Entrevista a Alejandro Hope/Director de Seguridad del IMCO
Moisés Castillo
Ni el sexenio de Felipe Calderón pudo evitar que Michoacán se convirtiera en un estado en descomposición. Tan sólo 10 días después de asumir la presidencia, Calderón puso en marcha la Operación Conjunta Michoacán, con la cual se buscaba “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
Seis años más tarde, en el estado donde nació el panista se vive con miedo y bajo la consigna de “plata o plomo” que impone la delincuencia organizada. Ni el gran despliegue militar, ni los miles de policías federales han podido parar la violencia e inseguridad que sufren los michoacanos. La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y los llamados grupos de autodefensa evidencian la falta de Estado de derecho. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no tolerará que se haga justicia por propia mano y aplicará la ley sin distinción.
Sin embargo, las horas pasan y Michoacán destila sangre. Las fuerzas federales no han podido detener la espiral de violencia materializada en levantones, ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos con el crimen organizado. Los Zetas, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, y el Cartel del Golfo han intentado controlar diversas plazas de Michoacán, pero La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios han resistido esas embestidas.
A este ambiente sombrío, se le suma la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo para ausentarse por lo menos tres meses de sus funciones por problemas de salud. Así Jesús Reyna, quien era secretario general de Gobierno, tomó las riendas del estado en sustitución del priista el pasado 22 de abril.
Asimismo, la designación del general brigadier Alberto Reyes Vaca como nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán se está considerando un primer paso de la nueva estrategia anticrimen federal en la entidad.
Seguridad integral
“Hoy día la seguridad ya no es un asunto de policías y delincuentes, hoy la seguridad es integral porque comprende otros indicadores como la justicia, la educación, la igualdad social y el bienestar común, la seguridad comprende también diferentes actores”, dijo el gobernador interino Jesús Reyna.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, señaló que el gobierno federal tendrá que coadyuvar en los problemas de inseguridad que enfrenta el estado.
“La situación que se vive en Michoacán es verdaderamente preocupante. Hablar de la posible desaparición de poderes es muestra de la incapacidad de las autoridades locales de conservar el orden público, de hacer respetar la ley y de ejercer la autoridad que ha pasado, en algunas regiones, a manos de organizaciones de toda índole.”
Por su parte, el líder del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, se pronunció a favor de un plan conjunto entre los tres niveles de gobierno.
“Es momento de hacer un llamado por la unidad, de poner en el centro a los ciudadanos y los intereses de una sociedad castigada por la violencia y la inseguridad.”
Por si fuera poco, los obispos de Morelia, Zamora, Tacámbaro, Apatzingán y Ciudad Lázaro Cárdenas lamentaron la falta de coordinación y eficacia de las autoridades para garantizar la paz.
“Comprendemos los desafíos que afrontan las autoridades políticas, civiles y militares en todos los niveles de gobierno, pero les pedimos que no se conformen con hacer declaraciones mediáticas y que en cambio se hagan presentes en los diferentes ambientes para conocer de cerca la problemática, escuchar de viva voz a las víctimas e instrumentar soluciones efectivas en el mismo lugar de los hechos y con la participación de las mismas personas de los lugares más afectados”, indicaron en una misiva.
En medio de esta coyuntura, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, pidió a los michoacanos unir esfuerzos para combatir a los carteles de la droga que alteran la vida cotidiana de las personas.
“Aplicaremos acciones sólidas y contundentes que protejan a la población, y les den certeza y tranquilidad… México y Michoacán merecen estar mejor, ningún esfuerzo será demasiado cuando se trata de preservar el clima de paz y seguridad que merecemos los mexicanos.”
A su vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que las fuerzas federales se retirarán del estado hasta que haya paz para los ciudadanos.
“No saldremos hasta que haya condiciones de paz y seguridad para todos los michoacanos, en el momento en que estén las condiciones y el gobierno de Michoacán tenga la fuerza en seguridad para continuar el trabajo que se está realizando… Nadie ha hablado de hacer pacto o tregua con el crimen, estamos hablando de la aplicación de la ley.”
Consejos de Calderón en Twitter
En los últimos días, Felipe Calderón vía Twitter ha enviado algunas sugerencias para solucionar los problemas de inseguridad que, paradójicamente, en su sexenio no tuvieron éxito.
A través de su cuenta oficial @FelipeCalderon, el exmandatario dijo cómodamente en su estancia académica en la Universidad de Harvard: “No se solucionará inseguridad en Michoacán, mientras gobiernos locales sigan negándose a depurar policías y MPs, penetrados por el crimen”.
Quizás el panista ya no recuerda cuando descendió del Boeing 757 Presidente Juárez en el aeropuerto de Uruapan, Michoacán. Ese día vestía chamarra y gorra verde olivo, el uniforme de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La guerra contra el narco estaba ya decidida y el primer gran operativo comenzaría con el ingreso de siete mil soldados en los puntos más peligrosos del estado. El entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, estaba impresionado con la vestimenta del mandatario: el verde olivo contrastaba con su guayabera blanca.
Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), asegura que la presencia del Ejército en Michoacán sólo servirá para aliviar momentáneamente la situación de inseguridad pero no resolverá el problema de fondo.
“En Michoacán hay tres problemas distintos: la presencia de grupos de la delincuencia organizada como Los Caballeros Templarios, Nueva Generación y Los Zetas. El surgimiento de grupos armados, algunos de los cuales sí pueden ser expresiones legítimas, en otros casos una facha de la delincuencia organizada. Y un tercer problema es la falta del gobernador, la ausencia de una autoridad fuerte y legítima en la entidad.”
¿Michoacán es “talón de Aquiles” del estado mexicano?
Michoacán es un estado muy complicado por múltiples razones. Está la presencia de grupos de la delincuencia organizada y en particular de un grupo bien cohesionado con amplia presencia en muchas regiones, particularmente en Tierra Caliente. Hay además un problema de gobernabilidad con la ausencia temporal del gobernador. Creo que la persistencia de los operativos en Michoacán revela un problema de fondo en la relación del gobierno federal con los gobiernos estatales. En la medida que el gobierno federal sea la policía de última instancia, garante último de la seguridad de los ciudadanos hay un incentivo por parte de los gobiernos estatales de dejar pasar las cosas. Desde la salida de Lázaro Cárdenas Batel del gobierno de Michoacán no ha habido un esfuerzo serio de transformación institucional. Este nuevo operativo exacerba o al menos mantiene esos incentivos vivos. Si este operativo tiene mejores resultados que los anteriores es importante que haya un compromiso explícito por parte de las instituciones estatales de cambiar. Me preocupó que de arranque no se señalara un límite temporal del operativo y que no se hiciera público —si es que existe— el convenio entre el gobierno del estado y la federación. Porque estamos regresando a la dinámica en la cual el gobierno estatal no hace su tarea porque está la fuerza federal.
Dinámicas complicadas
¿Hay diferencias entre el operativo de hace seis años y el actual?
No hay. La diferencia es la dependencia que está liderando el operativo. En la segunda fase del gobierno calderonista fue la Policía Federal y ahora aparece el Ejército. Pero la lógica dominante sigue siendo la misma: el gobierno federal como garante último de la seguridad y como rescatistas ante la incapacidad de las autoridades estatales. Eso sí genera dinámicas complicadas. La pregunta es, ¿qué pasa si otro estado levanta la mano? ¿Qué pasa si se genera un fenómeno similar en Guerrero o en Sinaloa? Difícilmente el gobierno dirá que no. Entonces seguimos con esta lógica en la cual el problema se federaliza y le da la excusa perfecta a los estados para no hacer bien su tarea.
¿Es adecuado este mensaje de Felipe Calderón vía Twitter cuando Michoacán sigue inseguro seis años después?
Es correcto. Es una tarea que se tiene que realizar en Michoacán y en otros estados para ir recuperando la seguridad perdida. Lo que falta en ese diagnóstico es el componente institucional y la relación perversa entre federación y estados. Al intervenir el gobierno federal se le quitan los incentivos a las autoridades locales para hacer su trabajo.
¿Qué lecciones dejó la estrategia antinarco fallida de Calderón?
Hay que darle temporalidad a los operativos. Tener objetivos claros con tiempos definidos para la presencia de las fuerzas federales. Transparentar los términos de los convenios entre los gobiernos federal y estatal. Tiene que haber una condicionalidad más estricta para los operativos federales. Tanto en términos de reformas institucionales y financieros. Si un gobierno estatal no puede hacerse cargo de la seguridad de sus ciudadanos y tiene que depender del gobierno federal, por lo menos tiene que hacerse cargo financieramente del operativo. Hay que acompañar el operativo con una evolución sistemática. Esa agenda de transparencia, de control sobre el operativo y responsabilidad compartida es lo que faltó en el gobierno de Calderón. En principio debería de haber mayores coincidencias entre los gobiernos porque ambos pertenecen al PRI. Mi postura es ésta: inicialmente habrá resultados positivos, habrá una disminución de la violencia, se van liberar las carreteras, los grupos de autodefensa serán desarmados, pero conforme surja otra crisis en otro estado y se tengan que desplegar los elementos federales, puede resurgir el problema, si no hay en medio un esfuerzo serio de un fortalecimientos institucional local.
El problema es estructural
Pero una vez más se requiere al Ejército en las calles…
Estamos hablando de un problema estructural. De aquí a que la Policía Federal tenga el tamaño y las capacidades necesarias se tendrá que depender del Ejército para muchas tareas de seguridad pública. Pero sigue siendo una intervención que no está normada y que tiene un dejo de inconstitucionalidad. La Gendarmería está en su lecho de muerte, notorio que se no se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que regular la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y en calidad de seguridad interior. La reforma que se quedó pendiente a la Ley de Seguridad Nacional y la reglamentación al artículo 29 Constitucional se deberían de retomar.
¿Existen señales claras de un cambio en la estrategia de la guerra contra el narcotráfico?
Fusionar la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación es un paso sustantivo. Dotar al secretario de Gobernación de la responsabilidad política de la seguridad pública sí cambia la ecuación. Es posible que haya una mejora en la coordinación entre estados y federación. Creo que hay más continuidad que cambio. Lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo es que se va a fortalecer la Policía Federal, se seguirá con el proyecto iniciado hace dos sexenios, los operativos federales continuarán, el control de confianza a los cuerpos policiales. Se le quiere dar más peso a la prevención pero tampoco es algo novedoso. Durante el sexenio de Calderón se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia, el Centro Nacional de Prevención del Delito, quieren dar mayor énfasis a esto. El cambio sustancial ha sido comunicacional: se menciona menos el tema, el presidente ha estado un poco ajeno a la discusión, contrario a lo que hacía Calderón, que era un tema obligado. Se ha cambiado la forma de presentar a los detenidos. Ahí sí hay un cambio. Pero en la práctica muchas cosas persisten, lo cual está bien, no se trata de reinventar el país cada seis años.
¿Cambiará la relación con Estados Unidos en materia de seguridad? Estaban nerviosos en Washington por un cambio de timón…
Lo que parece haber sucedido es que se reordenó la relación. El contacto con las agencias estadounidenses pasa por la Secretaría de Gobernación. Eso tiene aspectos positivos y negativos. Es más fácil negociar con los norteamericanos si se sabe qué están haciendo las agencias. El riesgo es que se divorcie la inteligencia de las operaciones. Si todo tiene que pasar por un filtro, es muy posible que se vayan a multiplicar oportunidades perdidas. La relación en materia de seguridad no se ha cancelado, una buena parte está institucionalizada, pero tal vez cambio el tono y se ha centralizado.