La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI, que mide lo ocurrido en 2025, trae un titular amable: 25.9 % de las unidades económicas fue víctima de algún delito, unas 1.4 millones, frente a 27.2 % en 2023. La tasa bajó de forma significativa a 2 593 por cada 10 mil establecimientos, una caída de 4.7 %. El resto de la encuesta pide menos entusiasmo.

La mejora que no tranquiliza

Hubo menos víctimas, pero no menos delitos: tres millones, con 2.2 por establecimiento afectado. El delito se concentra en menos negocios y los golpea con más frecuencia.

Además, no castiga a quien uno supondría. Fueron víctimas 51.9 % de las unidades medianas, 48.4 % de las grandes, 41.5 % de las pequeñas y 25.1 % de las micro. Las grandes padecieron 4.3 delitos por unidad víctima. Por sector, el comercio lidera con 30.5 %, por delante de servicios (22.9 %) e industria (18.8 %). Se golpea donde hay algo que cobrar.

La tributación paralela

La extorsión encabeza la incidencia, con 1 467 delitos por cada 10 mil unidades. Siguen el robo hormiga (954) y el robo o asalto de bienes o dinero (885), y las tres modalidades suman 59 % del total. Que la extorsión sea la modalidad principal y que las empresas medianas y grandes sean las más afectadas es un patrón compatible con un cobro proporcional a la capacidad de pago. Es una inferencia analítica, no un dato de la encuesta.

El costo del delito se estimó en 115.1 mil millones de pesos, 0.46 % del PIB. De ese monto, 58.9 mil millones fueron gasto preventivo: las empresas pagan por una seguridad que el Estado debía proveer. El promedio por unidad fue de 44 560 pesos.

El silencio como sistema

Solo 9.9 % de los delitos se denunció y en 8.2 % se abrió una carpeta de investigación. La cifra oculta es de 91.8 % (2.8 millones de delitos) y no cambió de manera significativa respecto de 2023. Entre las grandes empresas subió de 62.4 % a 70.7 %.

Tampoco la denuncia garantiza nada. De 245 mil delitos con carpeta, en 185 mil (75.4 %) no pasó nada o seguían en trámite. No sorprende que 58.9 % de quienes callaron atribuya su silencio a la autoridad: pérdida de tiempo (35.3 %), desconfianza o miedo a ser extorsionados de nuevo. Aquí está la clave: la desconfianza hacia policías y fiscalías sigue siendo el sustento de la impunidad. De hecho, 70.5 % considera corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras 88 % califica de efectiva a la Marina.

Un mapa de contradicciones

La prevalencia bajó en siete entidades, subió en ocho y no cambió en 17, de modo que no hay una tendencia nacional uniforme. Baja California (3 965, con un alza de 31.4 %), Querétaro (3 875) y Chihuahua (3 579) encabezan la tasa. Sonora y Quintana Roo, en cambio, cayeron más de 30 %.

El caso más revelador es Guanajuato. Su prevalencia descendió 24.8 %, pero es la entidad donde más empresas (71.3 %) señalan la inseguridad como su principal problema. Morelos (70.3 %) y Tabasco (69.9 %) completan el podio. Un negocio puede ser víctima con menor frecuencia y aun así vivir bajo amenaza.

Dos lecturas en pugna

El oficialismo podrá defender la reducción significativa de la prevalencia. Sus críticos replicarán que la cifra oculta sigue por encima de 90 %, que el número de delitos no cede y que una encuesta solo registra lo que el miedo permite declarar. Ambos tienen parte de razón.

Para 57.1 % de las empresas, la inseguridad es el problema que más las afecta; para 32.3 %, es la falta de apoyos del gobierno. Esa combinación describe a empresarios que pagan dos veces: por protegerse y por no ser protegidos. ¿Cuánto tiempo puede sostener la inversión un país donde operar exige un cobro que nadie registra ni persigue?