Un tribunal Colegiado desechó 13 recursos por extemporáneos con los que la Secretaría de Educación Pública pretendía cancelar las suspensiones provisionales que tres jueces federales de Puebla otorgaron a miles de maestros para que no sean despedidos en caso de reprobar eventuales evaluaciones, relacionadas con la reforma constitucional en materia educativa.
Fuentes del Poder Judicial Federal informaron que el segundo tribunal colegiado auxiliar de la segunda región, también con sede en Puebla, desechó ese recurso de queja, por lo que quedaron firmes suspensiones que amparan a miles de maestros.
Explicaron que la SEP tenía hasta el último minuto del pasado 22 de abril para presentar esos recursos de queja, debido a que el plazo legal para ello era de 24 horas a partir de la notificación que dieron los jueces a esa secretaría el día que concedieron las suspensiones.
Las quejas fueron promovidas por la SEP hasta el 23 de abril, rebasando con ello el plazo de 24 horas que establece la nueva ley de amparo.
Por el momento no está claro cuántos maestros han sido beneficiados con el otorgamiento de suspensiones de amparo, ya que la mayoría de las demandas que obtuvieron suspensión están integradas por amparos colectivos.
Al quedar firmes dichas suspensiones, no significa que los maestros beneficiados pueden evitar ser evaluados por la SEP, sino, exclusivamente les garantizarán no ser despedidos en caso de que reprobaran dichas evaluaciones.
Además de la SEP, la Presidencia de la República también impugnó las suspensiones de los maestros, pero en su caso, los recursos fueron desechados porque las resoluciones judiciales emitidas por los jueces para no aceptar los derechos laborales de los maestros no fueron dirigidas a esa autoridad sino únicamente a la SEP.
La mayoría de las demandas de amparo individuales y colectivas presentadas a partir del 3 de abril pasado han sido desechadas por los jueces de distrito encargados de este caso ya que en esa fecha entro en vigor la nueva Ley de Amparo, que prohíbe expresamente dicho recurso para impugnar reformas a la Constitución.