Entrevista a Edgardo Buscaglia/Profesor e investigador de la Universidad de Columbia

Irma Ortiz

Nadie puede desestabilizar esta ciudad, advirtió enfático el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera: “mi tarea es trabajar para que haya un entorno de convivencia y paz social. Cuando hay un factor que pudiera afectar esa paz social, se tiene que neutralizar, que combatir”.

Mancera reconoció así —luego de la reciente desaparición de 12 jóvenes en la Zona Rosa y los ataques en el barrio de Tepito— que en la capital del país hay crimen que está articulado en pandillas, pero fue claro en señalar que la seguridad de la ciudad está garantizada. Esta declaración se enmarca en las preguntas que muchos capitalinos nos hacemos: ¿quién o quiénes buscan descarrilar su administración?

Miguel Ángel Velásquez, analista del diario La Jornada, ofrece su visión y puntualiza que el Señor de las ligas René Bejarano se apoderó desde hace mucho tiempo de delegaciones como la Cuauhtémoc; que su tribu controla los antros que venden de todo y a todas horas con el consentimiento de las autoridades delegacionales.

“Nadie puede olvidar tampoco —continúa Velázquez— que entre el jefe de Gobierno y Bejarano hay un pleito muy profundo, en el que por el lado del perversor, se vale de todo”. Ello  incluiría, en su opinión, la reciente visita hecha por Bejarano al Palacio de Covián, lo que ha dado pie a muchas especulaciones. Sin embargo, sería el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián quien anunciara que el gobierno federal respaldaría al Distrito Federal frente a la crisis de seguridad que se vive.

El periodista adelanta que ya hay líneas de investigación sobre cuáles podrían ser los nexos del jefe de Izquierda Democrática Nacional con los jefes de las pandillas de Tepito y los dueños de los antros de la Zona Rosa.

Para especialistas en seguridad como Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, el asunto va más allá y es que el jefe de Gobierno capitalino intenta “romper con la pax mafiosa” que ha imperado desde hace mucho tiempo en la capital de la república.

“El problema va más allá del Distrito Federal, la delincuencia que opera en la capital es la delincuencia organizada transnacional que opera en México y en otros países. Sin pelos en la lengua, sin ningún tipo de lealtad política al PAN, PRI o PRD, es importante que los lectores entiendan que el Distrito Federal, como unidad política territorial, es de los pocos casos en México que había quedado con las viejas tradiciones de manejo de mafias del PRI de antaño.

Miembros y grupos de policías hasta hace poco —administración de Ebrard— operaban, manejaban y arbitraban conflictos entre grupos criminales. Porciones del gobierno gestionaban a la delincuencia organizada manteniéndola en territorios fijos; disminuyendo, a través de mediaciones y arbitrajes, conflictos entre esos grupos a la usanza de la Unión Soviética. Hablo de grupos de policías que manejaban a los grupos criminales y por eso había menos violencia, había una especie de pax mafiosa.

Segmentos de la policía capitalina, con el guiño de las autoridades federales sabían muy bien que así funcionaba la cosa, entonces no había violencia y se mantenía la paz dentro del poder político. El problema es que llega Mancera —no quiero dar una opinión política— signado por las alianzas y los conflictos con la administración de Ebrard.

Mancera intenta romper con esos pactos, lo que está muy bien, pactos que le permitían a ciertos segmentos gestionar a los grupos criminales y dividirlos en diferentes territorios para que no se pelearan unos con otros, a la vieja usanza del PRI.

Al buscar romper esos pactos, debe haber instituciones que reemplacen ese vacío de Estado; cuando rompes con el papel de policías mafiosos, lo debes sustituir con instituciones judiciales, policiales, de procuración de justicia eficaces o, de lo contrario, caes en un vacío de estado.

Lamentablemente el gobierno del Distrito Federal tiene un sistema judicial disfuncional y cuando se rompen los pactos como sucedió durante la época de Fox y de Calderón, y no se reemplazan los vacíos, los grupos criminales comienzan a secuestrar, a generar violencia entre ellos, y empiezan a caer niños y jóvenes, que muchas veces forman parte de pandillas, y que son utilizadas por los grupos criminales.

Muchos miembros de las pandillas son parte del narcomenudeo porque no tienen oportunidades de vida, porque no hay alternativas de estudio, ni de trabajo, ni sus padres tampoco tienen esas oportunidades.

 

Vacíos de Estado

Mancera, con buenas intenciones intenta romper con esa pax mafiosa, pero lo hace con grandes vacíos de Estado en el sistema judicial, eso nadie lo dice y eso llama la atención. Si se estudia el tema de manera objetiva, académica, con datos de cómo funcionaba antes —no estoy solo en esta descripción, hay muchos coautores mexicanos que escriben sobre el tema, desde Marcos Kaplan, hasta ahora—; lo que sucede es que el Distrito Federal era el último resabio de la vieja manera de contener a grupos criminales a través de una gestión territorial, donde porciones —no digo de todo el gobierno, hay que aclararlo, sino de porciones— de la policía gestionaban con el guiño de las autoridades políticas, y mantenían una paz relativa.

Una vez que se rompen esos pactos, los grupos mafiosos comienzan a invadir los territorios del otro. La debilidad del Estado mexicano y del Distrito Federal, institucionalmente hablando, es de un sistema judicial debilitado, plagado por la corrupción que hace que existan vacíos de Estado.

Si bien la casa matriz del cártel de Sinaloa o de los Zetas no está en el Distrito Federal, sí lo están sus estructuras financieras y el lavado patrimonial.

No olvidemos que los principios de la física se aplican también al comportamiento de la delincuencia organizada: cuando el Estado deja un vacío, éste automáticamente es ocupado por grupos criminales, por empresarios y sindicalistas mafiosos legalizados en la impunidad. Es lo que está sucediendo hoy.

Cuando no hay instituciones de Estado, cuando son corrompidos jueces y fiscales, y las policías se venden al mejor postor, la única manera de mantener la paz, es mediante una paz mafiosa. Hay que recordar el grupo la Hermandad, que custodiaban los transportes para no ser atacados por grupos criminales, y así se actuó hasta que se fue Ebrard.

Mancera entra con un espíritu renovador, busca acabar con esos pactos y destapa la caja de Pandora; surgen explosiones de violencia propias de Juárez y Veracruz, y no es un fenómeno mexicano, sucedió en Rusia, Nigeria y Pakistán. Cuando los Estados comienzan a tener instituciones fuertes, a generar sentencias, a ejecutar y a funcionar con mayor efectividad, los grupos criminales se retraen, hacen sus negocios con menor visibilidad y se confrontan con granadas y lanzacohetes.

Existen opciones

Hay dos opciones: fortalecer el país como un Estado en serio; México debería comportarse como un país de la OCDE y no como un país subsahariano y caer en la pax mafiosa del gobierno de Putin en Rusia, que actúa de árbitro.

Si rompes los pactos, hay que remplazarlos con instituciones fuertes para contener a esos grupos, como se hace en Alemania, en Francia y en otros países del mundo. Hay delincuencia organizada como decía en un artículo The New York Times, pues todos los países tienen delincuencia organizada, y, en casos como China y Rusia, tienen grupos criminales más poderosos que los mexicanos, patrimonialmente hablando, pero no se enfrentan al Estado de igual a igual y sacan grandes recursos económicos, mayores que los Zetas y el cártel de Sinaloa.

Además no tienen que gastar tanto dinero en armas o granadas y sí obtienen grandes rentas que lavan patrimonialmente. Los grupos criminales chinos y rusos son mucho más poderosos que los mexicanos, patrimonialmente hablando, pero nunca se enfrentan con violencia de igual a igual ante el estado chino y el ruso. Son Estados autoritarios, no democráticos, que imponen premios y castigos a los grupos criminales: gestionan, ése es un modelo.

El otro modelo es el de las democracias que uno recomienda en México: Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, en donde democráticamente y con controles judiciales, los jueces y fiscales, respetando derechos humanos, imponen castigos a los grupos criminales cuando se pasan de la raya, no cuando cometen delitos que afectan a la sociedad en gran escala.

El gran problema en México es que tiene un Estado en transición política y el gobierno capitalino también lo está, donde las instituciones democráticas todavía no están definidas, no están aceptadas por la clase política de los 3, 4, 5 partidos. Ante esa debilidad de Estado, los grupos criminales ocupan el vacío y se transforman en autoridad, que es un poco lo que están haciendo ahora.

El gobierno capitalino, hasta hace muy poco, mantenía las mismas reglas del juego que se vieron con el partido único de Estado, cuando se gestionaban territorialmente grupos que operaban en Tepito, en diferentes delegaciones, pues había una división territorial controlada por la Hermandad, por la policía del DF, pero no como toda la policía sino por segmentos de esa policía, y muchos políticos guiñaban el ojo y miraban para otro lado, porque ésa era la manera de mantener también un rédito político y la base del poder político, que es mantener el Distrito Federal protegido de las tragedias que ocurre en otras ciudades del país.

Hay que forzar la institucionalización

La única salida de Mancera es forzar una institucionalización de su gobierno y promover un pacto político al menos limitado al DF, para que el poder judicial y la Procuraduría General de Justicia capitalina se institucionalicen. Si Mancera quiere pasar a la historia como un jefe de Gobierno que hizo una diferencia para el futuro de su país y no ser un pie de página, cómo va a serlo si no hace nada, debe darle autonomía a la Procuraduría de Justicia para empezar a tener fiscales del primer mundo y no los fiscales y ministerios públicos subsaharianos, como los que tiene hoy.

Debería llamar a una reconstitución del Poder Judicial y obviamente los líderes del Poder Judicial actual deben dejar sus cargos, ya que son parte del problema. Me refiero al presidente del Tribunal y a todos los civiles del sistema judicial actual y llamar a un gran pacto político para reconstituir el poder judicial bajo un esquema de vigilancia social y de controles legislativos y judiciales para que los Consejos de la Judicatura sean mucho más efectivos. Mancera podría tomar la delantera e ir cubriendo vacíos de Estado en el sistema judicial, que no permiten que los grupos criminales actúen, y se convertiría en un gobernante del primer mundo.

La mayoría de los políticos corruptos que hoy están en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que hacen gimnasia en los hoteles de cinco estrellas, que lavan fondos sin ningún tipo de control patrimonial, siempre se van a oponer a tener fiscales autónomos como los tiene cualquier país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.

Sin embargo, ahí está la calidad de los líderes, de los estadistas, a diferencia de los políticos, que no piensan sólo en el corto plazo y en la próxima elección, sino piensan a 50, 100 años por delante de sus narices. Es algo que no ves en el México hoy, es una moneda que no existe en la clase política.

Así pensaban los grandes fundadores de México, que se arrastraban por el barro políticamente, incluso como lo muestran películas como Lincon, que negociaban en rincones oscuros la compra de votos para lograr acuerdos, pero no era para enriquecerse patrimonialmente como individuos, sino que buscaban institucionalizar su país con una visión de 50, 100 años, que hoy no se ve en México.

Si realmente Mancera se quiere elevar por encima de la cloaca de corrupción política que lo rodea, debería dejar el sistema de pactos mafiosos que imperaron; de institucionalizar su gobierno, instaurando estos tres tipos de controles, los de vigilancia social operativa, en donde cada colonia va a poseer una comisión de control social de jueces, fiscales y policías a través de controles legislativos en donde la Asamblea Legislativa tiene que recibir a los diferentes actores judiciales y hacer que rindan cuentas técnicamente hablando y no a través de choros mareadores políticos, como sucede ahora.

Eso requiere de un servicio civil de carrera en la ALDF, para que los legisladores operen un sistema de control legislativo efectivo con dientes y sanciones, así como un sistema de control judicial, que hoy no existe, donde los Consejos de la judicatura, los organismos judiciales hoy en día son un sello de goma del jefe de Gobierno de turno.

Me da la sensación de que hay una relación feudal entre los jueces y el jefe de gobierno y eso tiene que dejarse atrás, es una estructura de poder arcaica que llevó a México a su postración. Hay que avanzar a otro modelo político que hoy no existe, que cubriría los vacíos de Estado, dejaría atrás los pactos de la pax mafiosa y contaría así con instituciones democráticas en un Estado de derecho con estos tres tipos de controles.

Sociedad civil de  contratitos

A esa sociedad que hoy se dedica hacer lobbies para ver quién será el auditor policial, o quién va a recibir el  contratito de vigilancia social, le diría que no tiene lugar en el futuro de México. La sociedad civil a la que me refiero es la que existe en silencio y salva vidas en la ciudad de México, como Adivac, que da tratamiento a mujeres, niños y niñas que han sufrido violencia sexual.

Es una asociación que rescata jóvenes de las pandillas y les brinda capacitación técnica para que tengan oportunidades de vida, educación o como el colectivo Marabunta, que tienen que comenzar a operar en redes sociales como una muralla y así deshacerse de la sociedad civil parasitaria, que impera en los medios de difusión mexicana.

El problema no solamente está en el Estado, reside también en la sociedad civil que es la que vive buscando prebendas, contratos y que tolera la corrupción. Si haces una verificación de los contratos que reciben los grupos de sociedad civil en la ciudad de México, encontrarás que tienen muchos vínculos con los gobiernos, que son a la vez, los gobiernos que protagonizan la corrupción más alta y esa misma sociedad, que se dice sociedad civil, debería monitorear El Estado, que actúa como si fuese un actor patrimonialista y busca el contratito en vez de hacer vigilancia social.

Tienes del otro lado a una sociedad civil silenciosa, que trabaja diariamente, que no aparece en los medios y que es la sociedad civil del futuro, que va a protagonizar esa vigilancia social, ese control social que permitirá que el sistema judicial funcione con efectividad y legitimidad.