Por una democracia menos onerosa y más eficiente

Alejandro Zapata Perogordo

Hace unos días, las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión  presentaron una iniciativa de reforma constitucional para transformar el actual Instituto Federal Electoral en otro cuya denominación sería Instituto Nacional Electoral, y su función primordial consistiría en organizar y conducir los procesos electorales de todo el país, tanto en lo federal como en lo local.

Un cambio de esa envergadura trae consigo una serie de ventajas que a simple vista parecen sencillas, pero que tiene su grado de complejidad, y también con un diseño de esa naturaleza habrá quien levante la voz por tratarse de una propuesta centralista.

Actualmente se pasa por una crisis política, lo único que ha atemperado los ánimos es el Pacto por México, instancia que también ha sufrido descalabros. En buena medida, sin eludir otras causas, proviene del mal sabor de boca que han dejado los procesos electorales, dejando precedentes de gran insatisfacción, tanto en el ámbito federal como en elecciones locales.

De ahí deriva propiamente la propuesta; el clima de desconfianza obliga a sentar nuevas bases de contiendas políticas, fortaleciendo la facultad del árbitro. Esto implica la desaparición tanto de los institutos locales como de los tribunales estatales, para que esas funciones la realice tanto el Instituto Nacional de Elecciones como el Tribunal Federal Electoral, organismos que en la actualidad ya cuentan con una infraestructura nacional, y podrían echar mano de capital humano e infraestructura que actualmente se encuentran en los estados.

Mediante ese cambio, sin duda, nuestra democracia electoral bajaría considerablemente sus costos, aunado a que en la iniciativa también se propone una reducción sustancial al financiamiento de los partidos políticos, y mayor margen para su fiscalización y vigilancia a efecto de evitar el uso de recursos públicos o de dudosa procedencia.

Se añade como causal de nulidad de elecciones el rebase de topes de campaña; esta  sanción es la más alta que puede existir, sin embargo, lo ideal es que nunca se tenga que aplicar, y por lo mismo los contendientes se inhiban de caer en ello, a fin de que todos se apeguen a la legalidad.

Otra de las cuestiones por destacar consiste en homogeneizar las reglas procesales, ya que cada estado tiene las suyas; de esta manera habría un código electoral único para todo el país, sin necesidad de tener una cantidad exorbitante de normas en la materia, lo que daría pauta a una interpretación, definición de criterios y aplicación armónica.

La iniciativa va a causar un interesante debate, ya que contiene elementos para tener un órgano electoral que inspire mayor confianza, que la democracia sea menos onerosa y más eficiente, que los partidos políticos disminuyan sus prerrogativas y se sometan a reglas claras, que exista mayor transparencia y los ciudadanos tengan instituciones más sólidas y confiables, en las que puedan creer.

Así las cosas, que el Pacto sirva para que entre todos transformemos a México: entrar a la legalidad, a la vida institucional y al debate de las ideas.