Ante el embate de la violencia
Los caminos honorables que conducen a la paz son:
el respeto a los derechos de los hombres y el reconocimiento
indiscriminado de la Soberanía y la integridad de las naciones.
Lázaro Cárdenas
Hace cincuenta años, precisamente un 28 de mayo de 1961, el general Lázaro Cárdenas escribía en sus Apuntes sobre el riesgo de utilizar el ejército como instrumento de contención social. El estadista revolucionario, enfático y conciso, señaló que era “más grave y peligroso el militarismo en manos de un civil, que el civilismo en manos de un soldado”.
El contexto de la sentencia de Cárdenas se da ante el uso de la fuerza como arma “para acallar las necesidades y aspiraciones del pueblo”, al que el carismático presidente Adolfo López Mateos estaba recurriendo para enfrentar los movimientos ferrocarrilero, magisterial y de médicos.
Años más tarde, en 1968, la autoridad moral del divisionario, y su oportuna advertencia en torno a los excesos del poder civil, obligó al licenciado Gustavo Díaz Ordaz a asumir públicamente su responsabilidad moral, jurídica e histórica, de los lamentables sucesos del 2 de octubre.
A partir de ese momento, nuestro ejército tomó la decisión de diluirse como sector del PRI y revertir el desgaste social propiciado por acciones como el lamentable desenlace de Tlatelolco, aplicando acciones de apoyo a la población, a fin de recuperar el sentimiento de respeto y solidaridad.
Pese al descalabro político, los gobiernos civiles desestimaron la advertencia castrense y continuaron utilizando el ejército, en menor o mayor grado, como un instrumento de represión o de presión política, en tanto la clase gobernante avanzaba en la consolidación de la cultura de simulación que le caracteriza, impulsando agendas personales por sobre las necesidades nacionales, y llegando al grado de utilizar a las fuerzas armadas como instrumento de legitimación.
La ruta de simulación política ha llevado a los gobiernos a escamotear los principios de independencia y soberanía bajo esquemas globalizadores que auspician acciones injerencistas de potencias extranjeras, sin reparar que ello representa retos adicionales a los miembros de la institución castrense ante el cabal cumplimiento de las obligaciones que le señala la Constitución.
Muestra de esta compleja realidad es la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, acción legislativa solicitada por el ejército desde 2007, en su carácter de institución de Estado, constitucionalmente responsabilizada del mantenimiento del Estado de derecho, patentizado a través de la permanencia de las instituciones democráticas y del respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos.
El rechazo social en torno a estas reformas es producto de una lectura sesgada por la cultura de simulación política, que fortalece el regateo legislativo que mucho daña la seguridad del pueblo mexicano.
Mantener la indefinición legislativa en este tema se antoja suicida ante una sociedad ávida de paz con justicia y dignidad, de estabilidad social y de seguridad pública e institucionalidad en el gobierno, legítimas exigencias expresadas en acciones ciudadanas, como las registradas recientemente en varias ciudades del país, y que ante la incomprensión y la simulación de la clase política, no encuentra opción y por ello exigen como única salida el retiro del ejército a sus cuarteles, sin medir las consecuencias reales de esa demanda.
En este momento crucial, la responsabilidad del Estado mexicano y sus instituciones, la de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto, no es otra que construir un diálogo franco y abierto que reconozca a la seguridad colectiva como un derecho fundamental del pueblo mexicano, acordando liberarla de las agendas partidistas y reconociendo que la seguridad no puede ni debe ser bandera electoral de nadie, sino un asunto de sobrevivencia del Estado mexicano.
Ante el embate de la violencia delictiva y ante las opiniones encontradas de actores gubernamentales, políticos y sociales, resulta imprescindible recuperar los preceptos cardenistas a fin de encontrar esos caminos honorables que nos señaló el general Cárdenas, rutas que sólo transitan por el respeto a los derechos humanos y por el reconocimiento a nuestra soberanía —entendida ésta en todas sus acepciones— y por la integridad de nuestra nación constituida por el pacto federal.