A la titular de la Fiscalía le informan que un colaborador cercano cometió un acto de corrupción al cobrar a empresarios una gran cantidad de dinero para ayudarles en un caso investigado por la institución; acudió con la presidenta de la República, a pesar de estar al frente de un organismo autónomo, para darle a conocer el asunto, decidiendo conjuntamente que el colaborador presentara su renuncia y que el tema no sea dado a conocer al público.

Esta historia —que sucedió en la vida real— no es algo que queda en lo anecdótico, sino que es un episodio que ya se ha dado en ocasiones pasadas, en las cuales la constante es el manto de impunidad para proteger a militantes de un partido y que el escándalo por temas relacionados con corrupción no tenga un costo electoral al hacerse público.

Para muchos ciudadanos, de acuerdo a encuestas, la corrupción no sólo se mantiene en el gobierno, sino que es considerada como abundante por la experiencia cotidiana de las personas. Asimismo, la impunidad es el siguiente elemento que agrava el problema, pues el servidor público que es sospechoso de cometer algún acto de corrupción no es investigado y sancionado, sino que se le permite renunciar sin consecuencias, alimentando un sistema de complicidades en el que se simula el combate a la corrupción, todo con tal de salvar la imagen de ciertos gobernantes y partidos en el poder.

 

El manto protector

La corrupción no termina cuando un funcionario presenta su renuncia. Tampoco desaparece porque un gobierno decida guardar silencio sobre un escándalo que puede comprometer su credibilidad. Cuando una denuncia de esta naturaleza se resuelve mediante la salida discreta de un colaborador, sin investigación pública ni consecuencias legales conocidas, el problema deja de ser únicamente la conducta de un servidor público: se convierte en una prueba de cómo funciona el sistema de complicidades que el propio gobierno asegura combatir.

El episodio de un colaborador cercano a la titular de la Fiscalía, señalado por presuntamente cobrar grandes cantidades de dinero a empresarios a cambio de favorecerlos en un asunto investigado por la institución, plantea una pregunta fundamental: ¿quién debe investigar a quienes tienen la responsabilidad de perseguir los delitos?

La gravedad del caso no radica solamente en la conducta atribuida al funcionario, sino también en la decisión de resolver el asunto mediante una renuncia y mantenerlo fuera del conocimiento público. Si los hechos ocurrieron como se han descrito, estamos ante una situación que exige explicaciones institucionales, no acuerdos políticos para administrar los daños.

La cuestión de fondo es si se privilegió la rendición de cuentas o la protección de la imagen del gobierno.

El problema se vuelve todavía más profundo cuando se observa que la renuncia no equivale a una sanción. Dejar un cargo público no extingue una posible responsabilidad administrativa o penal. Si existieron pagos indebidos, ofrecimientos de favores o utilización de información privilegiada para beneficiar a particulares, corresponde a las autoridades investigar, reunir pruebas y determinar las consecuencias legales. De lo contrario, la separación del puesto funciona como una válvula de escape para evitar que el escándalo alcance a otros integrantes del gobierno.

Este mecanismo no es nuevo en la política mexicana. Durante años, distintos gobiernos han recurrido a la misma fórmula: cuando un funcionario cercano al poder se ve involucrado en un escándalo, se le pide apartarse, se minimiza el asunto y se espera que la atención pública se desplace hacia otro tema. La diferencia entre un gobierno y otro termina siendo menos importante que la persistencia de una práctica que garantiza que las responsabilidades políticas se diluyan y las legales ni siquiera lleguen a establecerse.

La contradicción es particularmente evidente en un movimiento político que construyó buena parte de su legitimidad electoral sobre la promesa de erradicar la corrupción. La honestidad se convirtió en una de sus principales banderas, al grado de presentarla no sólo como una obligación del servicio público, sino como una característica distintiva de quienes llegaron al poder.

Sin embargo, la honestidad no se demuestra con discursos, conferencias ni declaraciones de principios. Se demuestra investigando a los propios colaboradores, transparentando los resultados y aplicando la ley sin importar la cercanía política, personal o familiar con los gobernantes.

La ciudadanía tampoco evalúa la corrupción exclusivamente a partir de los grandes escándalos. La experimenta cuando un servidor público exige dinero para agilizar un trámite, cuando un policía solicita una dádiva o cuando descubre que las relaciones políticas parecen abrir puertas que permanecen cerradas para el resto. Esa experiencia cotidiana alimenta la percepción de que la corrupción sigue extendida y de que denunciarla no necesariamente conduce a una sanción.

El costo político de esta contradicción puede ser mayor de lo que parece. Las encuestas sobre percepción de la corrupción reflejan un problema que no se resuelve con cambiar funcionarios ni con modificar el discurso oficial. La impunidad es precisamente el factor que convierte las irregularidades individuales en un problema estructural: cuando no hay consecuencias, el mensaje para los demás servidores públicos es que existen mecanismos para salir del problema sin responder ante la justicia.

A esto se suma otra señal preocupante: la creciente incomodidad del poder frente al periodismo que investiga y documenta posibles actos de corrupción. Cuando una publicación incómoda recibe descalificaciones, amenazas de acciones legales o intentos de silenciar a quienes la difunden, la transparencia deja de ser una prioridad y se convierte en una consigna condicionada a que la información no perjudique al gobierno.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la honestidad no debería temerle a las investigaciones periodísticas. Por el contrario, tendría que aprovecharlas para identificar irregularidades y corregirlas. La prensa no está para proteger la reputación de los gobernantes, sino para vigilar el ejercicio del poder y ofrecer a la sociedad información que le permita exigir cuentas.

La prueba definitiva del combate a la corrupción no consiste en cuántas veces se pronuncia la palabra honestidad, sino en cuántos funcionarios cercanos al poder son investigados, cuántos responden ante la justicia y cuántos reciben una sanción cuando se acredita su responsabilidad.

Porque si la renuncia sustituye a la investigación, el silencio reemplaza a la transparencia y la lealtad partidista se impone sobre la aplicación de la ley, entonces no estamos ante una transformación del sistema de corrupción, sino ante su adaptación a nuevos administradores. Y esa es, quizá, la forma más peligrosa de impunidad: aquella que se presenta públicamente como un gobierno que no tolera la corrupción.