Entrevista Luis Armando González Placencia/Presidente de la CDHDF

Antonio Cerda Ardura

Tras de las manifestaciones de esta semana, en las que los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), en su exigencia de la abrogación de la reforma educativa, obstruyeron distintas vialidades y cercaron diversas embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) presentaron ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un requerimiento para reglamentar las marchas en la ciudad de México.

Los presidentes de ambos organismos, José Luis Beato González y Gerardo Cleto López Becerra, respectivamente, advirtieron que de nada servirá la petición que hizo al Congreso federal el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para crear un fondo que permita resarcir a la capital las pérdidas económicas derivadas del conflicto magisterial, si no hay un control de las manifestaciones.

En entrevista con Siempre!, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González Placencia, indicó que las autoridades y el resto de la sociedad deben mostrar tolerancia al derecho de manifestación y de hacer uso de la libertad de expresión, pero no permitir que quienes ejercen esas garantías cometan delitos.

 

Derecho ciudadano

Durante las manifestaciones de los maestros de la CNTE se ha mostrado cierta intolerancia o hartazgo de la población de la capital hacia este tipo de protestas. ¿Hasta dónde podríamos pensar que hay riesgo de que los derechos humanos de las distintas partes se violenten?

Éste, por desgracia, no es un tema nuevo. Ahora ha adquirido relevancia porque ya se ha acumulado, a lo largo de muchos años, el enojo de la ciudadanía por esta forma de expresión. Se trata de un asunto que también ha ocupado a la CDHF desde hace tiempo, en el sentido de cómo armonizar, por una parte, el derecho que tiene cualquier persona a manifestarse y a hacer uso de su libertad de expresión y de reunión, con las molestias que, inevitablemente, el ejercicio de esas garantías ocasionan a quienes transitan todos los días por la ciudad. En principio, esta armonización sería relativamente sencilla porque la obligación de la autoridad es la de procurar ese derecho fundamental. La manifestación ciudadana es una prerrogativa establecida por la Constitución y su garantía supone, por una parte, que se realice con seguridad y de manera pacífica y, al mismo tiempo, en las mejores condiciones para que las afectaciones a los demás sean mínimas. ¿Cómo se logra esto? Anunciando con anticipación los cortes viales, por ejemplo; facilitando transportes alternativos, y tratando de paliar las dificultades que las marchas ocasionan. Esto, en teoría, debía ser similar a cuando se cierran las avenidas con motivo de un desfile. La autoridad está obligada, por supuesto, a proporcionar vías de comunicación alternas.

Por mala fortuna, en los hechos, esto no es tan sencillo porque la magnitud de las manifestaciones implica, en ocasiones, la movilización, por vías primarias, de contingentes muy numerosos, y no es tan fácil instrumentar mecanismos que le permitan a la gente no sentirse afectada. A mí me parece que eso es un punto clave: en el momento en que la ciudadanía se siente abandonada o ninguneada por su autoridad, se tiene el caldo de cultivo para que comiencen a surgir llamados a la violencia.

De hecho, este hartazgo social ha provocado, recientemente, conatos de violencia.

Así es. Y no solamente ha sido en esta cadena de eventos recientes, sino que, en muchos casos más, los automovilistas se enfadan, se molestan y se enfrascan en actos de violencia con manifestantes. De lo que eso da cuenta, es de una falta de atención por parte de la autoridad, del gobierno, que es el que tiene que entrar en comunicación con su ciudadanía y explicar las razones por las cuales se hace necesario generar esas molestias. Hay que dejar claro cuál es la importancia de proteger un derecho fundamental, con independencia de si las personas que se manifiestan tienen razón o no. Pero la obligación de la autoridad radica también en crear condiciones para que la tolerancia, la paciencia y la prudencia sean el común denominador en este tipo de situaciones.

¿Avalaría usted al gobernador Miguel Ángel Mancera, quien dijo, en su primer informe, que ha sido tolerante? Una buena parte de la población cree que ha sido omiso por no impedir las marchas.

Hay que recordar que la CDHDF tiene una perspectiva sobre las garantías de las personas que no siempre es popular, pero que, sin embargo, es técnica. Esta perspectiva emana no de una posición personal, y ni siquiera del punto de vista de quienes trabajan en la institución, sino que deriva de instrumentos internacionales, de lineamientos que la Organización de las Naciones Unidas ha planteado, y de las experiencias propias de las Comisiones de Derechos Humanos. En ese sentido, nosotros siempre estaremos a favor de que se construyan caminos de paz y de diálogo, y nos opondremos a que la respuesta inicial, tanto del gobierno como de quienes se manifiesten, lleve a la violencia, porque el costo es muy alto. Yo entiendo bien el hartazgo de la ciudadanía y que con frecuencia se piense que para resolver las cosas quizás bastaría con asestar un manotazo en el escritorio y ejercer la mano dura. Pero también hay que pensar en que decisiones de esa naturaleza tienen costos altísimos. En México tenemos muchos ejemplos de lo que significan esos costos. Naturalmente, para nosotros es importante que así como se respaldan los llamados ciudadanos a la tolerancia por parte del gobierno, igual nos parece relevante que las autoridades exhorten a quienes se manifiestan para que no se provoquen mayores conflictos. En la movilización magisterial, por ejemplo, que tiene que ver con las autoridades federales, y en cuyo marco se desplazan a la capital contingentes de los distintos estados de la república, los capitalinos esperaríamos consideración de quienes vienen a hacer uso de nuestra ciudad y nuestros espacios públicos para manifestarse.

La verdad es que algunos maestros se han mostrado bastante violentos.

Hemos tenido dos actitudes. La verdad es que en la primera marcha, del 1 de septiembre, los maestros se portaron a la altura y se manifestaron en forma pacífica. Ese día se detectaron algunos grupos de personas que aparentemente no pertenecían al contingente magisterial, las cuales  comenzaron a ejercer violencia. Hubo varias detenciones, que, desde luego, la CDHDF está investigando. En realidad fueron muy pocas en comparación con las que ha habido en otros momentos. Luego, en otras manifestaciones posteriores, sí hubo enfrentamientos entre los miembros de la CNTE y granaderos que les impidieron el paso. El peor fue en la fecha en que la policía bloqueó el periférico.

 

Primero el diálogo

Hace unos días circuló una información polémica. Algunos medios decían que la CDHDF había aceptado estar a favor del uso de la fuerza para retirar a los maestros del Zócalo. Cualquier uso de la fuerza conlleva siempre violencia y, obviamente, se contrapone a lo que ustedes mismos postulan. ¿Lo dijo usted o tergiversaron sus palabras?

Lo dijimos, pero hay que aclarar el punto, porque ésa ha sido, desde hace mucho tiempo, una posición de la CDHDF. El tema es que, en primera instancia, nuestro llamado siempre es al diálogo. Pero matizamos en dos sentidos: el primero es que cuando el ejercicio del derecho de la libertad de manifestación se convierte en un ejercicio violento, o en uno que deriva en delitos o en faltas administrativas, es importante que la autoridad actúe. Es decir: nosotros jamás hemos estado en la posición de solapar un delito o una falta administrativa.

Por otra parte, mucho se ha dicho que no nos importan los derechos de los policías cuando los agreden los manifestantes. En esos casos, las agresiones no son nada más violaciones a los derechos humanos, sino que constituyen, fundamentalmente, delitos. Y a la Procuraduría General de Justicia le toca perseguirlos. Para nosotros es muy importante dejar clara esa línea: una cosa es que se deba respetar el derecho a la libertad de manifestación y protegerlo para efectos de que se realice con seguridad, y otra cosa es que se toleren actos que pueden ser delictivos, como por ejemplo: los daños en propiedad privada, las afectaciones a la integridad de las personas que no están involucradas en las manifestaciones, etcétera.

Así que, para contestar su pregunta, lo que hicimos, como siempre lo hacemos, fue enviar al gobierno de la ciudad algunas medidas precautorias. Se trata de un instrumento con el que cuenta la CDHDF en el que le pedimos a la autoridad que privilegie el diálogo y aporte siempre soluciones de carácter pacifico. Sin embargo, para el caso de que decida utilizar la fuerza, también le advertimos que el uso de la fuerza está sujeto a limitaciones importantes de proporcionalidad y de necesidad. Ésa es una manera de anticipar a la autoridad que cualquier caso lo vamos a revisar con posterioridad.

Ya cuenta también el gobierno capitalino con el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes (PAPCM).

Nosotros nos hemos opuesto a ese protocolo, porque consideramos que no tiene la perspectiva de los derechos humanos. Es algo que estamos discutiendo con la Secretaría de Seguridad Pública. Y también existen otros instrumentos internacionales que fijan criterios específicos para el momento en que deba actuar la fuerza pública.

Aquí hay que aclarar que cuando hablamos de fuerza pública, no necesariamente nos referimos a los actos violentos, porque la presencia misma de la policía, el hecho de que sus contingentes estén ahí, tiene un efecto disuasor. Eso significa usar la fuerza pública sin violencia, por ejemplo, y de ahí parte toda una cadena de posibilidades cuando ya se trata de actuar, que implican armas no letales, distintos procedimientos, o comandos de voz y advertencias. En esos momentos se está usando la fuerza pública, aunque no se está recurriendo a la violencia.

Y lo que pasa es que a veces es difícil hacer una explicación clara de lo que eso significa, sobretodo para el gran público, que, efectivamente, leyó lo que señalamos como un llamado a la represión.

En este triángulo de maestros-policías-población, ¿quién realmente se ha pasando la línea?

Éste es un tema complejo y yo diría, en principio, que hay que recordar que en México la violación a los derechos humanos la cometen las autoridades, no los particulares. Los particulares pueden cometer delitos o faltas administrativas, pero no, en sentido estricto, violaciones a los derechos humanos. Es la autoridad la que, con sus actos u omisiones, puede violar esas garantías. En este caso de las manifestaciones de los maestros, podría haber violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes de la policía en la detención de personas, si es que se hubiesen generado golpes. Tenemos algunas quejas que tienen que ver con personas que no fueron detenidas, pero que dicen haber sido golpeadas. En esos momentos se violaron los derechos humanos.

Habría otro tema que ya no nos toca discernir en la CDHDF, pero que está relacionado con el eje del conflicto. Es decir: ¿hasta qué punto una decisión legislativa puede estar vulnerando derechos humanos, por ejemplo, el de tener educación?

Y todavía hay un nivel más de análisis: ¿hasta dónde el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de manifestación, podría, por los actores que lo ejercen, significar una violación a los derechos humanos de niñas y niños que están quedándose sin clases?

Desafortunadamente, y por razones de competencia, a la CDHDF no le tocan esas aristas que, sin duda, tendrían que ser motivo de análisis. A la CDHDF le toca lo más local, lo más inmediato, que es la actuación de la policía.

 

Salida concertada

¿Qué salida podemos esperar para el conflicto magisterial?

La CDHDF confía en que se pueda encontrar una salida a través del diálogo y la concertación política. Nos parece que en el fondo del conflicto hay un tema político, que hay que resolver, pero que toca a las autoridades competentes hacerlo. Los riesgos de choque han disminuido en relación con lo que teníamos hace unas dos o tres semanas, porque los propios actores, particularmente los manifestantes, se han replegado y han rehuido la confrontación. Eso nos parece que es un buen signo. No obstante, es importante que haya condiciones para que los maestros puedan sentir que son escuchados y que el Estado está generando respuestas que los satisfagan. Creo que ésa sería la mejor salida. De ninguna manera estamos pensando en que pueda haber una solución de carácter violento.