Los intereses del país son primero
Alejandro Zapata Perogordo
La reforma constitucional en materia educativa es un importante paso para avanzar en el desarrollo del país. Por sí sola es insuficiente; debe concretarse en las leyes secundarias para hacer efectiva su puesta en marcha.
La tarea no es sencilla, existen grupos que se han opuesto, sienten pasos en la azotea y aprovechan la coyuntura abanderando la disidencia, creando desmanes, presionando al grado de llegar a la violencia. La disyuntiva del Estado es ceder al chantaje y regresar a lo mismo, o dar luz verde y seguir caminando por el rumbo señalado en la Constitución.
El primer paso lo acaba de dar el Senado de la República al nombrar a los miembros del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, organismo autónomo encargado de elaborar y aplicar los instrumentos técnicos para medir el funcionamiento del modelo y sistema educativo, y avanzar en una visión estratégica en la educación.
Una transformación así implica buscar los consensos más amplios posibles, entre padres de familia, académicos y docentes. A estos últimos les inquieta el término permanencia.
Se debe dilucidar el grado que la Constitución otorga a la educación; la fracción V establece que la educación, desde la inicial hasta la superior, son necesarias para el desarrollo de la nación. La educación como eje del desarrollo es una función prioritaria del Estado. Quienes estén a cargo de llevarla a cabo deben contar con los atributos necesarios para cumplir con responsabilidad.
La evolución del sistema educativo y del propio modelo implica la revisión del personal humano, para posibilitar el cumplimiento del objetivo: capacitado, apto y suficiente para su implementación.
El conflicto está entre quienes ocupan un cargo de maestro y carecen de estándares necesarios para esa labor y, al pretender su permanencia sin los atributos correspondientes, se sienten amenazados con un desplazamiento.
Esto obliga a un periodo de ajuste en la implementación del nuevo sistema educativo. El Estado se encuentra obligado a capacitar a los maestros en activo, éste es un principio básico de los criterios laborales, y a realizar periódicas evaluaciones. El problema estriba cuando el maestro no alcanza el perfil requerido, ni aun con la capacitación. ¿El Estado está obligado a mantenerlo como tal, o a prescindir de sus servicios?
Los docentes que no cumplan los estándares no convienen en las aulas, pues afectan los derechos de la niñez, a las nuevas generaciones, su ingreso al conocimiento y a prepararse adecuadamente. Los derechos de los maestros no aptos no pueden estar sobre los derechos de terceros, menos sobre áreas prioritarias del país. Sería absurdo si el Estado estuviera obligado a mantener a maestros no útiles socialmente, poniendo su interés individual frente al interés general del país.
Por eso es correcto decir: en educación, ni un paso atrás.