Gigantesco trecho por avanzar
Manuel Espino
Es a partir de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) retira la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales que celebramos —en un festejo que mucho tiene de batalla— el Día Mundial Contra la Homofobia.
Resulta muy significativo que incluso a finales del siglo XX ser homosexual fuera considerado un padecimiento, nada más y nada menos que por la OMS. Si ello sucedió en la dependencia encargada de la salud en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es fácil imaginar el sentir y el pensar de nuestra sociedad, en la que aún tenemos un gigantesco trecho por avanzar.
El gran problema que tenemos los mexicanos no está relacionado con el género o las prácticas sexuales de un grupo de ciudadanos; es algo mucho más profundo: es un asunto de la más elemental igualdad, de reconocer en la ley y en los hechos que no hay ciudadanos de segunda.
No se trata de brindar privilegios o derechos extraordinarios, sino exactamente lo contrario: el objetivo de la lucha contra la homofobia es que se reconozca que un ciudadano que tiene las mismas obligaciones que los demás —que cumple la ley, que paga impuestos, etcétera— tiene las mismas prerrogativas. Tan simple como eso.
Asimismo, tampoco se trata de un asunto de ideología como muchos quieren creer. Cualquier corriente de pensamiento político contemporáneo —así sea de los que se encuentran lastrados por los arcaicos conceptos de izquierda y derecha— reconoce teóricamente la igualdad de todos ante la ley. En un acto de congruencia, hay que reflejar esas ideas en hechos.
Como expresé en mi libro Volver a Empezar, publicado en agosto de 2009, “no podemos menospreciar a quienes han formado parejas que prescriben sus propias reglas de relación y de unidad afectiva. Se trata de sociedades de convivencia al margen de la ley natural o ley positiva, lo que no cancela sus derechos dentro de la comunidad. En ellas también puede existir espíritu de familia donde se logren vínculos de solidaridad y respeto”.
En lo personal, aunque no considero que la adopción por parte de parejas del mismo sexo sea lo óptimo para el desarrollo emocional de un niño en una sociedad como la mexicana, sí tengo la certeza de que las uniones entre personas del mismo sexo no solo deben permitirse, sino legislarse de tal manera que tengan todos y cada uno de los derechos de los que se dan entre personas heterosexuales. No debe repetirse el esquema utilizado en el Distrito Federal con el que se crearon sociedades de convivencia a las cuales les faltan prerrogativas esenciales.
Asimismo, considero que usar el término matrimonio para referirse a las uniones entre personas del mismo sexo sólo exacerba las confrontaciones. Además, es una palabra que designa una institución ya establecida históricamente. Crear una nueva designación, en la cual se garanticen explícitamente todos los derechos, en mucho allanaría el camino para lograr este indispensable avance.
Es hacia allá a donde debemos avanzar, por el bien de la sociedad toda. Porque México no será un país justo y democrático mientras los congresos estatales, el Congreso de la Unión y el Estado en su totalidad —desde el policía preventivo hasta las autoridades del registro civil y del sistema de salud— sean ciegos ante la orientación sexual de todos los ciudadanos.
Porque reconocer que todos los ciudadanos tienen derechos idénticos no es un asunto ideológico o partidista, es un asunto de justicia. Porque luchar por la equidad no depende de nuestra visión política, sino de nuestro grado de humanidad.