Está en curso la discusión y segura aprobación del Paquete Económico 2027 por parte de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Todo es inercial, incluidas, desde luego, las determinaciones de sangrar más a los contribuyentes cautivos, así como la contratación de nueva deuda pública por un billón 700 mil millones de pesos, con lo que llegaremos a 21.6 billones, más del doble de lo que teníamos en 2018, antes del obradorato, cuando el propio López Obrador dijo que ya no se contrataría más deuda pública.

Esto nos coloca como país en una situación delicada porque —según lo han expresado la generalidad de los analistas económicos nacionales y extranjeros— corremos el inminente riesgo de una degradación en la calificación internacional por lo cual el gobierno mexicano tendrá que pagar mayores intereses por cada peso que le presten para enfrentar el déficit: se gasta más de lo que se ingresa. Al final el costo será para toda la población mexicana.

Esa nueva deuda no servirá para ayudar al campo mexicano, ni para mejorar la red carretera o construir infraestructura hidráulica, mucho menos para apoyar a estados y municipios o mejorar la educación y el sistema de salud, sino para financiar las pérdidas cotidianas de la operación del Tren Maya y el Tren Interoceánico, del AIFA y de Mexicana de Aviación, así como de los cada vez más costosos programas sociales que, salvo el apoyo a adultos mayores y a madres solteras, son meros instrumentos de compra de votos, absolutamente improductivos, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”, así como las becas para sus universidades, donde cobran miles de personas inexistentes.

Dicho de otra manera, se contratará más deuda pública para que Morena siga comprando votos, mantenga estancada la economía y continúe reforzando su proyecto de control político autoritario, de corte dictatorial.

A ellos no les importan los escándalos de corrupción ni las denuncias del Departamento de Justicia norteamericano contra políticos y gobernantes de su partido. Como dueños del país siguen saqueando las arcas nacionales en beneficio la familia real y sus amigos, la verdadera mafia del poder, dizque “de izquierda”.

Han llegado al descaro de que hasta en el INE se manifiesta el robo a la nación. El órgano electoral, controlado totalmente por Morena y que abandonó la neutralidad e imparcialidad, dispuesto a hacer el fraude en el 2027, ahora está envuelto en escándalos de corrupción.

Como lo han señalado Macario Schettino y otros reconocidos analistas, estas decisiones nos enfilan rumbo al abismo y nos colocan en la ruta del colapso económico.

Por eso las crecientes protestas sociales tienen razón de ser. Es la respuesta de una sociedad que ya se hartó de las mentiras mañaneras presidenciales y ha decidido dar la cara en las calles.

Más allá de qué podrían significar nuevas acciones de los Estados Unidos contra el narcoterrorismo en México, lo que debe quedarnos claro es que van madurando las condiciones para que se construya un amplio frente social y político que promueva la participación de la ciudadanía en las urnas, votando en favor de México, en favor de la salud, a favor de la seguridad, a favor de las demandas de cada sector de nuestra agraviada sociedad para,  así, salvar la república democrática y nuestras libertades.

La salvación de México está en manos de la gente. Los partidos políticos deben despojarse de mezquindades y abrazar las banderas, las exigencias de la sociedad. Juntos, sociedad y partidos, deberían postular las mejores candidaturas comprometidas con esos reclamos ciudadanos. Y juntos, cuidar la elección en todas las casillas para derrotar al obradorismo y rescatar a México.