El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, divulgado hoy por el INEGI, ofrece el primer balance estadístico del año en que arrancó el nuevo Poder Judicial. Los números no confirman ni desmienten la reforma. Sí exponen tensiones que ninguno de sus bandos podrá ignorar.
Presupuesto: el ajuste cae en un solo lado
En 2025 los poderes judiciales ejercieron 138 695 millones de pesos. A precios de 2018, el gasto federal bajó 2.6 % frente a 2024, y desde 2021 acumula una caída cercana a 10 % (de 65 386 a 58 708 millones). Los poderes estatales hicieron lo contrario, pues crecieron 1.5 % en el último año y alrededor de 8 % en el periodo. El total real descendió de 102 551 a 98 938 millones.
La austeridad, bandera del oficialismo, convive con un dato incómodo. Para elegir por voto popular a juzgadores, el INE aprobó 13 205 millones de pesos, la elección judicial más costosa de la historia del país. Los críticos preguntarán por qué se financió la urna y no la capacidad de resolver casos. Los defensores responderán que se trata de una inversión única en legitimidad democrática. Los datos aún no permiten zanjar el debate.
Más causas, más rezago
Las causas penales ingresadas subieron 8.6 % y alcanzaron 292 622. Las determinaciones y conclusiones crecieron 19 %, hasta 185 617. Es una mejora real, pero insuficiente: al cierre de 2025 quedaban 497 161 asuntos pendientes, solo 1.3 % menos que un año antes. Con ese ritmo, el rezago equivale a casi dos años de ingresos. Conviene una cautela metodológica: el propio INEGI advierte que en los poderes estatales las conclusiones y los pendientes se cuentan por personas imputadas, y no por causas. Las comparaciones directas deben hacerse con prudencia.
El fuero federal: armas, no corrupción
En el Poder Judicial de la Federación, 22 582 de 42 864 delitos registrados (52.7 %) corresponden a armas, explosivos y materiales destructivos, con un alza de 34.4 %. Los delitos fiscales casi se triplicaron, de 851 a 2 217. Los de hidrocarburos pasaron de 425 a 1 306, lo que apunta al huachicol y a la presión sobre las rutas del combustible ilícito. Los delitos por hechos de corrupción, en cambio, sumaron apenas 656, un 1.5 % del total federal. Cabe preguntarse si el sistema persigue poco la corrupción o si la corrupción simplemente llega poco a los tribunales. Los delitos de delincuencia organizada, con 414 registros, tampoco guardan proporción con la magnitud del fenómeno que describe el discurso político.
El fuero común: la violencia cotidiana
En los estados, la violencia familiar encabeza la lista con 57 301 delitos (17.8 %), seguida por el narcomenudeo con 49 313 (15.3 %) y el robo con 42 845 (13.3 %). El homicidio avanzó de 9 819 a 10 653 registros. Mientras la conversación pública se concentra en el crimen organizado, la carga real de los juzgados locales es doméstica y de baja escala. La asignación presupuestal, sin embargo, se debate casi siempre en el plano federal.
Paridad: avance nítido, incongruencia por corregir
Las mujeres magistradas pasaron de 32.2 % a 46.4 %, y las juzgadoras de 43.9 % a 47.2 %. Es el resultado más celebrable del censo, y probablemente efecto de las reglas de paridad aplicadas a la elección. Pero hay dos asegunes. Primero, el comunicado consigna 46.4 % en su encabezado y 46.6 % en el texto y la tabla, una discrepancia menor que conviene aclarar. Segundo, el promedio esconde brechas profundas entre juzgadoras: 28.7 % en Chiapas, 32.1 % en Jalisco y 33.6 % en la Ciudad de México, frente a 76 % en Campeche. En el Órgano de Administración Judicial, que concentra 89.2 % del gasto federal, las mujeres son apenas 42.7 % de las magistraturas.
Lo que queda por responder
El censo mide 2025, un año de transición: los nuevos cargos entraron en funciones en septiembre de 2025. Por eso no puede atribuir mérito ni culpa a la reforma. Pero deja una advertencia: un poder judicial con menos recursos reales, más delitos y medio millón de asuntos sin resolver difícilmente ganará confianza solo con legitimidad electoral. La prueba empezará con el censo de 2026.