El gobierno estadounidense deportó y liberó a una veintena de criminales a territorio mexicano en la franja fronteriza de Tijuana, sin embargo no informó a las autoridades mexicanas de su peligrosidad, lo que generó que entre enero y junio esos mismos excarcelados mataran a una docena de personas.
Por otra parte el gobierno de Baja California solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su “urgente e inmediata” intervención para exigir a los estadounidenses que la depuración de su sistema carcelario, particularmente de Los Ángeles, California, notifique con prontitud el perfil de los deportados para evitar que se mezclen con los inmigrantes indocumentados.
Tan pronto ingresaron a México, estos sujetos se internaron en colonias de Tijuana como Centenario, Centro, Cerro Colorado, La Mesa, La Presa, Mesa de Otay, San Antonio de los Buenos y Sánchez Tabeada.
Las autoridades de Baja California reporto uno de los asesinatos que ocurrió el 17 de febrero en la calle Portola 13, colonia Lomas Hipódromo, en dicho domicilio vivía el matrimonio conformado por Ana María Gómez Llanos López, de 70 años y Héctor González Ramírez de 74 años.
Ambas personas estaban contentas por el retorno de su hijo Héctor Luis González Gómez Llanos (delincuente excarcelado por el gobierno de Estados Unidos y deportado a México). Ese día sus padres le llevaron víveres, ropa y dinero, debido a que no tenía empleo.
En la averiguación previa que abrió la Procuraduría General de Justicia del Baja California se señala que, sin razón aparente, Héctor Luis, quien es adicto a las drogas químicas, tomó un martillo para atacar a sus progenitores.
Después de propinarles varios golpes en la cabeza, usó un cuchillo para lesionarlos en diferentes partes del cuerpo hasta asesinarlos. Héctor Luis fue detenido.
Un caso similar es el de José de Jesús Leal Gallardo, Nicolás Solórzano Martínez y Rodolfo Becerra Cortinas, también excarcelados por Estados Unidos y deportados a México por Tijuana.
Apenas arribaron a la ciudad fronteriza, buscaron un bar y fueron a “celebrar”. Llegaron al establecimiento denominado Black Bull Karaoke, en la calle Octava y Revolución, zona centro.
Según la averiguación previa, al mediodía del 13 de enero pasado, Leal Gallardo, Solórzano Martínez y Becerra Cortinas llegaron en un Ford Winstar gris. Descendieron del vehículo y dejaron el motor encendido.
En su poder llevaban un arma calibre 45.
Ya en el interior del bar, Solórzano Martínez apretó el gatillo al menos media docena de veces para asesinar a un parroquiano de nombre Carlos Arturo Ochoa, todos los impactos fueron directo al rostro.
Fueron muchos los asesinatos que se cometieron por los delincuentes que liberó el gobierno estadounidense por otra parte el procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno, consideró que es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la cancillería, intervenga para solicitar a su contraparte estadounidense que proporcione información oportuna sobre estas deportaciones.
El funcionario estatal señaló que con el ánimo de ahorrarse unos dólares están depurando sus cárceles y lo peor de todo es que lo hacen deportando delincuentes y lo notifican hasta con tres semanas de retraso.