“A mayor reto, mayor crecimiento del movimiento popular”
Manuel Nava
Chilpancingo.- En tanto las autoridades estatales continúan amagando con la aplicación de la ley, los integrantes de la CETEG continúan derivando sus movilizaciones en actos vandálicos. La marcha del primero de mayo fue aprovechada para causar daños cuantiosos a Casa Guerrero —residencia oficial del gobernador en turno—, además de las instalaciones de la Auditoría General del Estado y a vehículos oficiales y particulares.
De la misma manera que ha ocurrido en ocasiones anteriores, los manifestantes, maestros pertenecientes a la CETEG, normalistas de Ayotzinapa, llevaban los rostros cubiertos e iban armados con palos, tubos, piedras y machetes.
Tras condenar los hechos, la Procuraduría General de Justicia del estado dijo que se integró la averiguación previa DGAP/082/2013 en la cual se fincan delitos de daños, ataques a la vías de comunicación y lo que resulte.
Al inicio de la semana, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, envió un mensaje político con motivo del segundo informe de labores, acto que se desarrolló bajo una fuerte tensión, no sólo por los sucesos previos sino por la clara amenaza de la CETEG de irrumpir durante el evento.
El informe de gobierno cambió su sede, primero del Congreso al auditorio Sentimientos de la Nación y posteriormente de nueva cuenta al Congreso.
Las instalaciones del Congreso local y sus alrededores fueron blindadas desde las primeras horas del lunes 29 de abril, con cientos de policías estatales, transportistas y grupos civiles. Además, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC), así como integrantes del equipo de seguridad del gobernador, cerraron con vallas metálicas todos los accesos al Congreso.
Sin embargo ese día, los mentores se mantuvieron en el plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), en la avenida Ruffo Figueroa, al sur de la ciudad. En el campamento de los maestros estaban listas las pancartas y lonas para la marcha.
Minervino Morán, vocero de la CETEG, dijo que se cancelaron para evitar una confrontación del pueblo contra el pueblo, porque sabiendo del conflicto, el gobierno estatal trajo transportistas y población de las colonias, para enfrentarlos con los maestros.
En su mensaje, Aguirre Rivero dijo “en relación con los hechos ocurridos recientemente, acontecidos en nuestra ciudad capital, donde se mostraron imágenes violentas e irracionales, propias de vándalos y delincuentes, reafirmo mi convicción para que los responsables respondan ante la ley, porque la impunidad y el daño a una sociedad no puede ser, de ninguna manera, negociable”.
Además señaló que “en los conflictos de intereses entre los guerrerenses hemos intervenido, no con debilidad, sino con prudencia, tolerancia, determinación y sin dobles discursos, anteponiendo siempre los elevados intereses de Guerrero”. Recordó que juró hacer cumplir la Constitución “y asumir sus compromisos exige enorme esfuerzo y sentimiento de responsabilidad con la historia y la patria”.
“Lo he señalado públicamente y hoy lo reiteró, mi gobierno no permitirá bajo ningún concepto, que se rompa el Estado de derecho, que con tanto trabajo hemos construido los guerrerenses”, agregó.
En conferencia de prensa, posterior al evento del mandatario estatal, Minervino Morán Hernández, vocero de la CETEG, dijo que los delincuentes se encuentran en su gobierno, porque ahí existe la corrupción y se divide a las organizaciones con el uso irregular del dinero público.
Anticipó que sí van a solicitar amparos para todos los dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense, y que serán abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan quienes elaboren el escrito que presentarán en un juzgado federal para evitar la detención de los 39 líderes, por órdenes del gobernador, y que confirmó la procuradora Martha Elva Garzón.
“No sabemos —dijo— para quiénes son esas 39 personas con órdenes de aprehensión”, pero consideró que existe un riesgo para todos los dirigentes y para las bases que participan activamente en el Movimiento Popular Guerrerense, porque hay un hostigamiento constante, durante el día y la noche, de patrullas estatales y federales que merodean el campamento.
Desde el anuncio hecho por las autoridades de que habría órdenes de aprehensión, González Juárez Ocampo, secretario general de la CETEG, dejó de ser visto. El lunes en el plantón tampoco se le vio. Sin embargo, fuentes cercanas indican que el dirigente ya salió del estado y que el aparente doble discurso táctico que se hizo evidente desde el miércoles anterior, en realidad es producto de una diferencia de posturas pues Juárez Ocampo se pronuncia por un repliegue táctico mientras que Morán Hernández insiste en mantener la movilización pues los frutos están a la vuelta de la esquina.
El vocero de la Ceteg evitó dar detalles de la ausencia del secretario general y añadió que vecinos de la capital y manifestantes están en alerta de una posible intromisión policiaca, porque en el plantón también hay niños de La Montaña y de otras regiones; “que lo piense el gobernador antes de reprimir el movimiento”, advirtió.
Uopeg y crac son buenas
En su mensaje político, Aguirre Rivero fue enfático al señalar que en Guerrero se mantiene la paz social y la gobernabilidad y que la irrupción de los movimientos sociales, aglutinados en torno a la UPOEG y la CRAC, “no atentan contra el Estado de derecho ni la gobernabilidad”.
Argumentó que “se han visualizado las causas que originaron estos movimientos”, “que atendemos con diálogo permanente y coordinación en las tareas de seguridad pública, implementando programas de desarrollo”.
De esta manera, resulta que los grupos de ciudadanos en armas que surgieron en diciembre del 2012 en La Montaña y a principios de enero del 2013 en Costa Chica, “no irrumpen con violencia, ni desconocen a ninguna autoridad legítimamente constituída, a ningún comisario o presidente municipal, mucho menos al gobierno del estado, ni a los poderes legislativo o judicial”.
También ligó el caso de Ayotzinapa al señalar: “Respecto a los lamentables acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, donde murieron dos estudiantes y el trabajador de la gasolinera, informó que se ha estado acatando la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Se ha impulsado, insistió, el desarrollo académico de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con una inversión de 56 millones de pesos, con el pago oportuno de becas, la dotación de material didáctico y el fortalecimiento de su infraestructura.
También habló sobre la instalación de la Comisión de la Verdad y confirmó “el compromiso con las víctimas de la guerra sucia durante las décadas de los años 60 y 70, para que se haga justicia, y alcanzar la reconciliación de los guerrerenses, garantizando que ese tipo de hechos jamás se repita”.
Pero puede pasar
Abelina López Rodríguez, diputada local perredista, consideró que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) escalará si el gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue ignorándolo y tratando de enviar el mensaje hacia afuera de que en el estado “no pasa nada”. El acto del segundo informe en el Congreso “fue un reto al magisterio”.
En su opinión, el gobernador debió hacer “el recuento de dos muertos, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el conflicto magisterial y las autodefensas”, que son temas que omitió o de los que habló de manera superficial.
La diputada aseveró que el gobernador Ángel Aguirre retó al magisterio al realizar su informe en el Congreso local, reuniendo a los dos poderes con los que la CETEG rompió el diálogo, y “a mayor reto, mayor crecimiento del Movimiento”. Reprochó que el gobierno del estado minimice el MPG, “esto va para más, porque es un engaño desde lo institucional, creyendo que no pasa nada ante un pueblo que reprocha por la desigualdad”, advirtió López Rodríguez.
Debe recordarse que Abelina López Rodríguez, diputada perredista, se identificó desde el principio a favor de las demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que como parte de las 39 ordenes de aprehensión giradas por jueces penales en contra de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), dos de ellas ya fueron ejecutadas, siendo detenidos José Lucas Juárez Tlatempa y Genaro Guevara Hernández, como presuntos responsables de la comisión de los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños los cuales de inmediato fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que ordenó su aprehensión
La Procuraduría General de Justicia del Estado informa también que las detenciones de los dos integrantes de la CETEG antes mencionados se llevaron a cabo respetando la integridad física, dignidad y derechos humanos de los inculpados.
Asimismo se agregó que están en curso los operativos para la búsqueda, localización y captura de otros miembros de la CETEG contra los cuales ya han sido obsequiadas por jueces penales las correspondientes órdenes de aprehensión.