Acuerdan la Unión Europea y Estados Unidos
Bernardo González Solano
Como escribió el célebre autor de La dama de las camelias, Alejandro Dumas (hijo), “la banca siempre es el dinero de los demás”, por esto, los banqueros se han parapetado en el secreto bancario como la facultad que posee una entidad financiera —sobremanera los bancos—, ante las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes. El asunto podría ser totalmente aceptable —como de hecho ha ocurrido desde que se inventó—, pero resulta que tampoco es para proteger a los clientes sino a los propios bancos y sus dueños; hay mucho mar de fondo y demasiadas artimañas legales.
En los últimos tiempos, la tendencia oficial se orienta a desaparecer el susodicho secreto bancario. Con la irrupción internacional de la delincuencia organizada, muchos gobiernos consideran el dichoso secreto —que no es tal por infinidad de razones— como uno de los instrumentos principales del mercado negro y del crimen. Sin embargo, otros gobiernos, aun en los tiempos que corren, lo equiparan al secreto médico, e instan al Estado a respetar absolutamente esa esfera privada. México como el resto el mundo está inmerso en esta querella. Aquí, finalmente, se hará lo que hagan los países más poderosos económicamente hablando.
Por coincidencia, en el momento de redactar este reportaje se celebra otra Convención Nacional Bancaria en el violento puerto de Acapulco, Guerrero, donde les llegó la hora a los banqueros mexicanos que presuntuosamente anuncian que enfrentarán al gobierno los serios problemas de las instituciones crediticias mexicanas que afectan a sus indefensos clientes. Las características de la banca en México son alarmantes. En ellas se encuentra, entre muchas otras, el lavado de dinero, maniobra que impondría la cooperación de los bancos para detectarlo y denunciarlo, lo que va de la mano con la supervivencia, o no, del secreto bancario.
Muchos temas a discutir tiene la moribunda banca de desarrollo con el nuevo gobierno de México. El país necesita, urgentemente, bancos a la altura de las necesidades. No se olvide que estos establecimiento financieros —el más antiguo en el mundo y tercera entidad crediticia más importante de Italia, Monte dei Paschi, fundado en 1742, entró en crisis entre 2006 y 2009, cuando el exprimer ministro italiano, Mario Monti, dirigía el Banco de Italia— constituyen la columna vertebral de las economías nacionales. Por eso, la política y la banca van de la mano, aunque muchos lo nieguen. Los bancos no son empresas como las otras. No pertenecen al Estado, pero éste no los pierde de vista. Y cuando lo hace, el desenlace es de pronóstico reservado. No hay en el mundo del sector mercantil instituciones más controladas por el poder público que la bancaria.
El origen de la crisis
Por definición, en el centro de los intercambios financieros, los bancos son el origen de la mayor parte de las crisis. La locura especulativa que se ha apoderado de ellos estas tres últimas décadas ha cavado el lecho de la explosión de la deuda y de la implosión del sistema financiero mundial. Han alimentado con palas llenas de carbón los hornos de las burbujas inmobiliarias estadounidenses y españolas. Los bancos proporcionan el carburante de la economía y prenden la mecha al mismo tiempo.
Es legítimo, por tanto, que los Estados traten periódicamente de meter al genio en la botella imponiendo nuevas restricciones, sobre todo en el secreto bancario. La feria de las ideas está abierta, y la más popular es la de la separación de las actividades bancarias: de un lado, la buena vieja banca de operaciones al detalle, y, del otro, la del financiamiento (más crédito con intereses bajos) y del mercado, como pretende el actual gobierno priista.
De tal forma, desde hace décadas, organizaciones internacionales luchan contra el fraude fiscal y la corrupción favorecidas por las plataformas offshore (en el lenguaje de las finanzas, este término se refiere a la colocación de capitales en el extranjero, en la mayoría de los casos en paraísos fiscales.
En la década de 1990, la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE, cuyo director general es el economista y político mexicano José Angel Gurría Treviño; y el nuevo representante de México ante ese organismo es el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el veracruzano Dionisio Pérez-Jácome Friscione) incitó a los centros financieros offshore a levantar una parte del secreto sobre sus actividades y ser más vigilantes ante el blanqueo de dinero. Pero, como lo recuerda Robert Goulder, exjefe de redacción del periódico Tax Notes International, los esfuerzos en este sentido se redujeron en los años 2000 con el retiro del apoyo estadounidense decidido por el gobierno de George Bush.
Una segunda gran cruzada contra los paraísos fiscales —de acuerdo con lo dicho por Goulder— se lanzó cuando Washington se ligó a UBS (la antigua Unión de Bancos Suizos, sociedad bancaria y financiera con sede en las ciudades de Basilea y Zurich, que ahora tiene actividades de gestión de fortunas en el país helvético y maneja casi la mitad de los millonarios asiáticos), y en 2009 lo obligaron a desembolsar 780 millones de dólares para tapar el affaire en el que fue acusado de haber ayudado a norteamericanos para no pagar los impuestos correspondientes.
Washington y Berlín actualmente hacen presión sobre los bancos y los Estados para que compartan su información sobre los clientes y las cuentas offshore. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, el primer ministro David Cameron se comprometió a utilizar la presidencia del G8, el foro de los países más ricos del planeta, como palanca en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Sin embargo, las promesas de este tipo dejan escéptico cuando se conoce el puesto de los principales miembros del G8 que son Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en las redes del dinero sucio, donde son a la vez emisores y receptores.
Paraísos fiscales: una zona de impunidad
Pese a los nuevos esfuerzos emprendidos, los centros offshore son una zona de impunidad para todos los delincuentes financieros, deplora Jack Blum, antiguo investigador para el Senado de Estados Unidos y abogado especializado en los asuntos de lavado de dinero y de fraude fiscal.
De todas formas, el secreto bancario se resquebraja bajo la presión de la Casa Blanca en Europa. El tema figuró en la citada reunión del G8 el 11 de abril en Londres. El miércoles 10, Jean-Claude Juncker, el primer ministro de Luxemburgo, confirmó la intención de su país de levantar, a partir de 2015, una parte del secreto bancario que ha hecho la prosperidad del país. Luxemburgo es, con Austria, el Estado más reacio al movimiento de transparencia financiera y de cooperación aceptado en la Unión Europea.
El martes 9 de abril, Pierre Moscovici, ministro de Economía, Hacienda y Comercio de Francia, y sus colegas alemán, británico, italiano y español propusieron poner en práctica, primero bajo forma de proyecto piloto entre sus países, una plataforma automática de intercambio de informaciones bancarias, sobre el modelo impuesto por una reciente ley estadounidense. Una primera etapa, antes de que esta plataforma se extienda a todos los paraísos fiscales europeos y extraeuropeos (Suiza, Luxemburgo, etcétera).
Esta ley del Tío Sam, la Foreign Account Tax Compliance Act (ley sobre la conformidad fiscal de las cuentas extranjeras o Fatca), aprobada en 2010 y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2014, obliga a todos los bancos extranjeros a transmitir al fisco americano las informaciones sobre las cuentas, depósitos y rentas detenidas y percibidas por los contribuyentes estadounidenses en otras partes del mundo.
Contra la evasión fiscal
Aún no puede decirse que el secreto bancario ha sido vencido en Europa. Según los expertos internacionales, si hay un movimiento irreversible en este sentido, es muy pronto para afirmarlo. Según Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y de Administración Fiscales de la OCDE, “una nueva dinámica está en marcha, para continuar los avances hechos en 2009 gracias a la reunión del G8 en Londres y luchar de manera eficaz contra la evasión fiscal…” Parece lógico y oportuno que la Unión Europea trate de obtener lo mismo que Estados Unidos, un intercambio automático de datos abundantes incluyendo todos los países sin excepción.
Pese a los buenos deseos —que debería convertirse en una verdadera voluntad política— de acabar con el secreto bancario, no todo está dicho ni hecho. Información de hace pocos días indica que las autoridades suizas reafirmaron hace una semana su oposición al principio de intercambio automático de informaciones en materia de evasión fiscal y pusieron en claro que no pretenden relajar su secreto bancario, pese a las presiones de la Unión Europea.
En entrevista al periódico Matin Dimanche, Ueli Maurer, presidente de la Unión Helvética, afirmó que “no existe ninguna razón para cambiar de estrategia” en materia fiscal. De acuerdo con este funcionario, el secreto bancario es un valor “al mismo nivel que el secreto médico” por lo que “el Estado debe respetar absolutamente la esfera privada”.
Por su parte, el sábado 13 de abril, Eveline Widmer-Schlumpf, ministra de Finanzas de Suiza, declaró al periódico Le Temps, que “la Unión Helvética seguirá aplicando la norma internacional que es el intercambio de informaciones a la demanda y no el intercambio automático”. Agregó: “El intercambio automático de informaciones no está listo para imponerse mientras las plazas financieras de América y Asia rechazan ese modelo. Aunque podemos imaginar la coexistencia de varios estándares”. Mientras que para el presidente Maurer, “sólo la presión interna”, podría modificar su posición.
En fin, los ministros de Economía europeos lograron el viernes 12 de abril un amplio consenso sobre la necesidad de crear un frente común en lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Austria abrió grietas por su oposición a relajar su secreto bancario, aunque después se mostró favorable al intercambio de datos bancarios de foráneos.
El nuevo impulso para actuar contra los evasores fiscales tiene su origen en las recientes revelaciones sobre un gigantesco traslado de fondos a paraísos fiscales, lo que propició la unión de cinco países miembros para responder a este desafío. España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido decidieron crear un proyecto piloto para trabajar en el “intercambio multilateral de información, basado en el modelo acordado por Estados Unidos”.
De tal suerte, el presidente helvético Maurer sentenció: “Este paso es peligroso para Suiza… No debemos dejarnos influir por lo que pasa en Europa. En Estados Unidos o en Asia, este debate no es un tema. Por lo tanto no hay ninguna razón por lo cual deba serlo para nosotros”.
Al fin y al cabo, según dijo Dumas, “la banca siempre es el dinero de los demás”.