Guerrero en vilo
Manuel Nava
Chilpancingo.- Luego de varios días en que Guerrero se mantuvo en vilo por las movilizaciones magisteriales y el conjunto de organizaciones bajo la denominación de Movimiento Popular Guerrerense (MPG), diputados del Congreso del estado aprobaron el dictamen de la Ley Estatal de Educación, sin contemplar algunos puntos de la propuesta realizada por los maestros cetegistas.
Además, mediante la firma de un convenio de colaboración con el Sistema de Seguridad Ciudadana que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y el gobierno del estado, la administración estatal pagará salarios a los policías ciudadanos; se encargará de su capacitación con el apoyo del Ejército, lo que fue anunciado como una solución al problema planteado por las autodefensas en más de 40 de los 81 municipios de Guerrero.
La sesión ordinaria del pasado 23 de abril de la LX legislatura se trasladó al puerto de Acapulco y se habilitó el Centro Internacional de Convenciones como recinto alterno para evitar que las movilizaciones de maestros derivaran en desaguisados, como los vividos en las últimas cuatro semanas.
Así, 42 diputados locales votaron a favor en lo general y en lo particular el dictamen de reforma a la Ley Estatal de Educación propuesta por las comisiones unidas de Educación, Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública; hubo cuatro votos en contra y ninguna abstención. Votaron en contra del dictamen los perredistas Abelina López Rodríguez, Nicanor Adame, Jesús Marcial, y del Movimiento Ciudadano, Oliver Quiroz.
El dictamen contiene ciertos elementos propuestos por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación como son:
1.- La creación del Instituto de Profesionalización y Evaluación del estado, el cual propuso la CETEG, pero que fuera autónomo. El dictamen señala que se creará un instituto estatal para capacitar, profesionalizar y evaluar a los maestros pero vigilados por el sistema nacional de educación.
2.- El otorgamiento de plazas automáticas para estudiantes normalistas a través de concurso de oposición, lo que garantiza que quienes ocupen dichos espacios sean los egresados mejor preparados y capacitados para tal efecto.
3.- No podrán condicionarse la inscripción, la igualdad y prestación del servicio educativo, la aplicación de exámenes ni la entrega de documentos escolares al pago de cualquier cuota.
4.- Establecer la facultad del gobierno del estado “para que en el ámbito de su competencia” proponga a la Secretaría de Educación Pública estándares complementarios para el ingreso que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, incluidas las de la educación de los pueblos originarios.
“La adición que se propone no trastoca con el espíritu de la reciente reforma constitucional en materia educativa, sino por el contrario, se establece la garantía de que el proceso de asignación de plazas de base a egresados de las normales públicas de la entidad, por parte del gobierno del estado, se lleve a cabo en concurrencia con el gobierno federal.”
“Sin embargo, a juicio de estas comisiones, se debe de mantener el espíritu del reformador constitucional, en el sentido de que se garantice que la promoción a los cargos de dirección y supervisión se sujeten a los resultados del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.”
La gratuidad de la educación es un principio constitucional de primer orden, por lo cual “sin dudas ni reticencias, estas comisiones unidas consideran viable la adición de un artículo 65 bis que regule exclusivamente la gratuidad de la educación en el estado, y en el cual quede estipulada la obligación del Estado de seguir sosteniendo a las escuelas y acotar la participación de los padres de familia exclusivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que estas comisiones unidas lo consideramos totalmente procedente.”
Al finalizar la sesión, la opinión del diputado perredista Nicanor Adame Serrano fue “que era indignante que, desde el centro del país, se nos diga cómo legislar; tenemos que replantear los planes de estudio, la reforma educativa es más bien una contrarreforma laboral”.
A las 7:20 de la noche, en las instalaciones de la CETEG, los dirigentes del MPG iniciaron una reunión a puerta cerrada para determinar las acciones a seguir tras el resultado de la aprobación de la iniciativa.
La región de Costa Chica recriminó al gobernador: “Aguirre, exigimos que también evalúes a tus hermanos Juan y Laura Aguirre Meza”; aunque también señalaron “no queremos un Atenco en Guerrero”, en relación con la represión contra el Frente de Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, por policías estatales y federales, en 2006, que dejó dos muertos, cientos de detenidos y violaciones graves a los derechos humanos.
La autodefensa ya no es lo que era
El gobernador Ángel Aguirre y el coordinador de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, firmaron un acuerdo de colaboración para que se regulen y reconozcan a los grupos ciudadanos de autodefensa en Guerrero a través de un Sistema de Seguridad Comunitaria (SSC).
El acuerdo apunta a mantener el SSC como policía auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales, como lo plantearon el jefe del Ejecutivo estatal al Congreso del estado, y el senador Sofío Ramírez Hernández al Congreso de la Unión. También lo desvinculó de la delincuencia o de la guerrilla, sólo “es un grupo de ciudadanos interesado en coadyuvar en la seguridad pública en una región, en algunos municipios de nuestro estado, y que nosotros lo acogemos en el convenio de colaboración que hoy suscribimos”.
El dirigente de la Upoeg aseguró que la relación que mantendrán con el gobierno estatal sólo será de coadyuvancia. No se dieron detalles de los términos de ese convenio.
A su vez, el mandatario de la entidad expresó que con este acuerdo se busca identidad jurídica para los grupos de autodefensa, pero además resaltó que no estarán involucrados en temas del ámbito político, ya que su función será el resguardo y la seguridad de sus localidades o comunidades, pero además estarán en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Plácido Valerio, ligado al gobierno estatal
Desde el surgimiento del movimiento de autodefensa en Ayutla y Tecoanapa, que llevó a la creación del SSC, Plácido Valerio, como líder de la organización que lo encabeza, sortea los señalamientos de ser un sistema ligado al gobierno del estado.
En sus inicios, Placido Valerio fue integrante de la CRAC desde su fundación, en una zona en donde si bien se daban fenómenos de delincuencia como el asalto, el abigeato, el despojo de propiedades, también era zona de influencia del autollamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esto en los años en que el gobernador sustituto fue Ángel Aguirre Rivero.
Desde abril el 2011, se le ha visto muy cercano a Casa Guerrero y curiosamente desde esas fechas inició un proceso de ruptura en el interior de las CRAC. Desde las organizaciones sociales que inicialmente integraron la APPG, se le reclamó haber alentado la integración de grupos de la Policía Comunitaria en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Copala, San Marcos y Cruz Grande, una zona controlada hasta diciembre de 2012 por el crimen organizado.
Al inicio de este año, la orden en el interior de la UPOEG fue que “nadie hablará ante medios sobre el movimiento”, únicamente los dos líderes Crisóforo García, Comandante Guerrero, y Bruno Plácido Valerio.
El denominado Comandante Guerrero es un personaje efectivamente integrante de la policía comunitaria, pero de la montaña ubicada al otro extremo del estado, vinculado e incluso señalado como integrante del grupo subversivo denominado ERPI. El SSC tiene influencia en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia, Azoyú, Florencio Villarreal y Tierra Colorada. Desde el 6 de enero que surgieron, a la fecha, suman mil 910 policías, según Plácido Valerio.
Vandaliza CETEG sedes de partidos
Las voces demandaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero aplicar la ley, así sea mediante “el uso de la fuerza pública”, a quienes causaron los daños y sembraron el terror el 24 abril en Chilpancingo, donde atacaron e incendiaron instalaciones partidistas por más de dos horas.
Cuauhtémoc Salgado Romero, Andrés Bahena Montero y Carlos Reyes Torres, dirigentes del PRI, PAN y OPRD respectivamente, deploraron la actitud de los manifestantes, pero demandaron acción por parte del gobierno para frenar este tipo de expresión que contraviene la democracia y la paz social.
En respuesta, los integrantes de la CETEG apedrearon las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con lo cual reiteran que la línea de sus movilizaciones seguirá incluyendo actos de violencia.
A las 11.30 horas del 25 de abril, estudiantes de diferentes normales del país iniciaron la marcha sobre las laterales del boulevard Vicente Guerrero y se manifiestan en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para protestar por la liberación de los policías ministeriales implicados en el asesinato de sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, que fueron asesinados el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.
Junto al contingente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) marcharon maestros integrantes de la CETEG, pero al pasar por las instalaciones del SNTE lanzaron piedras y estrellaron cristales de las instalaciones de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Esta actividad es sólo para “recordar a nuestros compañeros caídos y denunciar la impunidad que hay en el caso, ¡por favor, no hay que desviarnos!”, gritaban frecuentemente los estudiantes normalistas, llamando al orden a los maestros disidentes, sin lograrlo.
Finalmente llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en donde minutos antes la fiscal guerrerense Martha Elba Garzón Bernal había abandonado las oficinas.
Al frente de la marcha de protesta portaron dos coronas con los nombres de los jóvenes que fueron abatidos a balazos durante el desalojo instrumentado por policías federales, policías ministeriales y preventivos del estado. La entrada principal del edificio fue resguardada por elementos de la policía preventiva estatal, habilitados con equipo antimotín, los que impidieron que el contingente ingresara en las instalaciones.
Desde horas de la mañana, las instalaciones de una hospedería en la zona Diamante de Acapulco, donde se efectuará la Convención Nacional Bancaria —evento que cada año reúne al sector privado y bancario del país—, estuvieron resguardadas por policías antimotines, cerrando el paso desde el Boulevard de las Naciones.
No obstante, ejidatarios de la comunidad de Lomas del Veladero, encabezados por César Sabino Palma Salinas, protestaron en el acceso porque, según su versión, el gobierno del estado ha imcumplido con el pago de tierras en esa zona.
Al cierre de esta edición, Minervino Morán, líder de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, advirtió que si el gobierno estatal o el federal aplican mano dura contra sus protestas, “esto va a complicar más las cosas, si va por esa vía de la represión, se viene una mayor confrontación en el estado de Guerrero”. También dijo que se promoverá un amparo para las personas contra quienes se liberó orden de aprehensión.