Leo en un diario de circulación nacional los resultados de una encuesta telefónica sobre la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. Entre tantos datos, hay uno que llama particularmente mi atención. A la pregunta sobre cuánta confianza tienen los mexicanos en el INE para organizar las elecciones, el 17.4% respondió mucha; el 20.4%, regular; el 43.2%, poca, y el 19%, ninguna. Es decir, el 62.2% de los encuestados manifestó poca o ninguna confianza. Lo lograron. Si alguien pretendía deteriorar la credibilidad del árbitro electoral mediante la filtración de los videos de Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, los resultados muestran la dimensión del problema.

La pregunta es: ¿cómo recuperar la confianza ciudadana en el INE? Considero que existen cuatro condiciones. Primera, que las autoridades investiguen a José Alfredo Hernández Casillas y a quienes pudieran resultar responsables, y que, de acreditarse delitos, reciban las sanciones correspondientes. Segunda, que se determinen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales de la expresidenta Guadalupe Taddei. Tercera, que la Cámara de Diputados elija una nueva consejera presidenta mediante un procedimiento legal y legítimo. Cuarta, que las elecciones de 2027 se desarrollen con normalidad, transparencia y resultados confiables. Sin justicia, conducción institucional y elecciones creíbles, difícilmente podrá superarse esta crisis.

Detengámonos en el tercer punto. La responsabilidad de elegir a la nueva presidenta corresponde a la Cámara de Diputados, que enfrenta una decisión de enorme trascendencia institucional. La primera ruta consiste en emitir la convocatoria correspondiente, desarrollar el procedimiento de evaluación y buscar una mayoría calificada para realizar el nombramiento. Si no se alcanza el consenso, la norma contempla la insaculación.

La segunda posibilidad sería prolongar la conducción provisional del Instituto durante el proceso electoral de 2027. No basta con encontrar una salida política; también debe existir certeza constitucional.

En política suele decirse que se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Sin embargo, también existen obligaciones constitucionales que no pueden quedar subordinadas a los cálculos parlamentarios. La elección de la nueva presidenta requiere acuerdos, responsabilidad y respeto a los procedimientos establecidos. Si la conducción provisional debiera prolongarse mientras se resuelve la designación, sería indispensable fortalecer la coordinación institucional, garantizar la autonomía de las decisiones y respaldar el trabajo profesional de quienes organizan las elecciones. La confianza ciudadana no se recupera mediante discursos, sino con decisiones transparentes, investigaciones concluyentes y resultados verificables.

La Cámara de Diputados tiene frente a sí una responsabilidad que trasciende las diferencias partidistas. No se trata simplemente de elegir a una funcionaria, sino de contribuir a recuperar la credibilidad de una institución fundamental para la democracia mexicana. La legalidad es indispensable, pero la legitimidad también se construye con independencia, capacidad profesional y confianza pública. Las elecciones de 2027 serán una prueba institucional de enorme importancia. México necesita un árbitro electoral confiable, no uno sometido a la sospecha permanente. La decisión corresponde a los diputados; sus consecuencias alcanzarán a todos los mexicanos.

Eso pienso yo. Usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz

https://youtu.be/iJMaT4Kx9LM?si=cJFr9Rg0x5e-qZ3X