Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, inicialmente la que funciona en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.

En esta entrega participa Daniela Pacheco Montes alumna de la Escuela Libre de Derecho. Da su visión respecto de un tema específico y actual: La restricción constitucional a la doble nacionalidad.

Elisur Arteaga Nava e Ireri Elizabeth García Ramos

 

 

Por Daniela Pacheco Montes, ELD

Existen reformas constitucionales que se presentan como una gran novedad cuando repiten lo que el texto fundamental ya decía. La que el Senado de la República declaró aprobada, y que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Federal en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos de los estados y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es un caso paradigmático. Prima facie parece un cambio profundo; a mi juicio, su alcance jurídico es mucho menor del que el discurso político pretende, pues la prohibición de ostentar otra nacionalidad ya se encontraba prevista en la propia Constitución.

El fundamento de esta restricción no es nuevo y se encuentra en el artículo 32 constitucional, que dispone que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esa reserva aplica a los casos que señalen otras leyes del Congreso de la Unión, lo que constituye una remisión a la ley especial que la desarrolla, la Ley de Nacionalidad. Por su parte, el propio procedimiento de renuncia a la doble nacionalidad lo lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de una cláusula habilitante que le otorga el Poder Ejecutivo Federal, procedimiento que ya existe y cuya constitucionalidad admite críticas, aunque ese será tema para otra ocasión. La prohibición ya existía y la maquinaria para hacerla efectiva también, pues la Ley de Nacionalidad exige el certificado de nacionalidad mexicana, que presupone la renuncia expresa a cualquier otra.

Desde 1997 el artículo 32 ya establecía una prohibición expresa que deja claro que no todas las personas acceden en las mismas condiciones a los cargos políticos. Les dejo una pregunta para reflexionar y les adelanto mi respuesta. ¿Existen mexicanos de primera y de segunda clase en materia de nacionalidad? A mi juicio, sí. Nuestra ideología constitucional se funda en un sistema mixto, territorialista y a la vez personalista, donde el régimen aplicable depende tanto del lugar donde se nace como del vínculo que se conserva con la comunidad política.

Sin embargo, llama la atención el modo en que los medios han abordado el tema. Con tono de alarma sugieren que se coaccionan derechos políticos y se limita el derecho a tener doble nacionalidad, algo que, dicho con espanto, suena contrario a la progresividad de los derechos humanos. En mi opinión eso desinforma, porque la reforma no elimina la doble nacionalidad en general y solo condiciona el acceso a esos tres cargos. Quien desee ser candidato deberá renunciar a la otra nacionalidad antes de registrarse; quien no, conservará intactos todos sus derechos. Presentarlo como una persecución a los mexicanos con vínculos en el extranjero confunde una condición de elegibilidad con una pérdida de derechos.

Analizar la constitucionalidad de un texto es, en consideración de esta autora, una tarea difícil que exige un análisis al que no todos pueden acceder. Hoy, sin embargo, todos se sienten legitimados para hablar de “constitucionalidad” sin comprender el peso de lo que invocan con tanta ligereza. La Constitución exige una interpretación rigurosa y serena, que sepa distinguir entre lo que un texto dice, lo que ya decía y lo que verdaderamente modifica.

En todo caso, lo que puede afirmarse es que la reforma repite lo que ya estaba, y eso constituye, según Riccardo Guastini, una sobrerregulación de la Constitución. A mi juicio, se trata de introducir en la Constitución cuanto sea posible para separarla de las leyes ordinarias y blindarla con el proceso rígido del artículo 135, lo cual podrá ser buena técnica política, pero para la teoría constitucional produce el efecto contrario, pues cuando se coloca demasiado en ella se debilita la protección de las disposiciones constitucionales.

¿Qué hacemos, entonces, cuando reformar equivale a no cambiar nada? En lo jurídico, mantener el statu quo. En lo político, generar una demagogia constitucional, como si nuestros legisladores, a la manera de los sofistas griegos, dominaran la retórica y la persuasión y perfeccionaran el arte de hablar en público para convencer a la audiencia mediante el uso estratégico del lenguaje, sin importar si el argumento es verdadero o falso. Y en lo social, provocar un fervor innecesario, fracturando de nuevo las estructuras sociales y políticas.