La consigna «El INE no se toca» resumió en 2022 la defensa de una institución frente a una reforma electoral. Cuatro años después, el árbitro vive su peor episodio de descrédito: Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Consejo General tras las acusaciones de corrupción, y el propio instituto presentó una denuncia en su contra ante la FGR. El núcleo de las revelaciones es la relación con proveedores: su chofer y un exdirector de Administración figuraban como apoderados de empresas que recibieron contratos millonarios para material electoral. Taddei rechazó las acusaciones y las atribuyó a una campaña de desprestigio antes de salir. Son señalamientos y denuncias, no sentencias; la presunción de inocencia sigue vigente.
A ello se suman los reclamos laborales: más de 830 renuncias presentadas a petición de jefes de área para reconfigurar la plantilla. Y más recientemente, el gasto de los consejeros. Tres de ellos acumularon solicitudes por más de 704 mil pesos en el primer semestre de 2026, con viajes internacionales y comidas en restaurantes, dentro de un total de 955 mil pesos solicitados por el pleno. Conviene precisar: las notas reportan montos y concentración, no que haya violaciones a la norma, y la prestación de alimentos contempla hasta 11 mil 970 pesos mensuales. El problema, por ahora, es de ejemplaridad más que de ilegalidad probada. Pero la ejemplaridad pesa: los consejeros se declaraban partidarios de la austeridad mientras conservaban ingresos superiores al salario presidencial gracias a suspensiones judiciales.
La tesis de que fracasó el esfuerzo opositor y ciudadano tiene fuerza, pero exige matices. La Marea Rosa defendió la autonomía de una institución, no la selección de sus ocupantes. Taddei fue elegida por la Cámara de Diputados en 2023, con peso decisivo del oficialismo, y una columna la describe como parte del ecosistema del poder más que contrapeso. Es decir, el diseño que se defendió en la calle fue operado por quienes designó la mayoría política que se pretendía vigilar.
El escándalo, además, corta en ambas direcciones. El gobierno federal lo usa para exigir limpieza: Sheinbaum pidió sanear el INE y frenar la corrupción y los monopolios. Esa narrativa encuentra terreno fértil porque López Obrador y Morena habían acusado a los consejeros anteriores de privilegios y de administrar una institución demasiado costosa. Del otro lado, La Jornada sostiene que los contratistas señalados son los mismos que mantienen un oligopolio de proveeduría desde hace décadas, y senadores de PAN, PRI y MC ven intención política en investigar el pasado. Ambas lecturas son parciales: si el vicio es antiguo, la oposición también heredó responsabilidades; si es reciente, el oficialismo eligió a la presidenta.
Hay otra paradoja, más incómoda para quienes marcharon. Somos nació de la Marea Rosa y respaldó a Xóchitl Gálvez en 2024, pero el INE le otorgó el registro con seis votos a favor y cinco en contra, condicionado a cambiar nombre y emblema. El Tribunal Electoral confirmó el cambio y el partido pasó a llamarse solo Somos, mientras su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, denunció trabas del instituto. El movimiento que defendió al árbitro se estrenó litigando contra él. Y su origen «ciudadano» convive con otra realidad: está integrado por exmilitantes del PAN, PRI y PRD junto con organizaciones civiles, lo que debilita el relato de una sociedad civil ajena a los partidos que critica.
También es discutible la premisa de que el gobierno «sometió» a la Suprema Corte. Sus críticos hablan de concentración del poder tras la elección judicial; el oficialismo la presenta como democratización. El desacuerdo es de fondo y no se zanja con adjetivos, aunque sí con resultados verificables en las sentencias que vengan.
Lo comprobable es menos épico. El INE tuvo que suspender la designación de consejeros por el escándalo, y el sueldo de los consejeros se reducirá desde enero de 2027. La lección incómoda para todos los bandos es que la autonomía no se hereda de una marcha ni se decreta desde una mañanera: se sostiene con probidad cotidiana, nombramientos plurales y fiscalización independiente. Las elecciones de 2027 medirán si el árbitro recupera credibilidad o si la desconfianza se vuelve parte del paisaje.
