Reforma energética
Alonso Ruiz Belmont
El presidente ha dado a conocer ya su esperada y controvertida propuesta de reforma energética. Ésta plantea reformar los artículos 27 y 28 constitucionales a fin de permitir la participación del sector privado (nacional e internacional) en la industria petrolera (hidrocarburos y petroquímica básica) para la exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transportación de combustibles mediante contratos de utilidad compartida. Asimismo, se plantea también la reducción en la carga fiscal de Pemex, así como la participación conjunta de la CFE y particulares en la generación de electricidad. La izquierda denuncia claras intenciones privatizadoras en la iniciativa (pérdida de la soberanía energética), las cuales han sido negadas por el gobierno. En cambio, la derecha habla de timidez y exige una mayor participación del sector privado. Los peligrosos rezagos de Pemex y la CFE en tecnología, capital e investigación (agravados también por la negligencia y corrupción política de prominentes defensores de la ortodoxia neoliberal) han llevado a materializar esta discusión trascendental. Los objetivos de la reforma son claramente inaplazables: autosuficiencia energética, abasto de combustibles fósiles y electricidad a precios competitivos, crecimiento económico, desarrollo social, transición energética y desarrollo sustentable. Sin embargo, la verdadera naturaleza y el alcance de los acuerdos finales se conocerán hasta la aprobación de las leyes secundarias en la materia.
A pesar de los beneficios potenciales que la reforma pudiese materializar, es necesario tomar en cuenta que muchas de las expectativas que ésta ha generado también podrían verse truncadas. En este momento, el país no cuenta aún con mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas en Pemex, la CFE, así como en el resto de la administración pública federal, que permitan abatir la corrupción para garantizar una gestión óptima de los recursos de la nación. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de contratos otorgados por el Estado a agentes privados.
Por otra parte, en caso de resultar exitosa, los beneficios de la restructuración energética que fuese eventualmente aprobada en el Congreso sólo podrían llegar en el largo plazo. Si los cálculos oficiales son correctos, no habría cambios radicales en la calidad de vida de la población antes de cinco años. Por ello la importancia de una reforma fiscal equitativa que elimine privilegios para el gran empresariado, el sector que más recursos puede aportar al erario. Adicionalmente, los intereses comerciales de los agentes privados no siempre coinciden con las prioridades estratégicas del Estado. Para que ambos actores puedan desarrollar alianzas, sus metas también deben alinearse.