Entrevista a Jesús Cantú/Investigador de la EGAP del ITESEM campus Monterrey

Antonio Cerda Ardura

No sin antes advertir que hay reticencias del PRI y el gobierno federal para avanzar en la reforma político electoral, tanto el PRD como el PAN presentaron esta semana sus iniciativas ante ambas cámaras del Congreso.

Los dos partidos coinciden en la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituya al actual Instituto Federal Electoral (IFE) y a los órganos estatales; en fiscalizar los recursos de los partidos, y endurecer las sanciones para los que violen la ley.

Igual demandan que los candidatos pierdan su registro y se anule su elección si incurren en gastos excesivos de campaña.

Plantean también, aunque con diferencias, la emisión de una Ley de Partidos Políticos, una segunda vuelta electoral presidencial, la reelección de legisladores, los gobiernos de coalición cuando el partido del presidente no cuente con mayoría en el Congreso, y que las cámaras tengan la facultad de ratificar a los miembros del gabinete presidencial, entre otros puntos.

El PAN propone por su lado que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sean instituciones autónomas, mientras que el PRD está en favor de una Ley de Salarios Máximos para los Servidores Públicos, y de otra que limite el gasto en propaganda gubernamental.

Entrevistado por este semanario, el profesor Jesús Cantú, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey, asegura que México requiere una profunda reforma de Estado, y no una serie de parches, ocurrencias y propuestas deshilvanadas, como las iniciativas de esos partidos.

Indica, por ejemplo, que el planteamiento de un modelo de INE como el que se menciona es un atentado directo contra el federalismo y un regreso al centralismo.

Postula Cantú que estas propuestas de la oposición lo que pretenden es un reparto de cuotas partidistas a nivel nacional.

Evitar dualidades

Tanto el PAN como el PRD han presentado ya sus iniciativas de reforma política y coinciden, por ejemplo, en la creación de una autoridad  electoral única y una sola ley electoral, pero acusan al gobierno de mostrar reticencias a sus propuestas. ¿Son cambios realmente necesarios?

México adolece de un problema que hay que señalar con toda claridad: existe una dualidad de estructuras administrativas para la organización de las elecciones. Es decir: efectivamente, hoy tenemos un instituto federal y 32 instancias estatales. Si nos comparamos con otros estados federales de América Latina, como Venezuela, Argentina y Brasil, las dos últimas naciones tienen totalmente descentralizada la organización de sus elecciones, mientras que la única en la que están totalmente centralizadas, como se está proponiendo en México, es Venezuela, país que, por cierto, en estos momentos difícilmente se puede constituir como un paradigma democrático. De manera que lo que habría que revisar es esa dualidad de estructuras, pero yo no creo que la solución sea la creación de un INE. Tal vez lo que habría que hacer es dividir las funciones que se tienen que revisar. Por ejemplo: por supuesto que tiene que haber un Registro Nacional de Electores. No puede haber registros estatales de electores, porque seguramente tendríamos  una duplicidad en el conteo de votantes en todos los estados.

Es claro que también tiene que haber una fiscalización a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si existe una fiscalización por entidades federativas, lo que tendríamos es un montón de triangulaciones y de fugas de recursos para esas labores. Así que estas dos funciones que le he referido claramente se pueden establecer a nivel nacional. Sin embargo, yo considero que es aberrante que se esté pensando también en que las tareas de capacitación electoral y de organización electoral los realice una instancia nacional, cuando lo fundamental en este tema es el conocimiento de la zona y de la región.

Son puntos muy opuestos.

¿Qué es, más bien, en lo que se debería estar pensando? En establecer un instituto nacional que se responsabilizara de dos o tres funciones que, específicamente, tienen que ser nacionales, como lo estoy proponiendo: Registro Nacional Electoral, y financiamiento, fiscalización y prerrogativas de partidos políticos, fundamentalmente, y que se desentienda absolutamente de todas las labores concretas sobre la organización, en sí mismos, de los procesos electorales.

Serían tareas bastante más precisas.

Desde mi punto de vista, esa sería una reforma racional que evitaría esta duplicidad de estructuras, como la que hoy tenemos, y que tampoco invadiría la soberanía y la autonomía de los estados. La propuesta de un INE, como la que se está haciendo, obviamente es un atentado directo en contra del federalismo, el cual no es el primero, por cierto. Lo que estamos viendo en este sexenio, de manera generalizada, es que se les están restando facultades a los estados. Lo que están haciendo es un regreso al centralismo de facto y un avasallamiento del llamado régimen federal.

¿Por qué se ha llegado a eso? Porque los partidos políticos que hoy son la oposición, el PAN y el PRD, están viendo la intromisión de los gobernadores en las estructuras de todos los organismos autónomos. Nadie puede negar que esto es lo que sucede. Sin importar de qué partido son los gobiernos, en términos generales los órganos de dirección de los institutos electorales y de transparencia, y de las comisiones de derechos humanos, están controlados. Así podemos seguir.

 

Cuotas partidistas

La visión, entonces, debía ser evitar esas intromisiones.

Como sí es visible esa intromisión de los gobiernos estatales dentro de esos órganos, la solución está resultando en que hay que quitarles todas estas facultades a los gobiernos de los estados. ¿Y para qué? Para que se haga un reparto de cuotas partidistas a nivel nacional, porque, en realidad, eso es a lo que estamos transitando. Es decir: no se está yendo hacia órganos verdaderamente autónomos y con representación de ciudadanos auténticos, entendiendo a éstos como aquéllos que no tienen vínculos directos con los partidos políticos o que han hecho su vida ajena al presupuesto público. Obviamente sé que también los políticos tienen derechos ciudadanos, pero, en realidad, son los partidos políticos los que están usufructuando esas cuotas partidistas y, entonces, lo que hacen los integrantes de los órganos de dirección es repartírselas entre ellos. Pero no se está resolviendo el problema de fondo. En realidad el problema de fondo es cómo designar a los integrantes de los órganos de gobierno de los institutos autónomos. Eso lo están obviando. De manera que lo único que va a cambiar es quién es el que mina la autonomía de esas entidades autónomas.

El PAN y el PRD han hecho un cúmulo de propuestas, calculando, según ellos, un gran cambio político. ¿Cuáles serían básicas?

Me parece que algunos de esos cambios son, por demás, pertinentes. Pero creo que también están adoleciendo de un gravísimo problema: no tienen una visión integral. Me explico: el sistema político se integra, básicamente, de tres partes. Son el sistema electoral, el de partidos y el de gobierno. Si movemos uno, por ejemplo, el electoral, eso va a tener impactos sobre los otros dos. Igual sucede al revés: un régimen presidencial, como el de México, va a operar de manera muy distinta con un sistema de partidos bipartidista, o en un pluripartidismo, como es el caso, nuevamente, de lo que tenemos en México. ¿Y de dónde se va a determinar el sistema de partidos? Pues del propio régimen electoral. Así que cuando se hace una reforma política, se tiene que pensar en cuáles van a ser los impactos en cascada que se van a producir. Y lo que ocurre es que todos los partidos políticos están haciendo propuestas de reformas, déjeme utilizar el término, por ocurrencias, o por el último tope que se han dado. Dicho de otra manera: en este momento están reaccionando según lo que sucedió en las elecciones locales de julio de este año.

Algunas de estas propuestas, por supuesto, son muy pertinentes. Pongo el caso, y creo que es funcional, de que la sanción que deba haber cuando se rebasen los topes de gastos de campaña sea la nulidad de la elección. Si no sancionamos con la nulidad de la elección, el incentivo para que cualquiera vuelva a violar la norma es muy alto. Entonces, si al final de cuentas lo único que voy a hacer es pagar una multa, no hay ningún problema. Y permítame ir al extremo: si yo gano la Presidencia de la República, y estaré en el poder durante seis años, ¡qué me importa pagar una multa! De manera que una buena solución es la nulidad de la elección y la convocatoria a nuevos comicios.

Sin embargo, hay otras propuestas que pueden ser complementarias y, de cierta manera, redundantes. ¿A qué me refiero? Si se promueve, por ejemplo, la ratificación del gabinete por parte del Congreso de la Unión o de algunos de sus órganos, en un momento determinado ése es un incentivo para llegar a los gobiernos de coalición. ¿Por qué? Porque si en un régimen presidencial usted le coloca candados al Ejecutivo para poder pasar algunos asuntos en el Congreso, necesariamente lo va a orillar a que busque ese tipo de coaliciones. Entonces, no hay que obligarlo a que llegue al gobierno de coalición. Lo que hay que hacer es, digamos, “parlamentarizar” el presidencialismo, colocando una serie de candados para que, precisamente, la única alternativa sea lograr mayoría en el Congreso, a partir no de acuerdos electorales, sino de gobierno. Pero prácticamente en ningún país hay una obligación de tener que llegar, en algún momento determinado, a un gobierno de coalición. Lo que se hace es colocar los incentivos adecuados. Así que lo que ha salido del PAN y del PRD me parece que es una serie de propuestas aisladas, cuando lo que se tendría que buscar es una reforma política integral, una reforma de Estado, que es lo que requiere el país.

En el sexenio anterior, cuando se habló de la reforma del Estado, en aquel momento se presentaron propuestas del Ejecutivo federal, del PRI y del PRD mucho más integrales y sensatas que ésta. Y vamos a decirlo así: esta colección de propuestas en algunos casos sí tienen algún sentido, pero en otros hasta pueden ser contradictorias o redundantes.

 

Propuesta interesante

El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, está demandando una consulta popular antes de que se lleve a cabo la reforma energética, aún cuando no hay una ley secundaria para instrumentar ese referéndum. ¿Cuál es su opinión?

Desde luego que hay una irresponsabilidad absoluta de los legisladores, que se habían dado un año para emitir la ley secundaria, plazo que venció el pasado 9 de agosto, y no lo hicieron. Sin embargo, y a pesar de esto, creo que si se logra juntar el millón 650 mil firmas que se requieren, me parece que los organizadores de una consulta popular y de esa recolección de firmas tendrán un punto a su favor, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que fallar llegado el momento. El tema energético es trascendental para el país y, al estar regulado en la Constitución, tendría que haber un pronunciamiento de la SCJN, respecto a si la ausencia de una ley secundaria y, particularmente, por una irresponsabilidad de los legisladores, sería motivo suficiente para que no se llevara a cabo esa consulta. Yo creo que la apuesta que está haciendo la izquierda es muy interesante, porque están sumados ahí, además de López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y algunos intelectuales como Pablo González Casanova. En fin… Me parece una propuesta que vale la pena y creo que sería un ejercicio en el cual la ciudadanía obligaría a las instancias de gobierno a pronunciarse sobre una muy importante  demanda social.

¿Cómo debemos esperar que se concrete la reforma política?

México requiere una profunda reforma de Estado y ya hay iniciativas que la incorporan, particularmente, desde el último tramo del sexenio anterior. Repito: tres instancias presentaron reformas de Estado, pero lo que actualmente se está discutiendo, en realidad, son parches, ocurrencias y propuestas deshilvanadas. Bien harían en voltear a lo que ya se había presentado y tratar de buscar esta reforma de Estado integral, que, efectivamente, permita definir un rumbo para el país y no seguir legislando sobre ocurrencias.