Trump, Putin y Xi se reunieron el 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, y el encuentro duró unos noventa minutos. Fue la primera reunión de los tres a la vez. Salió de ella una “declaración por la paz” que reafirma la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. La foto es histórica. Lo que importa para el análisis es la letra pequeña.
Un documento sin mecanismos
Los tres líderes anunciaron un diálogo para reducir riesgos nucleares y evitar la proliferación, y también se comprometieron a reformar la ONU y a estabilizar el suministro energético. Sin embargo, el texto no detalla mecanismos ni plazos. Tampoco menciona la guerra de Ucrania, que entra en su quinto año. Un pacto de seguridad global que omite el conflicto más grave de Europa sugiere que la agenda real fue otra.
La cláusula que lo dice todo
El punto que concentró la atención fue el dedicado a la justicia internacional. Los tres jefes de Estado afirmaron que el consentimiento del Estado y la inmunidad de sus funcionarios son de importancia primordial, y que la CPI y órganos similares no deben abusar de su jurisdicción.
El contexto es difícil de ignorar. La Corte emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, y esa orden lo ha llevado a ausentarse de cumbres recientes. Trump fue más explícito que el documento. Dijo que propondría formas de proteger la soberanía de las naciones frente a “organizaciones globalistas rebeldes”, entre ellas la CPI. Además, el texto fue difundido por medios estatales chinos y rusos, no por la administración estadounidense.
Los argumentos de cada lado
Quienes defienden la cláusula tienen argumentos que merecen atención. La CPI es un tribunal de base convencional, y Rusia y China no son Estados miembros; tampoco lo es Estados Unidos. Existe una crítica seria, y no solo de estas potencias, sobre la selectividad de la Corte, que ha procesado sobre todo a dirigentes de países débiles. El derecho consuetudinario reconoce, además, la inmunidad de los jefes de Estado en funciones ante tribunales extranjeros. Invocar la soberanía no es, en sí mismo, una excentricidad.
Los críticos responden con tres contradicciones.
La primera es el consentimiento. Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en su territorio. Si el consentimiento del Estado es el criterio, la cláusula no lo respeta.
La segunda es la inmunidad. El Estatuto de Roma, base de la Corte, establece que el cargo oficial no exime de responsabilidad penal. Ese principio nació después de Núremberg para impedir que el rango sirviera de coartada. La cláusula lo invierte en nombre de la estabilidad.
La tercera es la coherencia del discurso. Los tres líderes hablan de dejar atrás la “mentalidad de Guerra Fría”, pero lo hacen constituyéndose en directorio de las grandes potencias, con un mecanismo de protección mutua frente al escrutinio externo.
Lo que está en juego
La Corte no tiene policía propia y depende de que los Estados cumplan sus órdenes. Cada gobierno que se niega a hacerlo erosiona su eficacia. Con una declaración de las tres mayores potencias nucleares, el golpe pasa de lo práctico a lo político, porque deslegitima la idea misma de una jurisdicción penal internacional. Para los 125 Estados parte, entre ellos México, el mensaje es que el derecho internacional penal vale para quien no pueda eximirse de él.
La lectura más benévola es que se trata de una maniobra defensiva ante una Corte que los tres consideran politizada. La más severa es que se trata de un seguro de impunidad entre quienes pueden ordenar guerras. La declaración no aclara cuál es la correcta, y esa ambigüedad ya forma parte del problema.
Si la protección de los gobernantes se pacta entre los más poderosos, ¿quién responde por las víctimas de sus decisiones?
