Entrevista a Ana Lilia Pérez/Periodista y escritora

Nora Rodríguez Aceves

La denuncia penal de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra César Nava por presuntos actos de corrupción “no debe verse como un asunto político sino como un asunto en el que por fin se atenderán legalmente tantos asuntos que han causado millonarios quebrantos en detrimento de todos los mexicanos”, señala Ana Lilia Pérez, periodista y escritora.

“En Pemex no sólo no se combatió la enorme corrupción que ahogaba la paraestatal, sino que funcionarios, políticos y empresarios muy allegados a la Presidencia de la República participaron de manera directa o a través de terceros en esos graves actos de corrupción que representaron quebrantos o daño patrimonial.”

Cabe mencionar que hace unas semanas un diario de circulación nacional dio a conocer que Pemex acusó formalmente ante una corte de Nueva York a César Nava por presuntamente participar en una conspiración de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, cuando se desempeñaba como director jurídico, de 2001 a 2003.

En este sentido, Ana Lilia Pérez explica a Siempre! que “durante una década por lo menos indagué y publiqué numerosos casos de corrupción que involucraron a César Nava en su paso por la Oficina del Abogado General de Pemex, cuya titularidad tuvo entre 2001 y 2003. Publiqué numerosos reportajes al respecto en semanarios, y en mi libro Camisas Azules, Manos negras —Grijalbo Mondadori, 2010—, en donde respaldé documentalmente cada uno de esos amplios reportajes, de manera que no me resulta extraño que exista una demanda penal en su contra. Espero que de igual manera se dé causa legal a muchos otros casos que involucran a otros políticos y funcionarios públicos que hoy, incluso desempeñan cargos en el Congreso mexicano, implicados también en casos de corrupción”.

En El cártel negro la autora señala que “en el sexenio de Felipe Calderón la Cuenca de Burgos —los yacimientos más importantes de gas en el mundo— se convirtió en un centro de abasto de condensado que de forma ilegal se vende a diversos corporativos estadounidenses y europeos. Ante la ausencia de una autoridad confiable, la región de esta cuenca se volvió un campo de batalla entre organizaciones criminales, cuyos miembros levantan retenes, expropian predios, ocupan derechos de vía y, por si fuera poco, controla el acceso a las instalaciones de Pemex”.
Cabe recordar que en julio de 2008: “La Dirección General de Pemex reconoció, de manera oficial, el robo de hidrocarburos como uno de los principales desafíos de la empresa. Tan grande es este problema que resulta equiparable, según Pemex, con la caída en la producción petrolera de Cantarell en la Sonda de Campeche”.

Aunque Petróleos de México no ha sido el único caso de corrupción, pues ahí tenemos “el asunto de la Estela de luz —dice la periodista—, fue uno de los más comentados pero, desgraciadamente, no el único caso de corrupción en la administración de Felipe Calderón. Hubo muchos otros sectores de la administración pública que registraron graves daños patrimoniales. En el caso de la contratación de obra pública o servicios, sobre todo en el sector energético, que es de las que maneja más recursos, hubo numerosos casos”.

El 7 de enero de 2012 fue inaugurada la Estela de Luz, la obra conmemorativa del bicentenario de la Independencia de México. La obra máxima del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones del Informe sobre la fiscalización superior del monumento Estela de Luz 2009-2011, realizado por la Auditoria Superior de la Federación:

“El proyecto de la Estela de Luz tuvo un costo final de 1,304,917.7 mlp (que incluye todos los costos desde su concepción hasta su inauguración); asimismo, en dicha cifra están incorporados 399,206.9 mlp por los pagos improcedentes del acero (248,868.2 mlp) en cuanto a precio, cantidad suministrada, transporte y montaje; y por los pagos en exceso (150,338.7 mlp) debido a la incorrecta integración de precios extraordinarios, cuarzo, ajuste de costos indirectos, rendimientos financieros y diferencias de volúmenes en conceptos de obra, entre otros.”

“Las múltiples instancias que participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como I. I. I. Servicios, S. A. de C. V. y el Banjercito, tomaron decisiones sin una adecuada coordinación y la plena observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, lo que propició que el costo de la construcción se elevara en 192.0% respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente (15 de septiembre de 2010).”

Entre otra serie de irregularidades que se encontraron:

El 25 de agosto de 2011, 52 personas murieron en un atentado del grupo criminal Los Zetas al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con las investigaciones que se llevaron a cabo, “el ataque se debió a que los dueños del casino no pagaron su cuota de renta a los delincuentes; días después, el diario Reforma difundió un video en el que el hermano del entonces alcalde de Monterrey, Jonás Larrazábal, supuestamente cobraba sobornos para permitir la operación del establecimiento”.

Sin embargo, “a pesar del escándalo que ligaba a un familiar directo, Fernando Larrazábal fue elegido candidato a diputado federal plurinominal del PAN en las elecciones del 2012, por lo que tendrá curul y fuero hasta 2015”.

Asimismo, de acuerdo con información publicada por la agencia APRO en el informe de la Auditoria Superior de la Federación sobre el ejercicio de la cuenta pública federal 2011, se encontraron irregularidades en la administración de Calderón que el PRI destacó, como es “que la totalidad de las guarderías subrogadas del Seguro Social incumplieron en 2010 con las normas de seguridad de protección civil, a pesar de la tragedia del incendio de la guardería ABC en junio de 2009”.

Hay que recordar que “el 5 de junio de 2009, 49 bebés murieron quemados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, a causa de las pobres condiciones de seguridad de la estancia. La administradora del negocio era Marcia Gómez del Campo, prima política de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Los padres de los bebés pidieron y siguen pidiendo castigo para los funcionarios de alto nivel en el gobierno federal, como el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Juan Molinar Horcasitas, pero hasta hoy día ninguno ha sido hallado culpable”.

De igual forma, el PRI señaló a APRO el caso “del despilfarro de 3 mil 751 millones de pesos en los festejos del bicentenario y el manejo discrecional de 16 mil 752 millones de pesos a fideicomisos y mandatos. Este monto equivale a seis veces los recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

En este mismo sentido, “sólo se ejerció 69.4 por ciento del presupuesto del Programa de Apoyo alimentario, es decir, que durante 10 meses la Secretaría de Desarrollo social no entregó los complementos nutricionales y la leche fortificada a niños en situación alimentaria crítica”.

También está el escándalo que dio a conocer Reforma en relación con el fraude en el Sorteo 2518 de Pronósticos para la Asistencia Pública, que benefició con al menos 160 millones de pesos a cuatro directivos de esta empresa pública organizadora de los sorteos Melate y Revancha.

En mayo de 2010 se hizo público que al menos “siete familiares de Patricia Flores Elizondo, entonces jefa de Oficina de la Presidencia, habían desempeñado cargos en el gobierno de Calderón, obteniendo en conjunto ingresos por más de 26 millones de pesos, en poco más de tres años que llevaba en el sexenio”.

En ese mismo tenor, “al menos 9 mil 560 casos de corrupción han sido registrados por la Secretaria de la Función Pública durante el sexenio de Calderón. Estos expedientes involucran sanciones administrativas y penales a 7 mil 560 funcionarios de manera específica, 2 mil han sido denunciados por la vía penal, cuando la dependencia ha corroborado actos ilícitos”, informó a los medios de comunicación el coordinador de asesores de la institución, Max Kaiser, en febrero de 2012.

En cuanto a las sanciones administrativas aplicadas hubo inhabilitaciones y destituciones; además hubo 3 mil 629 sanciones económicas a servidores públicos por daños patrimoniales en perjuicio de diversas instancias federales.

Por eso, dice la periodista exiliada en Alemania, Ana Lilia Pérez, hoy en este gobierno encabezado por el PRI, los calderonistas buscan “encubrirse en todos sus actos de corrupción y negocios ilícitos”.