México atraviesa por la mayor crisis de integridad y seguridad en su historia. Existe un innegable problema de Seguridad Humana, Interior, Pública y Nacional sin precedentes; y aunque las autoridades federales, estatales y municipales en casi todo el país pregonan a diario cual mantra meditativo que la situación nacional es estable y está en constante proceso de mejora en relación al pasado —inmediato, distante, imaginado, real, percibido; no existe diferencia definitoria— la realidad golpea constante y visiblemente a la ciudadanía con su infranqueable claridad. La delincuencia en todas sus manifestaciones es parte de la vida cotidiana del país, a tal punto donde buena parte de la población la ha normalizado. Eso es grave, pero peor aún es que las autoridades y servidores públicos que (supuestamente) trabajan en beneficio y representación de la ciudadanía y la sociedad promuevan esta normalización, tal vez esperando deje de ser un tema público.
Esta contradicción operativa de la vida nacional —en donde la realidad es innegable pero las autoridades y funcionarios buscan evitar su responsabilidad minimizando, negando o normalizado la crisis y las dificultades públicas— genera un problema de coherencia de la vida social nacional, y por lo tanto de la Integridad Nacional: la cohesión que debe existir para generar un campo y tejido social conducente a la vida pública, presente y prospectiva, al desarrollo y la proyección al porvenir de manera integral, transversal y congruente con las expectativas y tendencias nacionales y globales. Y es justo en este contexto y coyuntura donde interactúan una gran cantidad de variables dependientes, independientes e intervinientes; todas contribuyentes al caos que vivimos como nación en los ámbitos económicos, políticos y sociales.
Lo anterior explica por qué algunos fenómenos o procesos pueden confundirse, descontextualizarse, o simplemente pasar desapercibidos. Sin embargo, su existencia y su clara identificación nos permite comprender en claro relieve las aristas que en otros momentos podrían ser ignoradas, pero que son efectos y síntomas que deben ser atendidos de manera inminente y urgente. Tal es caso del terrorismo como fenómeno, instrumento y proceso.
El terrorismo puede definirse como la acción o conjunto de actividades que un individuo o grupo emplean para presionar a un actor, una comunidad, un gobierno, una sociedad o a una nación específica para obtener sus intereses; recurriendo a actos orientados a crear catarsis, temor, terror, pánico, o la amenaza de ellos como instrumento de influencia directa o indirecta. El terrorismo es un instrumento, un medio para obtener beneficios potenciales, no un fin en si mismo. El terrorismo es un calificativo que describe el comportamiento de un actor a través de sus acciones y sus fines, y nos permite profundizar y adentrarnos más en quienes lo ejercen que sobre los que lo resienten.
Podemos hablar de dos tipos de terrorismo en la generalidad: el doméstico, empleado por actores nacionales para presionar a un gobierno o la sociedad; y el foráneo, donde actores extranjeros emplean dichos instrumentos para obtener sus beneficios de carácter transnacional. En México hemos relegado al terrorismo como un fenómeno transnacional, siguiendo con la tendencia global del siglo XXI de remitirlo a organizaciones del Medio Oriente. Casi por doctrina nacional, el Estado mexicano ha negado que existe terrorismo en nuestro país, buscando activamente casi cualquier excusa o justificación conceptual, discursiva o legal disponible para evitar señalar que existe este fenómeno en nuestro país. La explicación de ello siempre ha sido la misma al interior de los pasillos institucionales: en el momento que declaremos terrorismo en México, seremos víctimas de la acción de Estados Unidos.
Este temor mal orientado —tenerle más temor a Estados Unidos y su agenda política global, real o percibida, que a actores malignos que potencialmente pueden atentar contra la integridad de nuestro Estado— nos ha cerrado la puerta a la cooperación internacional y ha impedido un proceso de madurez nacional frente a este tema. Muchos otros Estados latinoamericanos y en el mundo han hecho frente a terrorismo de manera madura, responsable, sensible y trascendente; generando condiciones de mayor seguridad y estabilidad para sus sociedades. México no. Aquí preferimos aferrarnos a una doctrina nacional anquilosada antes de reconocer que tenemos un problema. Y ahora, reconocer también que muchas autoridades y funcionarios han sido partícipes del proceso de incentivar estas acciones dañinas para la sociedad mexicana.
En este rubro México tiene tres problemas fundamentales, pero claramente distintivos. El primero es el uso y recurso de la violencia como instrumento de comunicación, influencia y presión por parte de la Delincuencia Organizada. Diversas entidades delincuenciales recurren a la violencia para generar temor y terror en las autoridades y la población. Esto genera un efecto de presión, orientada a someter y forzar la “cooperación” a favor de sus intereses. La violencia y el terror que inspira genera el instrumento de comunicación y mediación entre facciones delincuenciales, frente a funcionarios y frente a poblaciones completas. Desde “coches bomba” (o “bombas que se encuentran en coches”, como gustan referenciarlas algunas autoridades), homicidios públicos, utilización de dispositivos explosivos para dañar inmuebles, incendios a propiedad pública o privada, secuestros, entre tantos otros actos en contra de actores individuales o conjuntos sociales, son instrumentos empleados para generar presión.
Es un lenguaje basado en terror, en la amenaza de ella, y en la cooperación forzada. Es por ello que el terrorismo es un instrumento de comunicación y presión, no un fin en si mismo (en la mayoría de las ocasiones). Debe ser entendido en el contexto de los actores, entidades u organizaciones que lo emplean, no de manera aislada. Nos habla de que para ellos no hay límites en lo que pueden hacer para obtener sus intereses, no hay restricciones ni moralidad válida. Nos dice que aquellos quienes recurren a estos instrumentos para obtener sus intereses no reconocen ninguna restricción, y por lo tanto no pueden ser convencidos, mediados o llevados a un proceso de negociación.
Es importante reiterarlo: frente al terrorismo y los actos que lo caracterizan no hay negociación que sea válida, ni recurso de mediación que sea respetable. Aquellos que inciden en estas acciones como instrumentos de comunicación y/o presión no pueden ser confiados ni confiables, ya que sus acciones no respetan los límites de la moralidad. Imposible hablar de un respeto a la autoridad, la ley o la sociedad. Es por ello que el único lenguaje valido es el de la fuerza, más no el de la violencia. Esto requiere autoridades fuertes, apegadas a la ley, la observancia de un Estado de Derecho y la cero tolerancia frente a cualquier acto de intimidación pública o social, de presión por la violencia o de influencia por el terror. Requiere una estrategia clara y contundente, no excusas y evasiones de la realidad y la responsabilidad.
El terrorismo no es un fenómeno nuevo, y ha sido abordado por incontables actores globales a lo largo de la historia. Es por ello que existe un cuerpo de conocimientos del cual podemos aprovecharnos para atender nuestro problema interior. El no hacerlo genera un entorno nacional complejo, donde se afecta la integridad nacional y genera un entorno de vulnerabilidad nacional. Esto puede crear condiciones permisivas para que entidades transnacionales empleen nuestro país como plataforma para proyectar sus acciones a nivel internacional, generando el segundo gran reto en la materia: que México pueda ser empleado por entidades transnacionales como plataforma para lanzar actos de terror.
Parecería una declaración alarmista, y fácilmente desechable. Pero tenemos antecedentes de que esto ha ocurrido, tanto de carácter físico como virtual. Los actos terroristas no sólo son violencia física, sino también pueden manifestarse en el ámbito digital. Sobre ello hablaremos a detalle en futuras colaboraciones, pero existen antecedentes de que es una posibilidad en nuestro país. Y si existe la posibilidad debe ser atendida de manera inmediata por el Estado y sus instituciones, no descartada y minimizada. México tiene antecedentes históricos verificables de presencia y operación de entidades, organizaciones y personajes que han recurrido al terrorismo internacional para la obtención de sus intereses, por lo que es un tema de atención que no debe ser descartado.
Estos dos problemas son significativos y en futuras colaboraciones profundizaremos en ellos. Pero antes de concluir esta colaboración, a manera de preludio de una reflexión mucho más inmersiva en la materia, quisiera dejar de relieve el tercer problema y el que yo considero más delicado: la ignorancia voluntaria de las autoridades y funcionarios sobre el tema. En buena parte de las instituciones de Defensa y Seguridad Nacional de nuestro país tenemos a personal capacitado, competente y formado para la atención y respuesta el terrorismo. Sin embargo, mientras como Estado sigamos negando que existe el fenómeno en nuestro país, y mientras los altos funcionarios continúen evitando enfrentar responsablemente el tema, imposible será tener una conversación seria frente al mismo.
El terrorismo es una afrenta directa a la Seguridad Nacional. No es suficiente solo mencionarla en una ley. Es indispensable llamar las cosas por su nombre, analizarlas y enfrentarlas. Hay muchas aproximaciones al tema, no necesariamente recurrentes a la violencia. Pero es necesario abordar el tema, otorgarle seriedad y responsabilidad. Necesitamos reconocer que estas acciones afectan a nuestro país y nuestra sociedad, y que mientras más las ignoremos más vulnerables seremos. Invito al lector a una reflexión profunda, seria y responsable frente a este tema, y a cómo como sociedad podemos hacer algo para el fortalecimiento de nuestra nación. El primer paso es no negar la realidad.
El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.