¡VIVA LA DISCREPANCIA!
Advertencia del Premio Nobel de la Paz
Raúl Jiménez Vázquez
Los hidrocarburos no son simples mercancías o commodities cuyo proceso de producción, distribución y venta está sujeto a las reglas del mercado, a la ley de oferta y demanda, al mecanismo de la libre formación de los precios. Son, por el contrario, recursos de carácter estratégico esenciales para garantizar el desarrollo, la soberanía, la seguridad energética y la seguridad global de las naciones.
A este respecto, en el libro La cara oculta del petróleo de Eric Laurente se lee lo siguiente: “El control del petróleo ha sido para las grandes potencias uno de sus principales objetivos, de su dominio depende su poder hegemónico”. Asimismo, dentro de un documento atribuido al Departamento de Defensa de los Estados Unidos se postula enfáticamente: “Seguridad energética, para nosotros, representa tener asegurado el acceso a un abasto confiable, pero también la posibilidad de proteger ese abasto y proporcionar la energía suficiente para cubrir nuestras necesidades operativas”.
El caso concreto del vecino del norte corrobora sin lugar a dudas dicha importancia. Un conspicuo autor sostiene que la fuerza de ese país radica en su economía y que ésta tiene como cerebro el sector financiero y el petróleo como las venas que irrigan su cuerpo; ambos influyen determinantemente en los sistemas productivos y las relaciones políticas, lo que explica la fuerte relación existente entre los grandes bancos y las más poderosas empresas petroleras.
Lo anterior permite comprender las razones por las que en el artículo 28 constitucional está establecido que los hidrocarburos son un área estratégica de la economía nacional y por ello su desarrollo corresponde sólo al Estado, por conducto de organismos públicos sujetos a su propiedad y control absoluto. Este principio vertebral es reflejo fiel de la idea básica de la nacionalización integral de la industria petrolera que tuvo en mente el presidente Lázaro Cárdenas al promover la histórica reforma de 1939 al párrafo sexto del artículo 27 de la Carta Magna.
Así se colige del informe presidencial del 1 de septiembre de 1938 en el que se consignó expresamente que “será el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”. De igual modo, este pronunciamiento capital quedó corroborado con la anotación hecha por el michoacano, palabra por palabra, en sus famosos Apuntes el 17 de agosto de 1938: “Resolvimos presentar ante las Cámaras un proyecto de reforma al artículo 27 de la Constitución General para nacionalizar las concesiones petroleras y constituir el monopolio de Estado de la industria petrolera.”
Entonces, es evidente que bajo ninguna circunstancia resulta razonable excluir el petróleo del ámbito de las áreas estratégicas a cargo del Estado. Hacerlo constituiría un verdadero suicidio, un inaudito salto al vacío. Es preciso atender la sabia y oportuna advertencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel: “Un país que no controla sus recursos naturales y las empresas estratégicas necesarias para el desarrollo integral es un país sin soberanía”.