El conflicto llegó a un punto crítico
Manuel Nava
Chilpancingo.- El conflicto magisterial en Guerrero, derivado en principio de la aprobación de la reforma educativa, llegó a un punto crítico en el cual se exigen decisiones políticas, ya que avanza en un sentido que implicaría confrontación entre sectores sociales, además de que existen las condiciones para una mayor expresión de los grupos armados y la desaparición de poderes en el estado.
Independientemente del desalojo de la Autopista del Sol efectuado por la fuerzas federales el pasado viernes 5 de abril, la demanda del magisterio se está centrando en la salida del mandatario Ángel Aguirre Rivero. Hay un grupo que amaga con el uso de la armas para defender a los maestros, en caso de no atenderse sus peticiones, con lo cual terminaría un periodo de 12 años de estabilidad en el mando del estado.
Hay que tomar en cuenta que, desde 2007, el magisterio ha venido desarrollando una estrategia espejo que repetiría una situación como la ocurrida en Oaxaca en 2006, que tuvo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como principal actor y, a excepción de las movilizaciones que se dieron tras los incidentes del 12 de diciembre de 2011, nunca como ahora, se ha estado tan cerca.
De hecho, en ese mismo año se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y, ahora, la recién anunciada Coordinadora del Movimiento Popular es sólo una reedición de esa misma instancia con grupos como Tlachinollan, Taller de Desarrollo Comunitario, agrupaciones agrarias.
Hoy en la Coordinadora figuran: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos (FUERSA), policías comunitarios de la CRAC de tres comunidades del municipio de Tixtla, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), así como comisarios municipales y agrarios, sobre todo de comunidades de las regiones de La Montaña y Costa Chica, y este fin de semana se definirá si se suman las casas de justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec, Espino Blanco y el Paraíso.
Y la guerrilla…
En paralelo al problema de inseguridad magisterial (2011-2013) se gestó la división entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG). Ambas organizaciones tienen como centro de operación la zona indígena de La Montaña y la Costa Chica, zona donde confluyen la actividad de trasiego y paso de droga por parte del crimen organizado, así como la influencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
La CRAC-Policía Comunitaria se fundó hace 17 años, principalmente a partir de la experiencia en Malinaltepec y San Luis Acatlán, debido a los constantes ataques de la delincuencia. Sin embargo, en ese mismo periodo se registraron campamentos de entrenamiento de grupos armados, que en un principio fue el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y posteriormente el ERPI, tras la masacre de El Charco el 7 de junio de 1998, cuando Ángel Aguirre era gobernador sustituto.
La UPOEG, por su parte, nació también dentro del mismo seno comunal; incluso su dirigente, Bruno Plácido Valencio, participaba en la dirección colectiva de la CRAC junto a Pablo Guzmán Hernández, Valentín Hernández y Gelasio Barrera. No obstante, la nueva organización se caracterizó por mantener su lucha política bajo diferente temática y en un ámbito geográfico distinto al de su origen, además de entrar en confrontación con la CRAC.
Plácido Valencio mantuvo una cercanía con el gobernador y se convirtió en asiduo visitante de Casa Guerrero, en Chilpancingo, y de Protur, en Acapulco, donde acostumbra despachar el actual mandatario. Además es evidente el respaldo en cascada de varios actores —alcaldes, diputados, las propias autoridades estatales— al movimiento de autodefensa; la visita del gobernador a Tecoanapa apenas se dio el alzamiento; la petición de la UPOEG de la presencia del Ejército en la zona; la beligerancia cada vez más abierta hacia la CRAC.
En enero de este año, la UPOEG se caracetrizó por ejercer la justicia por mano propia y logró expandir la formación de este grupo a casi 40 de los 81 municipios que existen en el estado, pero también propiciando movilizaciones similares en Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo y Jalisco.
En su edición 146 de El Insurgente, el EPR hizo un deslinde entre la CRAC y la autodefensa. Precisó que en realidad se trata de “el paramilitarismo que se pretende institucionalizar como un supuesto reclamo popular; la proliferación de diferentes grupos civiles de autodefensa o policías comunitarias, que en su mayoría tiene un origen en el Estado bajo el fetiche de la seguridad, constituyendo parte del engranaje, de la lógica represiva y la política contrainsurgente que el Estado mexicano implementa de la mano con el discurso demagógico de respeto a los derechos humanos y una falsa adecuación en la estrategia del combate contra el crimen organizado.”
El conflicto con la CETEG se convierte, así, en un punto de confluencia de problemáticas no resueltas, que amenazan la estabilidad social en el estado, como el problema de la seguridad pública, los gobiernos paralelos y acción de los grupos armados.
La movilización magisterial ha sido continua en el periodo de mando de Ángel Aguirre, primero por las extorsiones, secuestros y asesinatos de que fueron objeto por parte del crimen organizado durante 2011 y 2012.
Pero no sólo los maestros se han visto afectados por la ola delictiva. La economía de las principales ciudades del estado se ha visto destruida, ya que los carteles de la droga, locales y nacionales, han logrado una capacidad de recaudación que anula las tesorerías municipales, aunado a la ola de secuestros y amenazas que llevó a la salida de una buen número de familias y empresas, salvo de aquéllas que pueden operar su negocio desde afuera, pero que deben seguir pagando cuotas al crimen organizado. Así salieron a relucir nombres de carteles locales como La Barredora y el Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). A consecuencia de ello, las arcas municipales tienen ingresos restringidos y el panorama que se observa en distintos puntos de las ciudades principales es de locales comerciales vacíos, cortinas cerradas y letreros de “se renta” o “se vende” sin encontrar demandantes.
En Acapulco, en la zona conurbada Zapata-Renacimiento-Sabana, también las casas habitación dejaron de ser habitadas y ostentan los mismos letreros de “se vende” o “se renta”. La acción delictiva ha derivado en un desplazamiento de grandes núcleos poblacionales dentro de las ciudades y dentro del estado.
Reforma de la inconformidad
El estado de Guerrero fue de las primeras entidades donde se aprobó la reforma constitucional; también fue la primera en donde hubo advertencias de los maestros, tanto de la CETEG como del SNTE. Entonces, los maestros —disidentes— tomaron el recinto y retrasaron la votación, la cual concluyó en la madrugada.
En todo este tiempo, el gobierno del estado ha caído en inmovilismo político, en la falta de manejo de previsiones —inteligencia— y actitudes negligentes, como ofrecer lo que está en la facultad gubernamental; hay contradicción en los pronunciamientos, que derivan en una mayor crispación que impide encontrar una salida adecuada al conflicto.
Por la parte magisterial, se encuentra la negativa a aceptar que su permanencia laboral se vea afectada por la evaluación. Se trata de una medida que amenaza el comercio de las plazas laborales que existe desde hace décadas y permite que el titular o el sindicato pueda ofertarlas al mejor postor.
Este aspecto destaca de entre el conjunto de medidas y disposiciones que comprende la reforma educativa. Al menos este punto es el más demandado tanto en consignas en las marchas como a la hora de las mesas de diálogo que se han instalado.
- De hecho, a la iniciativa mediante la cual se reforman los artículos 20, se le adiciona un párrafo al artículo 21; se reforma el párrafo primero y se adicionan tres párrafos al artículo 25; se reforma el párrafo segundo del artículo 29; se reforma el párrafo primero del artículo 65, de la Ley Estatal de Educación del Estado de Guerrero, que contempla entre sus 12 puntos:
- Las evaluaciones a los maestros no tendrán efectos en la permanencia laboral.
- Se crearía un instituto autónomo para dicha evaluación.
- La promoción de las plazas se haría con base en los usos y costumbres y no al mérito propio.
- El gobernador gestionaría plazas para los egresados de las nueve normales.
- Que el gobierno del estado dedique un presupuesto para la educación equivalente al porcentaje del producto interno bruto estatal. Esta demanda —que estoy seguro ni entienden los de la CETEG por la magnitud implicada— significaría que ni dedicando todo el presupuesto de la inversión pública estatal alcanzaría para satisfacerla. Cantidad que además se sumaría al déficit que genera el sector educativo de mil 500 millones de pesos anuales por concepto de plazas así como 45 días adicionales de aguinaldo irresponsablemente otorgados —ambos rubros— en el pasado, sin techo presupuestal federal.
Dicha iniciativa tendría pocas probabilidades de ser aprobada ya que entraría en controversia con la reforma educativa que adquirió carácter de federal. Los dirigentes de la CETEG hablaron de traición por parte de Aguirre Rivero y éste aseguró que les advirtió del rechazo que sufriría la iniciativa, además de que se trató de un documento en el cual no estuvo de acuerdo, lo cual fue desmentido por Gonzalo Juárez, dirigente de la CETEG.
La iniciativa en cuestión sólo sirvió para hacer escalar aún más el conflicto, y ahora alcanza al Partido de la Revolución Democrática, donde se viven confrontaciones en el interior. Los diputados locales Abelina López Rodríguez y Germán Farías Silvestre en forma altisonante tomaron distancia de su bancada y del gobernador. Además de ellos votaron en contra de la reforma federal los diputados locales Nicanor Adame Serrano, Jesús Liborio, Luisa Ayala Mondragón y Daniel Esteban González.
Al cierre de esta entrega, por un lado se anunció el regreso a clases de los maestros, sin embargo se trató de una simulación, ya que los padres de familia denunciaron que los mentores sólo estuvieron en el salón de clases durante 20 minutos y que a lo largo de la jornada no tuvieron actividad escolar.
En Chilpancingo, junto a los maestros de la CETEG, estudiantes normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la CRAC, se manifestaron por la lateral del boulevard Vicente Guerrero, y en el zócalo de la ciudad capital presentaron al Movimiento Popular de Guerrero.
Por otra parte, organismos como la Coparmex comenzaron a promover actividades escolares extramuros ante el rechazo del magisterio a regresar a clases.
Cronología
17 de enero. Marchas de protesta en Costa Chica.
24 de enero. Protestas y marchas en Acapulco y Chilpancingo.
5 de febrero. Movilización de más de 30 mil maestros en 7 municipios.
25 de febrero. Protesta en Chilpancingo y toma del Congreso.
28 de febrero. Toma de oficinas y casetas de la autopista.
8 de marzo. Toma de oficinas estatales.
11 de marzo. Cierre de accesos a Acapulco.
14 de marzo. Bloqueo de acceso a centros comerciales, bancos y oficinas de gobierno en Chilpancingo.
15 de marzo. Toma de casetas y retención de legisladores en el recinto parlamentario.
23 marzo. Bloqueo de 10 horas en la autopista.
25 de marzo. Envía el gobierno la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación.
4 abril. El Congreso rechaza la iniciativa de reforma.
5 abril. Bloqueo de 4 horas y desalojo de la autopista.
6 abril. Marcha por Chilpancingo, bloqueo al auditorio estatal donde tomaba posesión el rector de la UAG; se lanzaron huevos y causaron daños a la sede estatal del PRD.
7 abril. Policías comunitarios de cuatro comunidades del municipio de Tixtla entraron por primera vez, uniformados y armados, a Chilpancingo y lograron la libertad del segundo comandante de la comunidad de El Troncón, Nahúm Santos Bartolo, quien fue detenido por policías estatales y militares la noche del domingo.
8 abril. Conformación coordinadora del Movimiento Popular de Guerrero. Diseño de plan de acción que comprende movilizaciones y hostigamiento al gobernador e integrantes del Congreso.
10 de abril. Marcha y presentación formal del Movimiento Popular de Guerrero.