A los líderes nazis se les juzgó y ejecutó al término de la segunda guerra mundial por haber cometido crímenes de lesa humanidad. No hace falta explicar mucho. De sobra se conoce la disposición del totalitarismo alemán a exterminar a judíos, gitanos, comunistas, homosexuales y discapacitados. Si se quiere saber más acerca del holocausto y otros genocidios en el siglo 20, hay que visitar el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en la Avenida Juárez de la Ciudad de México.

Sin embargo, no hace falta ir al museo para saber que en México se practican los asesinatos, torturas, esclavitud, violaciones, feminicidios y desapariciones forzadas sin que el gobierno federal y los gobiernos locales hagan mucho por combatirlos; es más, Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente del país, propició esos horrores a través de su política oprobiosa de abrazos, no balazos, a los criminales.

La permisividad al crimen organizado en el país, arroja saldos que no preocupan en la comunidad internacional. Durante el sexenio anterior se registraron no menos de 200 mil homicidios dolosos, lo cual convierte a ese sexenio en el más violento de la historia de México. Además, se multiplicaron las desapariciones, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades, el asesinato de periodistas y el control territorial por parte de los diversos grupos del crimen organizado.

La estela de desapariciones forzadas alcanzó la escandalosa cifra de 100 mil casos en 2022, y siguió aumentando hasta acumular 135 mil personas en fechas recientes. Estamos hablando de una cantidad que supera el número oficial de desaparecidos durante la guerra civil española (114 mil), y es hasta cuatro veces mayor al número de desapariciones forzadas atribuidas a los regímenes militares de Chile y Argentina en la década de los 70.

Es tan alarmante el legado de este personaje, que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas activó contra México el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas. El caso fue llevado ante la Asamblea General de la ONU, siendo esa la primera vez en la historia que se enunció el susodicho artículo en contra de un gobierno, para deshonra de la llamada 4T.

La decisión fue transmitida a todos los Estados miembros el 12 de mayo del presente año por el propio secretario general António Guterres, se concluyó que existían indicios fundados para sostener que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad. Por suerte, ningún país quiso promover alguna resolución al respecto y México se salvó esta vez de ser enjuiciado, aunque eso no significa que las desapariciones se hayan frenado o que ya no exista responsabilidad judicial alguna por parte del Estado mexicano.

Al ser México un país miembro del sistema de Naciones Unidas, asume la obligación de tipificar las desapariciones forzadas como delito, amén de buscar a las personas, investigar y sancionar a los responsables, garantizar la verdad, reparar el daño y cooperar con las investigaciones. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho caso omiso de tal obligación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está visiblemente alineada a las posiciones oficiales que atribuyen las desapariciones a la lucha interna entre organizaciones delincuenciales; de ahí que sea la sociedad civil la que se haya tenido que dedicarse a investigar por cuenta propia.

Han sido sobre todo mujeres las que han salido a buscar a sus hijos e hijas, esposos, hermanos y padres. Para ellas no se trata de una mera afición en tiempos libres o de una vocación heroica, sino producto del coraje que las mueve y que les da esperanza de encontrar a sus seres queridos. Desde muchos años atrás ha habido indicios de tolerancia, connivencia, aquiescencia y omisiones deliberadas por parte de las autoridades; la negligencia gubernamental, empero, se acentuó con López Obrador y su colofón.

Dicho en términos llanos, López Obrador cometió en México crímenes de lesa humanidad equivalentes a los de Hitler, Stalin, Pinochet, Milosevic o Netanyahu; las madres buscadoras de sus familiares desaparecidos, no lo olvidan, pero eso a López no le quita el sueño. A su récord criminal hay que adjuntar el pésimo manejo que hizo de la pandemia generada por el Covid-19, con un saldo de 335 mil muertos, así como la política de eliminación de intermediarios y distribuidores de medicamentos que ocasionó el desabasto y consecutivamente la muerte de los niños enfermos de cáncer.

Y mientras este individuo se solaza desde su cantón en Palenque ofreciendo lecciones de historia maniquea y ética falaz, los efectos de su negligencia todavía se sienten. A diario desaparecen 40 personas en promedio, y así mismo caen asesinadas 80 personas por día en las diferentes entidades del país.

El pasado 7 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya en contra del expresidente. Se le acusa de cometer crímenes de lesa humanidad debido a su cacareada política de “abrazos, no balazos”, y por su presunta complicidad con el crimen organizado durante los años de su administración.

Hay que decir que la CPI no suele ser expedita en sus resoluciones, por lo que podrían pasar años antes de que emita un fallo. Pero existe un componente que podría acelerar el procedimiento, y es que ante la evidencia de que el sistema de justicia en México no es autónomo, y que al no serlo no garantiza la imparcialidad como recurso legal, podría suceder que la CPI en efecto arrastrara la denuncia del PAN.

Vaya paradoja. Ahora resulta que la llamada reforma judicial que empoderó a una bola de jueces incondicionales del régimen cuatroteísta, podría ser enjuiciada por una instancia legal internacional frente a la incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asumir el caso contra el presunto criminal del Estado que condujo los destinos de México entre 2018 y 2024.