Es la postura del que suscribe que México no es un país exento del terrorismo. El gobierno federal -en anteriores administraciones y en la presente- ha negado categóricamente que este fenómeno exista en nuestro país. Por razones políticas más que pragmáticas, por motivaciones ideológicas más que razonadas, y por inclinaciones auto laudatorias e ilusorias más que realistas, la actual y anterior administración federal han hecho hasta lo imposible por tratar de ocultar la realidad, la cual azota sin detenimientos a millones de mexicanos en prácticamente todo el territorio nacional.

El terrorismo no es una actividad exclusiva, es un instrumento que emplean individuos y organizaciones para presionar a las autoridades, a individuos y/o a la sociedad para someterla a su voluntad y obtener sus intereses por medio de infundir miedo, pánico o la amenaza física y psicológica de daños a su vida, su salud, sus familias y su patrimonio. Este es el instrumento que utiliza la Delincuencia Organizada en México a diario en prácticamente todo el país, así como algunos otros actores que ven la coerción un instrumento eficiente y viable para obtener sus cometidos. Esta realidad es innegable. Pero tratar de negarlo para justificar un discurso ideológico o político auto laudatorio y triunfalista no sólo es deplorable, sino también conducente y permisivo a este tipo de conductas antisociales. Justificar estas acciones es fomentarlas, y minimizarlas es tratar de normalizarlas.

Ninguna sociedad razonable debe ni puede permitir el terrorismo. En la colaboración anterior concluimos con algunos pasos a seguir para neutralizar y prevenir este fenómeno antisocial, los cuales son directos, lógicos y pertinentes. El primer paso, señalamos, es no negar la realidad. Invito al lector a reflexionar sobre la cantidad de horripilantes e insensibles actos de violencia hemos presenciado en prácticamente todo el país a manos de criminales que buscan a través de ellos intimidar y someter a la sociedad. Perderíamos la cuenta.

El segundo paso es tomar madurez y responsabilidad. La sociedad, enfrentada a estos atentados contra la vida pública y privada, deben exigir a las autoridades tomen contundentes acciones para neutralizar e impedir estos actos de violencia. Estas deben actuar con pleno apego a la ley, ejerciendo las funciones que les han sido conferidas por mandato democrático. Si los primeros no exigen acciones de aquellos que ostentan el monopolio legal y legítimo de la fuerza pública implica que ha normalizado la violencia; y esto nos habla de un deterioro social de proporciones significativas. Si las autoridades no repelen, neutralizan y previenen estos actos de terror con apego a la ley, pero con pleno uso de sus capacidades y facultades, estamos ante una complicidad y permisividad tácita. Esto nos habla de un problema grave en el gobierno y sus instituciones, y nos deja ver agendas detrás de las agendas.

La reacción legal y legítima del gobierno y la sociedad ante el terrorismo a manos de cualquier causa u origen es muestra de madurez. El buscar “transferir la culpa”, señalar a otros, o encontrar excusas discursivo-reflexivas sin sentido para evitar tomar contundentes acciones es una muestra de irresponsabilidad injustificable. Es por ello que tomar madurez, responsabilidad y en función a ello tomar acciones preventivas y reactivas es prioritario como camino de solución. El tercer paso, señalamos en su momento, es tener claridad situacional. Debemos analizar los fenómenos por lo que son y no tratar de dimensionarlos por lo que no son. Este recurso es común de “servidores públicos” que buscan evadir su responsabilidad, cuando la respuesta esperada debería ser enfrentar el problema de manera conjunta y directa.

La consciencia situacional nos debe ayudar a adquirir y analizar objetivamente información relevante, desechar el ruido y la contaminación del ambiente social, y obtener productos descriptivos-prospectivos que coadyuven a la toma de decisiones. En otras palabras: necesitamos Inteligencia Accionable para prevenir y reaccionar como Estado frente al terrorismo. Y esto es una lección que debemos aprender de otros países que han padecido este abominable fenómeno antisocial. La atención al terrorismo de manera preventiva y reactiva debe ser un esfuerzo de Estado, donde deben cooperar de manera conjunta y coordinada el gobierno y sus instituciones y la sociedad. Solo así pueden tomarse las acciones de Política Pública y Social que disuadan, neutralicen y prevengan actos terroristas. Ese será tema de una colaboración subsecuente, por lo que pido al lector tenga en mente esta aproximación para futuras reflexiones.

El cuarto paso es tomar decisiones. El Estado, sus instituciones, sus funcionarios y su liderazgo solo tienen un camino posible: ejercer la ley. No estamos sugiriendo tomar acciones o medidas extrajudiciales, sino todo lo contrario. No hay acción que justifique violentar la norma nacional vigente, que -teóricamente- se ha fundamentado en un mandato popular a través de sus representantes legislativos. Y si no existe el marco normativo apropiado para enfrentar este fenómeno debería ser una prioridad legislativa generar el entorno apropiado para tales fines, con el sustento y el respaldo especializado que amerita.

Pero en cualquier caso, con la claridad y la objetividad resultante de una aceptación objetiva del fenómeno, con plena madurez y responsabilidad, y con información diagnóstica y prospectiva adecuadamente generada y procesada del contexto y coyuntura, el liderazgo nacional debe tomar decisiones contundentes para neutralizar y prevenir actos de terror como instrumento de intereses y agendas organizacionales o particulares. No puede haber justificación, negociación o tolerancia que valga. Debe ser directa, eficiente y trascendente. El no hacerlo es evadir la responsabilidad legal y legítima que poseen, y ser cómplices y copartícipes por omisión de este agravio social. Y eso, en una democracia es un yerro imperdonable.

Hay diferentes formas de reaccionar ante el terrorismo. Hemos señalado que existen dos aproximaciones fundamentales: el Antiterrorismo y el Contraterrorismo. Ambas tienen sus aplicaciones y ventajas particulares, y lo ideal es ejercerlas de manera simultánea. El ensamblaje de cómo hacerlo será el objeto de la próxima colaboración, pero reitero al lector que deben ser acciones de Estado, donde gobierno y sociedad sean corresponsables y partícipes de una misma estrategia nacional. Esta no puede ser “secreta” o “reservada”. Debe ser una aproximación pública, abierta a la aportación académica, política y social. Debe ser un instrumento homologante de un criterio nacional frente al terrorismo; el fundamento de una Doctrina Nacional Contra el Terrorismo.

Es un camino largo, y más para un país y sociedad que se niega a reconocer el problema; pero que cada vez es más difícil hacerlo. Necesitamos autoridades y un liderazgo nacional comprometido, profesional y responsable que no evite la responsabilidad legal y legítima que tienen, sino que enfrenten el problema de la mano de la sociedad que encabezan. Requerimos con urgencia abandonar el discurso distractor recurrente al triunfalismo y a la defensa de conceptos inaplicables, y tener una discusión seria sobre lo que tenemos que hacer como Estado para tener un entorno social seguro y libre del miedo, el terror y la violencia. Necesitamos una sociedad que busque recuperar sus espacios públicos y privados en paz y tranquilidad; y autoridades y funcionarios con la capacidad, el compromiso y la visión para tomar las acciones para llevarlo a cabo. Eso es lo que nos promete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; eso es lo que debemos exigir.

El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.