Su naturaleza y alcance
Alonso Ruiz Belmont
El pasado 31 de mayo se reanudó en Italia uno de los procesos judiciales más importantes en la historia contemporánea de aquel país. Se trata del juicio en el cual se pretenden aclarar, de una vez por todas, la naturaleza y el alcance de las negociaciones secretas que tuvieron lugar entre el Estado italiano y la Mafia, desde la primavera de 1992 hasta el invierno de 1993. Tal acuerdo tuvo por objeto detener la violencia terrorista que por aquellos años había desatado la Cosa Nostra en Sicilia y ciudades como Florencia, Milán y Roma, en represalia por las condenas del maxiproceso judicial que en 1987 había llevado a prisión a 474 líderes y prominentes colaboradores de la Mafia. Las sentencias fueron ratificadas en 1992 por la Suprema Corte. Entre algunos de los individuos que fueron sentenciados en ausencia tras el maxiproceso se encontraba Salvatore Totò Riina, líder indiscutible de aquella poderosa organización criminal en aquel momento.
Las negociaciones habrían comenzado luego del asesinato del diputado democristiano Salvo Lima el 12 de marzo de 1992 en Palermo. Dos de las víctimas más recordadas de aquella ofensiva terrorista fueron, sin duda, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, artífices del maxiproceso de 1987 y decididos opositores a cualquier tipo de negociación entre el Estado y el crimen organizado. El homicidio de Lima a manos de la Mafia constituyó una amenaza directa hacia el gobierno del entonces primer ministro Giulio Andreotti. Si el Estado no detenía la ofensiva judicial y se negaba a otorgar una serie de privilegios carcelarios para los delincuentes presos o condenados, la organización encabezada por Riina pretendía atentar contra varios políticos de alto rango vinculados al gabinete de Andreotti. Temiendo por sus vidas, el exministro del Interior, Nicola Mancino, y su colega Calogero Mannino comisionaron al empresario Marcello Dell’ Utri, así como a los generales de carabinieri Antonio Subiranni y Mario Mori, para que iniciaran los contactos con la Cosa Nostra. El objetivo principal de las negociaciones era que el Estado italiano permitiera que la Mafia consumara los atentados mortales contra Falcone y Borsellino, para detener así las investigaciones de los fiscales.
Las pesquisas que desembocaron en el actual proceso judicial que se reanudó en mayo iniciaron en 2009 tras las revelaciones hechas por Massimo Ciancimino, hijo del desaparecido exalcalde de Palermo, Vito Ciancimino. La información proporcionada por el hijo de Vito permitió a la justicia formular las acusaciones contra los implicados en el caso. Los fiscales Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia y Francesco del Bene llevarán a juicio a 12 personas por haber participado en los mencionados acuerdos secretos. Entre los acusados figuran Mancino, Dell’ Utri, Subirani, Mori; así como los mafiosos Riina, capturado en 1993, Giovanni Brusca, e incluso el propio Ciancimino. Los imputados se enfrentan a diversos cargos, entre los cuales se hallan falsedad de testimonio, asociación mafiosa y violencia contra el Estado. La fiscalía interrogará a 176 testigos, entre los cuales se encuentra el actual presidente de la república, Giorgio Napolitano.