En el DF
Por fin, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa procedieron a cumplir el mandato del Constituyente permanente.
El día 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución. El artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución estableció un plazo de tres años a partir de la publicación de la reforma para adecuar la legislación en las entidades federativas para implantar el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de las penas derivadas de la comisión de delitos.
La reforma resulta estructural, ya que supone que ahora será el órgano judicial quien determine la modificación de las penas impuestas por sentencia, eliminando dicha atribución del ámbito de jefe de Gobierno a través de la Secretaría de Gobierno y la subsecretaría del Sistema Penitenciario.
La adecuación del marco jurídico en el Distrito Federal se realizó a través de la expedición de una Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Superior de Justicia y de la Administración Pública del Distrito Federal.
El proceso para que los sentenciados puedan solicitar beneficios a los cuales tendrían derecho conforme a la ley, ahora será de carácter oral, bajo los principios del nuevo sistema penal acusatorio que señala la Constitución: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Además dichos procesos serán videograbados y las partes podrán solicitar reproducciones de dichas grabaciones.
Cabe señalar que en esta disposición, el Tribunal Superior de Justicia manifestó su oposición en una mala entendida defensa de los jueces. Sin duda esta medida abona a la transparencia de dicho proceso y pone en una caja de cristal el desempeño de los jueces cuya labor requiere, en esta etapa de la democracia mexicana, un mayor escrutinio.
Todos merecemos una segunda oportunidad. Bajo esta visión es que la reforma constitucional impulsa un sistema de reinserción social que busca darle a la persona que ha ofendido o lastimado a la sociedad al cometer un delito, las alternativas para reparar el daño y poder reincorporarse a la ciudadanía.
No estamos ante la solución al problema de las cárceles, pero sí ante una herramienta legislativa que establece las bases jurídicas de políticas públicas que logren sanear al sistema penitenciario mexicano.