Antonio Cerda Ardura

Algunos de los motivos de las acciones programadas para el periodo del 1 al 8 de septiembre y del sitio de los maestros al Distrito Federal comienzan a salir a flote, como el del intento de la deslegitimación del actual régimen, no sólo ante los ojos de todo el país, sino del resto del mundo, aprovechando, en particular, el Primer Informe de Gobierno, cuyo programa ha tenido que ser modificado.

Este domingo se llevará a cabo una marcha masiva de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, en una jornada que —según la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual irá a la cabeza— tiene el propósito de llevar el país a una etapa de “desobediencia y rebeldía educativa y social”, en contra de la “imposición de las reformas estructurales que atentan contra el pueblo de México”.

Académicos consultados por Siempre!, que prefirieron mantener la reserva de su nombre, indicaron que esta movilización será aprovechada por algunos grupos radicales que toman como bandera las reformas educativa, energética y fiscal, buscando propiciar condiciones de ingobernabilidad y enviar un mensaje sobre desestabilización al exterior, tal como ocurrió en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.

También dijeron que la negativa de la CNTE a transparentar los recursos mediante los cuales mantiene su larga movilización deja un cúmulo de sospechas.

En ese sentido, el especialista en temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y gobierno corporativo, Salvador Mejía Álvarez, señala a este semanario que “ha llegado el momento de considerar a los sindicatos y los partidos políticos en la lista de actividades vulnerables descritas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo reglamento entrará en vigor, precisamente, el 1 de septiembre.

Coctel de protestas

Los académicos que opinaron para  Siempre! manifestaron que no se puede personalizar en un solo grupo o actor algunas de las pretensiones que conllevan las protestas, ya que se trata de un sinnúmero de participantes.

Hay quienes creen que los maestros en realidad no buscan solucionar problemas gremiales, sino provocar condiciones de ingobernabilidad. ¿Quién puede estar detrás de todo esto?

Este 1 de septiembre coinciden diversas agendas políticas que confluirán, siete días más tarde, con la de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Está el propio programa del gobierno federal para que el presidente rinda su informe y se inicie, además, el debate de la reforma energética; la movilización de los maestros para evitar no sólo la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente, sino en exigencia de que se deroguen la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las modificaciones que se aprobaron, el 22 de agosto, a la Ley General de Educación, y las marchas de las organizaciones que impugnan, además de la reforma educativa, la energética y la fiscal. Es decir, es todo un coctel en el que también hay divergencias tanto ideológicas, como de procedimientos. De manera que no se puede hablar de un quién, sino de una situación en la que confluyen muchos quiénes que, por diversas motivaciones, entran por la misma ventana de oportunidad para expresarse.

En principio, los maestros, como cualquier otro trabajador, tienen derecho a la defensa de su fuente de empleo, su salario, sus prestaciones, su antigüedad, sus logros sindicales, etcétera, lo cual debía ser dentro de los cauces perfectamente definidos por las leyes. Sin embargo, como bien se dice, no hay derecho para atropellar las garantías de los demás con el estrangulamiento del Distrito Federal, ni razón para no sentarse a las mesas del diálogo. Por otra parte, la coyuntura la están aprovechando, según muchos califican como las organizaciones “de siempre”, los “especialistas y profesionales en y de la protesta”, cuyo objetivo es ganar posiciones de poder y canonjías particulares, como las que quiere evitar perder la CNTE con la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente.

En un afán de legitimación social, de presionar al gobierno y al partido oficial y confundir respecto a la larga lista de reformas que requiere México para salir adelante, estas organizaciones, algunas de las cuales son muy radicales, se han colgado o manifestado adherentes, por ejemplo, de movimientos como el que en marzo de 2012 firmó la Proclama por el rescate de la nación.

Si recordamos, en aquella ocasión surgió una iniciativa que demandaba el concurso de los ciudadanos para repudiar y cambiar las políticas económicas y sociales del gobierno, la impunidad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, que han causado carestía, desempleo, zozobra, sufrimiento y hambre a los mexicanos.

De la proclama, cuyo punto medular era su rechazo a la violencia y a la guerra declarada por el gobierno contra el crimen organizado, eran firmantes, entre muchos otros luchadores sociales, intelectuales y personajes de muy distintos sectores: el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; Javier Sicilia, Pablo González Casanova, Sergio Aguayo Quezada, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas; el provincial de México de la Compañía de Jesús, Carlos Morfín Otero; el padre Gonzalo Ituarte, Miguel Concha Malo y Julieta Egurrola. También destacaban mexicanos radicados en el extranjero, que ocupaban posiciones en medios de comunicación y hasta alcaldes.

Y también se anotaban grupos, colectivos y organizaciones nacionales y estatales como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA-MLN) y decenas más, algunas de ellas moderadas y otras más radicales.

Como ocurrió en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, en las movilizaciones de estos colectivos se cuelan o adhieren, con sus propias formas de protesta y motivaciones, grupos que obedecen a distintos intereses, incluidos los que intentan, no sólo autolegitimarse, sino deslegitimar al gobierno o mandatario en turno, como los llamados “anarcos” o anarquistas, que marcharon con los maestros el pasado Día del Trabajo, causando destrozos a su paso por el Centro Histórico de la capital.  Algunos de estos grupos no muestran identidades, ya que aparecen encapuchados y, por lo tanto, son tomados generalmente como provocadores.

Aquí es menester recordar que el magisterio oaxaqueño, en alianza con la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), acordó en un momento de 2006, por ejemplo, generar condiciones de ingobernabilidad para destituir al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Así lo expresaron públicamente e, incluso, entregaron en la Cámara de Senadores una demanda de desaparición de poderes en la entidad. Por allá de abril de este año, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y algunos grupos que entonces se definían como autoridades comunitarias, señalaron que propiciarían la ingobernabilidad si el gobernador Ángel Aguirre Rivero no tomaba en cuenta su propuesta de reforma a la Ley estatal de la Educación.

Por eso es que en esta ocasión, con el argumento ideológico de que las propuestas del Ejecutivo amenazan el patrimonio de los mexicanos y a Pemex, por ejemplo, que resulta un símbolo de independencia nacional, en los próximos días muchos prevén que se expresen los grupos que demandarán la renuncia del presidente, que intentarán deslegitimarlo y mostrarlo al exterior como un  hombre impopular al que rechaza la mayoría de los ciudadanos. Pero no se trata de un solo grupo, sino de muchos grupos, con muchas fobias y filias, y que, en general, argumentan el bien nacional.

Las sospechas

Una de las principales sospechas que ha despertado el movimiento magisterial, sin tomar en cuenta en este punto las protestas por otras reformas, es su financiamiento. ¿Qué podría haber detrás? Durante la reunión que el secretario de Gobernación sostuvo con la bancada del PRI en el Senado esta semana, el legislador Joel Ayala Almeida, dijo que el alquiler de autobuses y la alimentación de los maestros durante varias semanas significan el gasto de una cifra millonaria.

Se han manejado elementos que van desde la participación de fuentes externas al movimiento, como partidos políticos, o gobernadores, como Gabino Cué; personajes como Marcelo Ebrard, quien se reunió con miembros importantes de la CNTE antes de las protestas, hasta Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano, quienes han demostrado habilidades para allegarse recursos prácticamente de la nada.

No obstante que las omisiones, el dispendio y las grandes fallas de la administración de Gabino Cué Monteagudo mantienen a Oaxaca con altos índices de criminalidad, desempleo y quiebra de empresas, la movilización de la sección 22 del SNTE/CNTE, hacia la capital del país, la cual afectó a más de un millón 300 mil estudiantes que se quedaron sin clases, se llevó a cabo, según denunció la periodista María Nivón Molano, con autobuses pagados por el controvertido y cuestionado secretario de Administración del Gobierno del Estado, Alberto Vargas Varela, a quien se le ha señalado de realizar negociaciones turbias en diversos ámbitos de su gestión.

Se dice, por ejemplo, que para mantener su estancia en la capital, estos maestros ya vienen hasta con aguinaldo, vacaciones y sueldos adelantados por la administración estatal, por lo que el presupuesto local para la educación se ha agotado.

Leo Zuckermann calcula, en términos muy realistas, que en las primeras semanas la movilización magisterial costó la friolera de casi 66 millones de pesos. El gobierno capitalino sospecha que a los maestros les están llegando sus salarios, incluso, hasta sus campamentos, sin que estén trabajando, mientras que miembros de la CNTE indican que obtienen financiamiento a través del boteo y los fondos de resistencia que se han establecido en las representaciones sindicales de cada estado. Por el lado de la alimentación, la CNTE sostiene que ésta, o parte de ella, proviene de la solidaridad de los maestros del Distrito Federal y de diversas organizaciones sociales. Al respecto, el senador Joel Ayala ha solicitado la investigación que usted refiere. Es decir, aunque la CNTE pueda ser un movimiento totalmente legítimo y exista un financiamiento político, gremial o de buena voluntad de alguna organización, se debe seguir la ruta de ese dinero, porque hay que dilucidar de dónde uno o varios grupos o actores pueden sacar tantos recursos para una masa que ha fluctuado entre 10 mil y 20 mil personas.

Por el lado de las pérdidas asociadas a la movilización, los diputados hablan de 4.5 millones de pesos, correspondientes a los gastos de su traslado a una sede alterna para sesionar, y los daños ocasionados en el edificio de San Lázaro, durante la irrupción de los profesores, el 19 de agosto.

Transparentar recursos

En entrevista con Siempre!, Salvador Mejía Álvarez, abogado por la UNAM y socio de la firma Torres, Martínez y Mejía sostiene, con un cálculo más conservador, que las movilizaciones de la CNTE han costado entre 36 y 40 millones de pesos, y señala que “las manifestaciones realizadas por esta corriente sindical claramente requieren un financiamiento externo, y, en consecuencia, es necesario rastrear el origen de estos recursos económicos”.

Cualquiera que sea esa cantidad, 36, 40 o más millones que se han manejado, despiertan sospechas. ¿Qué se puede hacer para tener más claridad al respecto?

Ha llegado el momento de incluir a los sindicatos y los partidos políticos dentro del artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero. Yo no encuentro un solo argumento que valide el no transparentar los recursos de los sindicatos, partidos políticos y demás, así como el no querer considerarlos como actividades vulnerables.

Evitar la violencia

Volviendo a los académicos, éstos expresaron su inquietud en el sentido de que la violencia se pueda hacer presente en el periodo de movilizaciones magisteriales y populares previstas entre el 1 y el 8 de septiembre.

A la población del Distrito Federal le tiene preocupada la amenaza de la radicalización de acciones contra las reformas que está emprendiendo la actual administración. ¿Qué tanto riesgo existe de enfrentamientos?

Es lógico que uno de los temas más preocupantes de las próximas semanas sea el de la actuación, no sólo de los manifestantes, sino de las autoridades del Distrito Federal y las fuerzas federales, en el caso de episodios de violencia.

Tras los problemas que se dieron en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre pasado, por ejemplo, no hay que olvidar que el 25 de marzo de este año se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes (PAPCM).

Con este instrumento, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) tiene en sus manos un método de actuación, incluso con directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el uso adecuado de la fuerza y el restablecimiento del orden público, con respeto a los derechos humanos.

¿Qué hay del Estado Mayor Presidencial?

Los protocolos de seguridad para las fuerzas federales fueron presentados, el 23 de abril de 2012, por Felipe Calderón y las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque los lineamientos se establecieron con miras a que los elementos de seguridad del Estado procedan principalmente contra criminales, bajo los principios de oportunidad y proporcionalidad, éstos son para cualquier situación, por ejemplo, cuando esos cuerpos son objeto de agresiones directas, pero debiendo privilegiar las acciones disuasivas sobre las de fuerza.

No obstante, tales protocolos se violaron hasta en dos ocasiones: en agosto de ese mismo 2012, durante la emboscada de policías federales a tres agentes de la CIA y un capitán de la Marina, cerca del poblado de Tres Marías, y luego en octubre, en la refriega en la que la Marina abatió a Heriberto Lazcano, El Lazca, y uno de sus acompañantes, en Coahuila. En ambos casos las fuerzas federales no mediaron la agresión y hasta dispararon  desde distintos ángulos.

Volviendo al caso de la capital, cuando las acciones se lleven a cabo en coordinación no sólo con el Estado Mayor Presidencial, sino con autoridades federales de los tres poderes de la Unión, o estatales o municipales, el PAPCM indica que cada parte asumirá la responsabilidad dentro de su ámbito de competencia.

La cuestión, entonces, es si habrá necesidad de recurrir a estos protocolos y cómo.

El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, ha señalado que ésta es la primera vez en la historia de la ciudad en que manifestantes se han desplegado en diferentes puntos, como ocurrió el martes pasado, y sin que se dieran hechos violentos. Pero también ha advertido que si la policía tiene que actuar para resguardar los bienes y la integridad de los ciudadanos, lo va a hacer.

Sin embargo, la estrategia más recomendable que deben usar los gobiernos tanto federal como del DF es la contención de los manifestantes, impidiendo su movilidad, pero evitando la confrontación. Por desgracia, las advertencias del sector federal se han venido endureciendo, a medida que nos acercamos al informe y al 8 de septiembre

Desde su visita a Tokio, Japón, al finalizar su gira por Asia, en abril pasado, cuando habló en el Club Nacional de Prensa de ese país, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que, amén del respeto a la libre manifestación y expresión, las prácticas que hagan justicia por propia mano están fuera de la ley y serán combatidas.

Este discurso ha sido radicalizado por sus subalternos, lo que indica que el gobierno está cayendo o puede caer en el juego de la provocación, si las cosas llegan al límite del pasado 1 de diciembre o más.

El presidente del PRI, César Camacho, por ejemplo, en el reciente acto de la Fundación Colosio indicó que si las protestas de los maestros suben de tono, tendría que imperar el uso de la fuerza pública. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló también en su reunión en Polanco con senadores que no se dará ni un paso atrás en la reforma educativa y que si las protestas y manifestaciones de los maestros afectan a terceros, se aplicará el Estado de derecho. Así que ojalá las protestas no pasen a mayores.