Susana Hernández Espíndola
Sobreviviente a varios ataques, e incluso al riesgo de su completo descarrilamiento, la reforma migratoria de Estados Unidos enfrenta su primera prueba de fuego en el segundo y último mandato del presidente Barack Obama. A partir de este jueves, se inicia, en el Comité Judicial del Senado, el debate del proyecto de ley sobre reforma migratoria, que fue presentado, en abril pasado, por el llamado Grupo de los Ocho (integrado por cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas).
Defensores y detractores se alistan ya para una álgida discusión de la “Ley de 2013 para la Seguridad Fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración”, que contempla desde el cobro de impuestos atrasados a los indocumentados que deseen legalizar su situación, hasta la gracia de la residencia en la Unión Americana, por 13 años, para obtener la ciudadanía.
En términos generales, el proyecto de ley —de 844 páginas— pretende reforzar los controles fronterizos, permitir la legalización de muchos trabajadores poco calificados —como los agrícolas—, obligar a los empleadores a verificar la condición legal de sus contratados y abrir la oportunidad para que alrededor de 11 millones de personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos se conviertan en ciudadanos.
No obstante que en su primera campaña presidencial, en 2008, Obama prometió a los votantes latinos una reforma migratoria, no fue sino hasta 2012 cuando pudo colocarla como prioridad en su agenda de trabajo y se mostró decidido a concretarla. Fue así que el “gigante dormido” (el poder hispano) despertó y demostró ser un jugoso capital político. Obama logró reelegirse en la presidencia al obtener también un 71 por ciento del voto latino. Para los republicanos, con el 27 por ciento de sufragios que recolectó su candidato, Romney, quedó muy claro que quien quiera llegar a ocupar la Casa Blanca nunca más deberán ignorar a la comunidad hispana.
Los protagonistas
Además de los indocumentados, la comunidad latina, los republicanos y demócratas, existen otros grupos, no menos importantes, que también forman parte del debate migratorio.
Dreamers: Fueron los niños que llegaron a EU, llevados por familiares, no por cuenta propia. Son estadounidenses en todo el sentido de la palabra, a excepción de no contar con un documento oficial que lo compruebe. Se han convertido en la punta de lanza del movimiento pro inmmigrante. Desde hace por lo menos una década han buscado su legalización, la de sus familias y la de los indocumentados. Se calcula que cada año, unos 65 mil estudiantes indocumentados logran graduarse de la educación secundaria.
Biblias, Insignias y Empresas o BBB (por sus siglas en inglés): Integrado por grupos religiosos, agencias policiacas y empresas, éste influyente movimiento conservador pretende lograr, dentro del Partido Republicano, los votos necesarios para aprobar la reforma migratoria. Las diversas iglesias no están dispuestas a perder a sus feligreses indocumentados. Los grupos policiales esperan que las personas sin documentos coadyuven en la seguridad, reportando cuando son víctimas o testigos de un delito. Y las empresas requieren mano de obra extranjera, que va desde profesionales hasta trabajadores no especializados.
Frontera: El argumento de garantizar la seguridad fronteriza echó abajo la reforma en 2007. Ahora, en 2013, la frontera está más segura que nunca. El reciente informe del Instituto de Política Migratoria concluyó que, en el 2012, Estados Unidos gastó 18 mil millones de dólares sólo en la aplicación de leyes migratorias —más que el FBI, la DEA y el Servicio Secreto juntos—. Con tecnología de punta, bardas virtuales y físicas, y el doble de agentes fronterizos, los cruces de indocumentados están a su nivel más bajo en 40 años.
Movimiento antiinmigrante: Compuesto por organizaciones, grupos e instituciones que van desde las extremistas asociaciones neonazis, hasta reconocidos centros de investigación, como el Fondo Pioneer, con sede en Washington, D.C., este sector detuvo, con su férrea oposición, la reforma migratoria en 2007. Con ese logro, impulsó la aprobación de medidas antiinmigrantes a nivel estatal, que dieron paso a leyes como la SB 1070, de Arizona, o la HB 56, de Alabama.
Sector agrícola: Se estima que 72 por ciento de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son extranjeros y, de ellos, entre 75 y 90 por ciento son indocumentados que viven en condiciones de grave explotación. La falta de mano de obra estadounidense para realizar esas arduas faenas, fue evidente cuando Alabama implementó la ley HB 56 y los agricultores perdieron sus cosechas, porque los indocumentados dejaron de laborar ante el temor de ser deportados. El proyecto de ley AgJOBS (siglas en inglés de Oportunidades de Trabajos Agrícolas), que formaría parte de un plan de reforma migratoria amplia, pretende legalizar a más de 1.5 millones de campesinos y proporcionales las protecciones laborales de las que actualmente carecen.
Alianza para la ciudadanía (A4C): Esta coalición, conformada por sindicatos y organizaciones locales de base, estatales y nacionales, busca presionar al Congreso y a la administración gubernamental —por medio de marchas, manifestaciones, visitas a legisladores, y a través de las redes sociales—, para lograr una reforma migratoria que contenga una vía a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados, y no una legalización sin ciudadanía, como han propuesto algunos republicanos.
Sindicatos: Cientos de trabajadores indocumentados forman parte de los sindicatos y, año con año, han renovado las reducidas filas de empleados estadounidenses agremiados. Pretenden regular los futuros flujos de trabajadores, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Entre los de mayor protagonismo, se encuentran la central sindical AFL-CIO y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Son parte activa del movimiento pro reforma migratoria.
Una nación de inmigrantes
El asentamiento de extranjeros en el territorio al norte del Río Bravo no sólo representó su surgimiento como nación, sino la base para su desarrollo económico, político, social y cultural. Sin embargo, desde hace algunas décadas la inmigración se ha convertido en un gran problema para Estados Unidos.
La primera gran ola de inmigrantes a lo que hoy conocemos como la Unión Americana, se dio durante los siglos XVII y XVIII, con la llegada de ingleses, franceses, españoles, irlandeses, noruegos, suecos, holandeses y africanos esclavos.
La segunda ola de arribos al ya erigido como un país independiente, se dio entre 1820 y 1870. La mayoría eran alemanes e irlandeses, pero la fiebre del oro y la oferta de empleos en el ferrocarril transcontinental atrajo a decenas de miles de chinos. Esto provocó, precisamente en 1870, el establecimiento de las primeras leyes restrictivas de ingreso al país.
Entre 1881 y 1920 se dio la tercera ola y llegaron a EU más de 23 millones de personas, en su mayoría de Europa Oriental y del Sur, que aprovecharon los viajes transatlánticos baratos y la demanda de empleo.
En 1924, Estados Unidos aprobó el Acta de Orígenes Nacionales, que impuso límites al número de inmigrantes que se permitía entrar por año al país. Y cuando ocurrió la Gran Depresión, en 1929, entraron en vigor nuevas leyes, más restrictivas, que hicieron que la inmigración se fenara durante varias décadas.
El 4 de agosto de 1942, Estados Unidos inauguró un ambicioso programa de trabajadores agrícolas, que permitió la entrada a millones de “braceros”, que hicieron de sus campos los más productivos del mundo. El programa concluyó en 1964, cuando Lee G. Williams, un funcionario del Departamento del Trabajo lo describió como “una esclavitud legalizada”. Durante esos 22 años, entraron al vecino país del norte cuatro millones de trabajadores mexicanos.
Una cuarta ola de inmigrantes, principalmente del Caribe, se dio a partir de la década de los 60. Los cubanos se convirtieron en el tercer grupo latino con mayor población en los Estados Unidos, después de los mexicanos y los puertorriqueños.
La mayor ola migratoria de toda la historia ocurrió a partir de la década de 1980, con grandes masas de latinos (de México, Centroamérica, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador) desplazándose, por el hambre y la falta de empleo a la Unión Americana. Desde entonces en el Congreso se han debatido varios proyectos de legalización de indocumentados.
En 1986, con la aprobación del Acta de Control y Reforma Migratoria, una amplia amnistía para indocumentados que cumplían ciertos requisitos, casi 3 millones de inmigrantes recibieron su residencia legal.
Al cumplirse los primeros 13 años de este siglo, sobreviven en Estados Unidos más de 50 millones de latinos con un poder adquisitivo que supera los 950 mil millones de dólares al año. Hay también más 11 millones de indocumentados, de los cuales seis millones son mexicanos.
Una histórica reforma
Tras los fracasos de Ronald Reagan y George W. Bush para reformar el sistema migratorio, de lograrse esta vez se romperían 30 años de estancamiento y los Estados Unidos darían un paso histórico para resolver uno de sus problemas más graves.
No obstante, si se diera una eventual aprobación de la reforma en el Senado —dominado por el ala demócrata— faltaría aún su discusión y aprobación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
Falta también remontar la ofensiva lanzada por el viejo bastión intelectual de la derecha conservadora, representado por la Heritage Foundation, que afirma que la iniciativa de reforma migratoria costará al erario estadounidense 6.3 billones de dólares.
Circunstancia inesperada
Por fortuna, una mano invisible ha comenzado a operar y las gestiones estatales sobre la inmigración ilegal se han acelerado en todo Estados Unidos. Así, ante la pasividad federal se han puesto en vigencia normas locales para abaratar los estudios, fomentar las oportunidades laborales y otorgar licencias de manejo a los indocumentados. Así que aún vienen muchas sorpresas.