POLÍTICA Y GOBIERNO

Impotencia oficial que se evidencia a cada paso

Jorge Carrillo Olea

Para Porfirio Muñoz Ledo, un gran mexicano.

 

No es de buenas costumbres contradecir a un presidente. Mejor es intentar hasta dónde es posible darle la razón virtual y definir dónde y por qué empiezan los terrenos indiscutibles del mundo concreto de la verdad popular.

Se trata de un conflicto estadísticas/sentimientos. El presidente asegura que la violencia ha descendido “gradualmente” de acuerdo con sus datos numéricos, referidos sólo a homicidios dolosos. Sus apreciaciones las hace con números vinculados sólo a los crímenes entre y contra narcos. No es lo que percibe el pueblo cada día. No comenta el origen de su información, mala cosa.

Según él, los homicidios entre bandas y de éstas contra fuerzas del orden han descendido. Es bien posible que lo sea, no sólo por una renovada estrategia de gobierno que mucho presumen, sino por un cambio de estrategia de los propios criminales. ¿Si el gobierno dice haber cambiado su estrategia, sería creíble que ellos no?

Dejando atrás esas posibilidades, lo cierto para lo que más duele, la percepción popular, es que la situación de inseguridad está mucho más grave que hace un año. El propio gobierno acepta que los secuestros, la extorsión, el robo domiciliario y callejero, con violencia y sin violencia, privan en la vida cotidiana.

Con ello caemos en una verdad rotunda: el deber del gobierno está con el sentir del pueblo, no con las estadísticas, y aun estas, las oficiales del Programa Nacional de Seguridad Pública, no lo acompañan en sus justificaciones (véase: secretariadotecnicosnsp.gob.mx.tec/est).

Con cifras oficiales de enero-junio del propio programa veremos: homicidio doloso: 1,536/1,559. Secuestro: 127/129. Extorsión: 578/676. Lesiones dolosas: 11,151/13,396, ¿Entonces? Estas cifras que por su origen debieran ser irrebatibles son las que informan las procuradurías locales, que naturalmente no incorporan dos datos deformatorios de la dimensión criminal: 1. Lo que no es denunciado. 2. Lo deficientemente registrado. Así que lo primero a sugerir es ¡más prudencia señores, más contención!

Deben existir técnicas para dimensionar, especificar y comunicar las formas del sentir social ante la inseguridad. Lo que es posible advertir son aquellos casos de agravios que se han experimentado en lo personal, los que se observan en el entorno diario y lo apreciado en el decir cotidiano. Las manifestaciones anímicas son miedo hasta paranoico, un acentuado enojo, sentimiento de frustración, de reclamo y todo ello alimentado por el común denominador que es la impotencia que nutre a la desesperación. ¿Agregan o no en el decaído ánimo las masacres de Michoacán, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y más?

Impotencia  por no poder defenderse por sí mismos ante el ambiente amenazador y desesperación al corroborar que los responsables de proteger a la sociedad están igualmente impotentes ante el delito. Esta impotencia oficial, que la sola mención puede ser muy desagradable para la autoridad, se evidencia a cada paso.

Esa impotencia va desde la simple estupidez (caso de la maestra Ángel de María) hasta la real incapacidad profesional para cumplir un cometido (caso Heaven y Oaxtepec) y cientos más y topa, para mayor desesperación social, con las fantasías oficiales de que todo está yendo mejor reiterando su confianza en programas que sencillamente no existen, como certificación de confianza, mando único, policía acreditable, policía investigadora, policía científica y otras lindezas.

Lo terriblemente desesperante es lo que le puede pasar a un ciudadano: ¡saber que no tiene a quién acudir! La autoridad ministerial huele mal desde lejos, se desconfía a la entrada, la ineptitud es evidentísima al primer contacto, la sombra de la corrupción está en los pasillos.

Antes esta situación desesperante la gente se pregunta ya abiertamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Será que las defensas comunitarias empiezan a tener una lógica no sólo rural sino también urbana. ¿Y entonces la garantía constitucional expresada en los artículos 17 y 21? Ellos se refieren a que “nadie puede hacerse justicia por sí mismo” y a que “corresponde al  ministerio público y a las policías la investigación del delito”.

Entonces, si las garantías constitucionales, tan claras y esperanzadoras, no tienen vigencia alguna, ¿qué hacer? ¿Alguien piensa en algo dedicado a la protección y el ejercicio autónomo de la ley o justicia vigilante? ¿No son un germen las guardias comunitarias? Es el anticipo de un desastre.

 

hienca@prodigy.net.mx