Las dos cámaras legislativas de México aprobaron el proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, según informó este 18 de noviembre de 2026 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Este nuevo marco jurídico reconoce por primera vez a los animales como seres sintientes sujetos de cuidado humano y establece disposiciones obligatorias para garantizar su integridad con base en los cinco dominios del bienestar animal.
Con esta resolución legislativa, el país avanza hacia una regulación integral que coloca la protección animal como una responsabilidad compartida y da cumplimiento al compromiso 25 de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición del maltrato. Para la dependencia ambiental, este ordenamiento constituye una herramienta fundamental que fortalecerá sus labores de inspección, vigilancia y cuidado de la fauna silvestre en el territorio nacional.
La nueva legislación tiene como objeto principal regular el bienestar animal y homogeneizar los conceptos de bienestar, maltrato y crueldad en todo el país. Además, fija los estándares mínimos obligatorios tanto para los animales de compañía, cuya regulación corresponderá a las entidades federativas, como para la vida silvestre y los ejemplares destinados al autoconsumo, abasto y comercialización, los cuales permanecerán bajo competencia federal.
En su aplicación, el decreto obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno a interpretar las normas favoreciendo siempre la mayor protección posible. Esto implica privilegiar de manera amplia el bienestar físico, mental y conductual de los ejemplares, minimizando el dolor, el sufrimiento, el miedo, el estrés y cualquier otra afectación innecesaria. Asimismo, se incorpora la figura de la reparación del daño, obligando a los responsables de actos de crueldad o maltrato a cubrir la atención médica, los gastos y las medidas necesarias para restituir la salud del animal afectado.

Respecto a la comercialización, la ley establece una regulación estricta que limita la venta de animales exclusivamente a establecimientos autorizados. Estos lugares deberán operar bajo rigurosos criterios de trazabilidad, condiciones óptimas de salud y revisión veterinaria obligatoria para evitar prácticas irregulares.
Para garantizar la operatividad de la norma, se contempla el desarrollo de diversos instrumentos de política pública. Entre ellos destaca la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, encargada de diagnosticar y evaluar acciones basadas en los cinco dominios: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. A esto se suma el Programa Especial de Bienestar Animal, que definirá metas, responsabilidades y costos conforme al Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas estatales que cada entidad deberá elaborar al inicio de su administración.
El ordenamiento también crea un programa ético de estabilización poblacional para animales de compañía sin tutor en situación de vulnerabilidad, el cual abarcará acciones de captura, rescate, esterilización, rehabilitación, retorno y adopción. Complementariamente, se instituirá un Registro Nacional de Animales de Compañía, de carácter obligatorio y gratuito, para identificar cada adquisición o adopción.
Finalmente, la ley establece la creación de un Padrón de Personas Infractoras que concentrará los datos de quienes cometan actos de maltrato o crueldad. Las personas incluidas en este registro quedarán inhabilitadas para recibir apoyos públicos y no podrán obtener permisos o autorizaciones contempladas dentro de esta legislación.
