Peña Nieto y las promesas
Carlos E. Urdiales Villaseñor
La operación política del gobierno federal se ha recargado en el Pacto por México y su agenda. El cumplimiento de promesas y compromisos se ha refugiado en ese mecanismo de concertación política que ha generado desgaste a los dirigentes del PAN y PRD frente a sus grupos, tribus y también con sus grupos parlamentarios, ofendidos por su desplazamiento como núcleo de poder al ser reemplazados por acuerdos cupulares que luego ellos tienen que hacer efectivos.
La reforma constitucional en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión es una de ésas llamadas estructurales por el calado de sus alcances, porque comienza la cuenta regresiva para la conformación de nuevos y polémicos órganos reguladores, también para la licitación de dos cadenas privadas de televisión con cobertura nacional y una más para el Estado, también porque permite la inversión extranjera en telecomunicaciones, condicionada a la reciprocidad, y por la facultad de regular de forma asimétrica a los agentes dominantes del sector (Telmex y Televisa) pudiendo incluso obligarlos a desincorporar activos.
Falta tejer fino, elaborar leyes secundarias y reglamentos, blindar el proceso de selección de nuevos comisionados del Ifetel y de la Comisión de Competencia Económica para que no prevalezca la presión que tratarán de ejercer empresas y partidos, y obtener un cuerpo colegiado razonablemente funcional y confiable. Pedir organismos impolutos debe ser un objetivo pero también es una utopía, sean quienes sean habrá señalamientos y descalificaciones pues, en política y más en la de estos días y con nuestros estadistas, es lo que abunda, pero se puede matizar ese cinismo politiquero con la mejor selección posible. De eso se trata el reto.
Seis ejes dijo el presidente: fortalecimiento de derechos fundamentales, ampliando las libertades de expresión y acceso a la información al considerar las telecomunicaciones como servicios públicos fundamentales. Actualización del marco legal del sector para fortalecer la certidumbre legal. Fortalecimiento del marco institucional con órganos reguladores constitucionales autónomos así como la creación de tribunales especializados. Promoción de la competencia y obligaciones recíprocas en la retransmisión y oferta de señales abiertas en sistemas restringidos. Establecimiento de una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional, e impulsar una mayor cobertura en infraestructura para lo cual se desplegará una red troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en lo que el Estado recuperará en la banda de 700 megahertz cuando el mentado apagón analógico se complete.
Una reforma emblemática por los intereses que toca y que abarca a muchos de los señalados como promotores mediáticos del actual presidente. Un compromiso gestado a partir del Pacto por México que logró aterrizar en un tema que se ha diagnosticado hasta el cansancio y ahora se concreta.
@CarlosUrdiales