “todos los sobrevivientes de crímenes internacionales” y a quienes defienden la justicia. VALE.
