Entrevista a Omar Fayad/Senador del PRI

Moisés Castillo

El filósofo inglés James Harrington dijo alguna vez que “la traición no triunfa nunca. ¿Por qué? Si triunfa nadie la llama ya traición”.

Y al parecer fue lo que sucedió en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, una historia de traiciones, chantajes y falta de credibilidad en la guerra contra el narcotráfico.

El exsubsecretario de la Defensa Nacional estuvo preso casi un año por tener supuestos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero al final la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que dar marcha atrás al admitir que no pudo corroborar los dichos de Jennifer, el testigo protegido estrella del sexenio pasado.

En las últimas semanas se abrió otra ruta en este laberinto espinoso. Cuitláhuac Salinas, ex subprocurador en Delincuencia Organizada de la PGR, afirmó que el general fue víctima de un complot de militares que usaron la Procuraduría con fines políticos personales, aunque el exzar antidrogas no dio nombres de este señalamiento.

“La investigación en su conjunto fue dirigida por personal del Ejército, algunos elementos del Ejército. La Procuraduría fue utilizada como instrumento por algún personal que podría formar parte del Ejército, ya sea un militar o militares que estuvieron interesados en perjudicar a Ángeles Dauahare.”

Asimismo aseguró que la exprocuradora Marisela Morales instruyó que él no sería enterado de todos los asuntos de la SEIDO. Además, dijo, Morales cedió a algunos militares —en específico al mayor del Ejército Gerardo Salazar Bolaños— el control de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud (UEIDCS). Este último dirigió la investigación contra Tomás Ángeles y el resto de los generales que aún permanecen en la cárcel.

“Jamás vi el expediente, nunca tuve acceso de manera directa a él, tuve conocimiento del expediente, porque estuvo bajo control directo de Salazar Bolaños y de la gente que él designó… Lo único que es de mi conocimiento es que esa investigación que se llevó en la SEIDO estuvo al margen de mi conocimiento y que la investigación en su conjunto fue dirigida por personal del Ejercito.”

Sin embargo, para Ricardo Sánchez, abogado defensor del general Ángeles Dauahare, la postura del extitular de la SEIDO carece de credibilidad.

“Me resulta difícil creer que el subprocurador no conociera el trámite de un asunto tan relevante, no obstante que en los amparos que yo promoví lo señalé como autoridad responsable y, hasta donde sé, en la SEIDO hay una cadena de mando y de decisión… Cierto que había militares que intervinieron en la investigación, sin embargo, el agente del ministerio público que tramitaba la averiguación previa era Jorge Francisco Rubio Salgado, el cual es civil, hasta donde yo tengo entendido.”

En tanto, el líder del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, urgió a que se deslinden responsabilidades en el asunto que deja en entredicho la actuación de la PGR.

“Todo hecho que constituya una falta legal debe ser investigado y sus responsables sancionados de manera general… (involucramiento del Ejército). Eso lo llevó a su penetración y por tanto al debilitamiento de una institución que debe ver cumplir los fines constitucionales, que es resguardar la soberanía.”

Algunos medios como Milenio revelaron que militares que encabezaban la UEIDCS de la PGR fueron acusados de torturar y amenazar de muerte a quienes no declaraban contra el general Tomás Ángeles Dauahare. Así lo dice el testimonio del abogado José Gerardo Ortega Maya, yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, exsecretario de la Marina Armada de México, quien se negó a declarar contra el general y responsabilizó al teniente coronel Avigaí Vargas Tirado de ordenar su tortura.

Para Omar Fayad, senador del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el gobierno mexicano tendría que pedir una disculpa pública por la mala actuación de la PGR a fin de subsanar la imagen pública del general Ángeles Dauahare.

“Hoy el procurador tendrá la obligación de investigar a fondo el caso y ver efectivamente quién construyó la acusación al general, si había algún otro interés o un complot para sacarlo de la jugada política, porque un general de ese rango tenía la posibilidad de encabezar la Sedena. Creo que la PGR tiene mucha chamba, hay que dejar que el procurador trabaje.”

 

Fracasó la lucha antinarco

¿Cuál es su lectura de las polémicas declaraciones del extitular de la SIEDO?

Esos dichos son dignos de investigar. Si lo está diciendo el extitular de la SIEDO y esto ocurre después de que salió libre el general Tomás Ángeles, hay que deslindar responsabilidades. Hay que pedirle a la autoridad competente —que es la PGR— que realice la indagatoria necesaria para saber si es cierto el complot. Sin embargo, creo que la pasada administración abusó de la figura de los testigos protegidos, como también del arraigo. Es increíble que en vez de investigar delitos le hicieran caso a verdaderos delincuentes. Creo que las declaraciones de los delincuentes no deben de tener ningún valor. No es posible que a un general del Ejército lo hayan detenido e iniciado una averiguación previa, consignado y tratado de juzgar sin ninguna prueba, sólo la declaración de un testigo protegido o de un “testigo pagado”. Esto hace dudar de la procuración de justicia en el sexenio de Calderón, es abominable lo que ocurrió, no tiene nombre, porque acusaron a inocentes y abusaron de las figuras legales a su antojo, violando los derechos humanos. Se tiene que regresar al viejo principio del derecho penal: primero se investiga y luego se acusa, y no al revés. No creo justo que la vida de una persona que trabajó intensamente por México, un testigo protegido venga a destrozarla, o un complot armado por sus colegas. Vamos a esperar cómo termina esta novela que parece de Stephen King.

 ¿Hay planes para llamar a comparecer a exfuncionarios públicos como Marisela Morales y Genaro García Luna?

No lo hemos planteado porque no creemos que esté dentro de nuestras atribuciones. Lo que creo es que esto, si en todo caso hay que citar a la exprocuradora, le corresponderá al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, después de una investigación amplia. Será en su caso el Ministerio Público o un juez quienes decidan si la exprocuradora y otros funcionarios de la pasada administración deben comparecer y declarar lo que sepan del caso.

La violencia en las calles y la mala integración de las averiguaciones previas, ¿se puede decir que la lucha antinarco de Calderón fue un desastre?

La lucha anticrimen del presidente Calderón fracasó, sin duda. Advertí algunas de estas cosas el mismo día que detuvieron al general. El tiempo nos dio la razón. Creo que falló totalmente la estrategia de Calderón, en el nombre guerra, en la guerra presupone que se vale todo, y aquí se deben respetar los derechos humanos. Se tiene que velar por los derechos de las víctimas; hubo tantas violaciones a los derechos humanos que los delincuentes como Florance Cassez que, por violar sus garantías individuales y el debido proceso, salió libre. Falló la coordinación, las acciones, el apego a la ley. En materia de seguridad y en materia de justicia, el plan de Calderón fue un verdadero fracaso. Teníamos una Procuraduría que no investigaba, autoridades que no tenían comunicación. El caso que es la cereza en el pastel de la estrategia contra el narco es el de uno de los delincuentes más buscados: Heriberto Lazcano Lazcano, alías El Lazca, líder de Los Zetas. Vino a demostrar que toda la estrategia era una farsa, no había estrategia, y que las acciones estaban de cabeza y echas con las patas. Si hubieran seguido protocolos, lo que la ley señala, si hubieran actuado con un procedimiento penal adecuado, tendríamos otra historia. La Procuraduría de Coahuila hizo toda la chamba. Todos sabíamos el pleito que había entre la Secretaría de Seguridad y la PGR, por eso cambiaron a tantos procuradores. No sabía qué hacer Calderón con la PGR. Marisela, pobre mujer. No supieron lo que le pusieron en las manos y luego la pobre no supo qué hacer, era demasiado para ella.

 

Estrategia con mando y cabeza

¿Cómo queda el Ejército si se comprueba que militares actuaron con dolo contra el general Tomás Ángeles?

Desgraciadamente cuando uno se porta mal, el rebaño perjudica a todas las ovejas. Si llegan a descubrir que hubo militares involucrados en incriminar falsamente al general Ángeles, es evidente que habrá costos y repercusiones. Sin embargo, las instituciones deben ser respetadas, y unos cuantos elementos que se conduzcan mal no representan el Ejército. Nunca podemos generalizar y menos a una institución como las Fuerzas Armadas.

¿Existe una nueva estrategia antinarco del gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cuáles son estas señales?

La señal más clara es que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública para que la estrategia tenga mando y cabeza. Y la cabeza es el secretario de Gobernación porque así lo dispuso el presidente, es el jefe de seguridad en su ausencia. ¿Qué significa esto? Que el titular de Gobernación puede convocar al gabinete de seguridad y poner en orden las cosas para que haya coordinación, cosa que no tuvo la estrategia de Calderón. La actual administración tiene mando vía el secretario de Gobernación. Regionalizar el país, juntar los sistemas de inteligencia, coordinar la Procuraduría, el Ejército y la Armada con la Secretaría de Gobernación. Establecer la constitución de un nuevo cuerpo de seguridad que será una Gendarmería Nacional. En vez de echarle la culpa a estados y municipios, caso típico de Calderón, se busca una coordinación general. Pero lo más importante —pregúntale a la ciudadanía— es su percepción sobre la seguridad. Calderón hacía apología de la delincuencia. A los delincuentes los hacía aparecer en horarios estelares en TV con armas aseguradas. El actual gobierno trata a los delincuentes como lo que son. Eso también es un cambio importante en la estrategia del nuevo gobierno, no usar los medios para enaltecer a los delincuentes.

¿Qué falta aún por legislar para alcanzar un sistema de justicia eficaz?

åFalta todo. Pero ya se inició el trámite legislativo. En materia de arraigo los diputados ya tienen una iniciativa. Y en el Senado hay una que presentamos Miguel Romo, Cristina Díaz y yo. Es una iniciativa en materia de arraigo que se tendrá que discutir a la par en San Lázaro. De ambas cámaras sacaremos una nueva figura que no se parezca en nada a la actual, que tenga control constitucional, control de un juez, que se lleve un debido proceso. Y lo mismo haremos con los testigos protegidos. Un delincuente que quiera reducir su pena habla y despotrica contra servidores públicos inocentes, sin pruebas. Esto debe cambiar radicalmente. Tenemos que cambiar esta época de sangre y violencia que nos dejó el gobierno de Calderón, pero sobre todo de impunidad.