El gobiernó de México debe revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflicto sociales, recomendó un informe difundido hoy en la ONU.
Presentado en el marco del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de la ONU, el informe destacó que México es uno de los países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en materia de derechos de los pueblo indígenas.
Sin embargo, asentí que “ la intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante”.
El “estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias” apuntó que los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”.
Asimismo, crticó que a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
El estudió concluyo que dichos conflictos surgen a menudo , debido a la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de obtención del consentimiento libre, previo e informado, y en otras ocasiones debido a problemas ambientales o laborales.
Sugirió además armonizar la Constitución y sus leyes con los instrumentos juridícos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
D e forma particular, en los artículos 2, 26 ,27 y 115 de la Constitución
Pidió revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así cmo reformar la Ley Minera, La Ley de Aguas Nacionales, la ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que sean acordes con los derechos indígenas.
El informe explicó que “las autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protección civil de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas”.
Y señaló además la tarea del Estado de “detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.