Raimundo López
La largamente esperada Ley de Medicamentos entró finalmente en vigencia en El Salvador, en medio del aplauso de la población por una medida que la puso a salvo de los precios más altos en el
hemisferio.
Al mismo tiempo, algunas compañías y sus propietarios, importantes dirigentes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), han puesto su poder e influencias en torpedear el éxito de la norma.
La legislación entró en vigor el 4 de abril, luego de vencer la medianoche anterior un plazo de 90 días dado para el reetiquetado de los fármacos.
Fue aprobada en la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2012, tras años de batallas parlamentarias lidereadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de un inagotable movimiento social en las calles.
El presidente Mauricio Funes le dio un relieve especial a la sanción de la Ley, lo cual hizo en un acto solemne con su gabinete e invitados de organizaciones defensoras de la salud pública, entre otros.
Fuentes oficiales y estudios de expertos indican que las empresas disfrutaban de privilegios exagerados, los cuales les permitían imponer precios hasta cinco mil por ciento más elevados que sus costos reales de producción.
La rebaja de los fármacos ronda del 30 al 60 por ciento y, de acuerdo con el gobernante, “ningún laboratorio está perdiendo”. El presidente Funes
otorgó al cumplimiento de la Ley, tras su entrada en vigencia, el carácter de una cruzada nacional por garantizar medicinas de calidad y a precios accesibles a la población.
Expresó que ésta significa también enfrentar a poderosos intereses económicos los cuales, deshonrosamente, habían convertido a El Salvador en unos de los países con los precios más altos en las medicinas.
Agregó que esos sectores tratan por diversas vías de entorpecer el cumplimiento pleno de la norma, una pretensión que -aseguró- el gobierno no permitirá.
El mandatario subrayó que la Ley introduce un cambio histórico sin precedentes con respecto a los gobiernos anteriores, en particular los de Arena.
Éste es un gobierno que está trabajando para el pueblo, que está garantizando con la aplicación de la Ley de Medicamentos, que la población tenga acceso a la salud, a precios accesibles y, sobre todo, de calidad, dijo.
El FMLN calificó también de un cambio real la aplicación de la Ley de Medicamentos y uno de los logros a favor del pueblo, del gobierno que asumió el 1 de junio de 2009 tras ganar el partido las elecciones del 15 de marzo de ese año.
Estamos frente a un acontecimiento histórico para la vida y la salud del pueblo salvadoreño, que durante años esperó a tener acceso a medicamentos con calidad, seguros, eficaces y a precios más baratos, afirmó en un comunicado.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró que la ley cumple “la demanda largamente ansiada por la población salvadoreña de tener acceso a un sistema de salud equitativo, eficiente, solidario, universal”.
La aprobación de la Ley de Medicamentos constituye un hecho histórico en la materialización del derecho a la salud, ya que tiene como propósito garantizar la calidad, la eficacia y la promoción del uso racional de los medicamentos, agregó.
El sistema de precios logrado por las compañías durante las administraciones de Arena (1989-2009) no sólo los situaron entre los más altos del mundo, sino impuso una dramática inequidad que colocó al margen de la medicina a vastos sectores de la sociedad.
Muchos medicamentos de marca rondaban los 100 dólares o más y otros, de los llamados de nueva generación, hasta 195 y “ficha” (algo más), como dicen los salvadoreños, una cifra espeluznante en un país donde el salario mínimo de un trabajador agrícola asciende a 97.20 dólares (la moneda de curso legal desde el 1 de enero de 2001). Margarita Posada, dirigente de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, que luchó contra las políticas neoliberales de Arena, advirtió de maniobras para entorpecer el cumplimiento de la ley.
Recordó que los políticos de Arena, entre ellos sus ex presidentes Alfredo Cristiani y Francisco Flores, tienen grandes intereses en laboratorios y cadenas de farmacias, los cuales históricamente han abusado de la población con precios excesivos para obtener ganancias desproporcionadas.
Posada indicó que una de las vías empleadas por esos sectores es lograr la inhabilitación de la ley mediante recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala ya aceptaron uno de los reclamos de los empresarios, Miguel Lacayo, y ordenaron la paralización de los efectos de dos artículos hasta que dicten sentencia.
Lacayo fue ministro de Economía del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), y dueño de la cadena de Farmacias Económicas.
La dirigente social Margarita Posada ha urgido a los magistrados de la Sala a respetar el derecho humano a la salud y no plegarse a los intereses de los grupos privilegiados de poder.
Posada subrayó que si el movimiento social y otras fuerzas lucharon 10 años por lograr la aprobación de la Ley de Medicamentos, está dispuesto a movilizarse todo el tiempo necesario para defenderla.