Dar el justo medio a los cambios

Alfredo Ríos Camarena

La aprobación de la Ley del Servicio Docente se realizó de forma inmediata al inicio del segundo periodo ordinario de la LXII Legislatura; así se hizo porque había quedado en la opinión pública la percepción de que fueron los movimientos de la CNTE los que habían detenido la aprobación de esta ley. Además, el mismo día, el 2 de diciembre, pues la sesión terminó después de la 1 de la mañana, el presidente pudo informar de su aprobación, que, por otra parte, fue una abrumadora mayoría de diputados quienes dieron su voto aprobatorio, mientras que poco más de 60 se opusieron. En términos de legalidad no hay duda de que fue correcto y también si consideramos que el funcionamiento de las instituciones democráticas se define por las mayorías, el proceso fue legal y aceptado por gran parte de la sociedad. Sin embargo, existe un amplio sector de la población que no se puede desdeñar y que se ha movilizado por éste y otros temas en las calles del país; no sólo los maestros, ya salió Cuauhtémoc Cárdenas en una primera marcha popular contra la reforma que modifica artículos constitucionales en materia energética y a partir de ahí, y durante los próximos días, sin duda la movilización social va a crecer y se anuncia que este 8 de septiembre se presentará la iniciativa del paquete hacendario que constitucionalmente está en su término formal y por otra parte, Andrés Manuel López Obrador está promoviendo un acto masivo en contra de las reformas.

En su mensaje a la nación, el presidente dejó claro que su línea estratégica sigue siendo la que planteó en su discurso del 1 de diciembre, y que un día después fuera parte de las aspiraciones del llamado Pacto por México; no hay duda de que cuenta con los votos más que suficientes en el Congreso para que en los próximos 120 días se avance en esta lógica reformista.

Sin embargo, la contradicción entre la movilización social y la reforma debe ser considerada y ponderada con inteligencia y prudencia. Se tienen, sí, las mayorías legislativas; éstas representan legítimamente nuestro sistema democrático, pero no podemos pasar inadvertida la movilización social y el conflicto en las calles. En la tribuna hay mayoría; en la calle hay confusión. Las condiciones económicas sociales internacionales tienen que ser evaluadas seriamente para saber hasta dónde se puede y se debe avanzar en las reformas. Que no puede ser panacea que resuelva todos los males que hoy por hoy sufre la nación en donde persiste el clima de violencia e inseguridad y, por otra parte, nos acercamos seriamente a un periodo recesivo en materia económica. Esta crisis interna no puede resolverse con varita mágica, ni de la noche a la mañana. Las reformas legislativas, cuando se aterricen, tendrán que ser operadas, y en esta operación estará la verdadera responsabilidad del cambio que probablemente tenga el destino nacional.

La dicotomía entre la calle y la tribuna sólo se puede dirimir con operación política inteligente y con negociación que permita el acuerdo nacional; tienen razón quienes temerariamente afirman que bastan las mayorías en el Congreso para cambiar las leyes, pero no la tienen si dejamos ese pensamiento formalista y evaluamos la realidad social.

El problema de la normalidad constitucional consiste, dice Löwenstein, en que la vida social de un país se desarrolle conforme a su norma, pues, de no ser así, estamos frente a una constitución meramente formal y nominal, por eso el proceso social de la nación debe estar en consonancia con su legislación; qué bueno que se realicen reformas, siempre y cuando éstas sean aceptadas a plenitud por la sociedad.

 Claro está que a nadie le gusta pagar impuestos y, sin embargo, es una exigencia nacional una reforma fiscal que nos permita sacar adelante la república. A nadie le gusta que le afecten sus privilegios, pero si es por el bien público, esto debe hacerse; a nadie le gusta que le afecten sus intereses, como puede ser el caso de la reforma en materia de telecomunicaciones, pero el país requiere que así se haga; es decir, no es precisa la unanimidad, pero sí se requiere la aceptación equilibrada de la sociedad para no hacer inaplicable la norma o para no desatar la movilización social a grados de crisis política. Derechos ciudadanos todos, indudablemente respeto a la libertad de reunión y manifestación, pero sólo el inteligente criterio de un político fino puede darle el justo medio a los cambios para que éstos no rompan con la esperanza que todavía existe en el pueblo de México.