EN LA LÍNEA

La extorsión es la principal calamidad

Félix Fuentes Medina

El envío de tropas de élite a Michoacán con los helicópteros Black Hawk de la era vietnamita, un centenar de vehículos blindados, unidades de fusileros paracaidistas y grupos de operaciones especiales advierte que el gobierno priista de Enrique Peña Nieto intensifica la guerra del panista Felipe Calderón, con un poderío superior contra el narcotráfico.

El despliegue bélico y de personal mejor capacitado no impidió que fuese ultimado el vicealmirante de Marina, Carlos Miguel Salazar Ramonet, el segundo maestre Francisco Ricardo Hernández en una emboscada de Los Caballeros Templarios.

El ataque del doble homicidio y las lesiones sufridas por la esposa del alto mando de la Marina y otro escolta sucedió en un camino estatal, a ocho kilómetros de la carretera Morelia-Guadalajara, cerca de la caseta de peaje de Ecuandureo. Se transportaban en una camioneta con placas de la Secretaría de Marina.

Salazar Ramonet era jefe de la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y no tomó en cuenta el desvío hacia el camino secundario, obligado por un grupo que protestaba debido a la presencia de fuerzas federales en Michoacán.

Según explicó el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, cuando el vehículo oficial circulaba por el camino vecinal, una camioneta le cerró el paso y sus ocupantes pidieron identificación a los marinos. Al momento llegó una segunda camioneta con otros sujetos que sin más abrieron fuego, a mansalva.

El desvío de la camioneta del vicealmirante Salazar supone la trama criminal de Los Caballeros Templarios para ultimarlo. Tres detenidos que trabajan para ese cártel por 7 mil 500 pesos a cada uno se obligaban a robar, extorsionar y cometer secuestros. Confesaron el ataque a los marinos.

Lo anterior comprueba los extremos de peligro a que se ha llegado en México y Michoacán, en uno de los estados favoritos del hampa por sus montañas para el cultivo de amapola y mariguana y sus prolongadas costas con el océano Pacífico.

En instalaciones de Marina se llevó a cabo el acto luctuoso en honor de los oficiales caídos y el presidente Peña Nieto dijo que el Estado mexicano tiene en las fuerzas armadas un pilar sólido para asegurar la libertad de tránsito y garantizar los derechos que establece la Constitución.

Frente a la creciente inseguridad nacional, el primer mandatario afirmó que contra los ataques a las instituciones o de la ciudadanía por el crimen organizado se reafirma la decisión del gobierno de hacer valer el Estado de derecho en el país.

Para ello, el gobierno federal requiere de las fuerzas armadas y no podrá regresar los soldados a sus cuarteles, como tenía proyectado, debido a la creciente criminalidad en diversos estados de la república.

El tráfico de drogas causa estragos en la población, pero mucho más la extorsión, la cual se ha extendido en el país y la cometen los cárteles de Los Zetas y Los Caballeros Templarios, principalmente. Poblaciones enteras son amenazadas de muerte de no pagar los derechos de piso.

Debido a la pobreza —la cual pasó de 52.8 millones de personas a 53.3 millones entre 2010 y 2012, al concluir la era panista—, cientos de miles de jefes de familias se dicen miembros de las mafias del narcotráfico y practican la extorsión.

Contra eso no hay remedios inmediatos, sobre todo en los estados con más pobres. como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México. ¿Creerá el gobierno de Peña Nieto que con las reformas energética y fiscal va a resolver tan graves problemas?