Entrevista a Daniel Rodríguez y Mario Garza/Expertos en desastres

Antonio Cerda Ardura

El número de víctimas que dejó la combinación de las tormentas Ingrid y Manuel, que azotaron duramente la costa del Pacífico de México y, particularmente, al estado de Guerrero, ascendía, al cierre de esta edición (jueves 3 de octubre), a 157.

Las tormentas, con un torrente histórico de lluvias que no se veía desde 1955, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), devastaron muchas zonas del país y provocaron deslaves, inundaciones, la caída de puentes y la destrucción de carreteras, dejando daños calculados en 75 mil millones de pesos.

Hay también un elevado número de personas desaparecidas, miles de damnificados y 569 mil hectáreas de cultivos perdidas.

Las autoridades federales se han lavado las manos y han culpado a las instancias estatales y municipales de falta de previsión y de omisión en la atención de las advertencias de alerta para que salvaguardaran a la población.

Como consecuencia del desastre y los efectos de los fenómenos meteorológicos, la economía nacional crecerá menos del 1.8 por ciento previsto por el Gobierno, y e impacto negativo preliminar se proyecta en 0.1 punto porcentual del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Siempre! entrevistó al respecto a dos expertos en el tema: Daniel Rodríguez Velázquez, profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM, y Mario Garza Salinas, académico del Diplomado de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana.

Ambos, integrantes de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres, coinciden en que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) está diseñado para la actuación ante emergencias, pero no tiene un carácter preventivo.

Rodríguez, fundador de los primeros grupos de investigación de desastres en el país desde el  Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, indica que la forma en que está organizado el gobierno para atender emergencias privilegia el lucimiento político, mientras que Garza, Premio Nacional de Administración Pública y consultor en Protección Civil y Seguridad, dice que el factor de riesgo jamás se va a eliminar, pero sí la vulnerabilidad de la población, combatiendo, la miseria, la desigualdad, y las deficiencias técnicas, físicas, ambientales, etcétera.

No hay prevención

A pesar de que las autoridades federales dicen que previnieron sobre el peligro de las tormentas Ingrid y Manuel, no se actuó con efectividad para salvaguardar a la población. ¿A qué se debe eso?

Daniel Rodríguez: Ahora que estamos en la etapa del reparto de culpas, es importante señalar que el Sinaproc está diseñado para la actuación ante emergencias, pero no tiene un carácter preventivo. Hay problemas para la coordinación de acciones frente a las situaciones de emergencia, y la forma en que se ha organizado el gobierno mexicano en este y otros ámbitos, es simplemente para privilegiar el lucimiento político. Cuando se debe actuar, opera la incapacidad. En ese contexto, emitir alertas siempre se va a convertir en una dificultad.

Como todos sabemos, el 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil, por ejemplo, es el día de los simulacros de evacuación. No obstante, se parte de una situación que poco se ha discutido y que la sociedad no conoce mucho, que es la incapacidad de acción. Desde el nivel federal se puede dar aviso sobre un riesgo inminente, pero los municipios no tienen capacidad logística para difundir las alertas a nivel de las comunidades. En todo este alegato que hay entre los gobiernos federal, estatales y municipales, subyace el problema de que se parte del supuesto de que México es un país del primer mundo, en el que hay altas tecnologías y preparación hasta en las comunidades más recónditas, pero eso no es cierto.

Mario Garza: México tiene una política pública de atención de desastres y emergencias, pero no para prevenirlos. Un indicador de esto es el presupuesto del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). El 90 por ciento lo ejerce el primero, mientras que el otro 10 por ciento el segundo. Esto, que es un señalador sintomático, nos dice cuál es la prioridad, y, en este caso, es atender la emergencia, o socorrer, y no prevenirla.

No podría afirmar categóricamente que la Secretaría de Gobernación envió avisos de alerta a los gobiernos estatales y municipales, pero yo he tenido la oportunidad de estar en el Centro de Operaciones de la Dirección de Emergencias de esa dependencia y me consta que, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personas que monitorean todos los fenómenos naturales y sus riesgos. La atribución de la Coordinación General de Protección Civil, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, es monitorear los riesgos y enviar esos comunicados y boletines.

El problema que se suscitó y que está en discusión es que la correa de transmisión de esos comunicados se rompió cuando las autoridades locales no avisaron a la población. Parece que nadie ha aprendido la lección de octubre de 1997, porque eso mismo ocurrió en Guerrero, cuando pegó ahí el huracán Paulina. También se transmitieron alertas, y las autoridades locales, para no espantar y crear pánico entre la población, no avisaron. Por eso el costo político de estos fenómenos es muy alto. En este nuevo caso se repitió esa historia.

Es claro que hay impactantes atrasos.

Daniel Rodríguez: Con el desastre estamos observando el verdadero país en el que estamos: no sólo hay pobreza y desigualdades, sino también incapacidad institucional para auto organizarse y para coordinarse con la población. El Sinaproc establece que la población debe participar con él,  bajo la conducción de las autoridades competentes. No obstante, si las autoridades son incompetentes, entonces  el problema es muy grave, porque, por un lado, tal vez se avise sobre un riesgo, pero, ¿y si hay que evacuar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Con qué elementos logísticos? ¿Con qué capacidad de movilización en caminos rurales y carreteras? Como pasó recientemente con la Autopista del Sol, que quedó inservible, no hay rutas de evacuación bien diseñadas ni infraestructura de seguridad. Los albergues, en general, son improvisados. Se buscan escuelas y a veces hasta atrios de iglesias, y eso depende de si están cerca y si hay modo de llegar. Es decir, es un mito de que con el aviso es suficiente.

Hay cosas que son muy previsibles, como los constantes desbordamientos de los ríos en Tabasco, pero la gente sigue instalándose en los cauces secos y las riberas. Si uno vuela en avión sobre el Popocatépetl, advierte que en los escurrimientos naturales de la lava se asientan infinidad de pueblos. ¿Cómo vencer la corrupción que permite eso y educar a la población respecto a su ubicación?

Mario Garza: Todos los desastres son prevenibles y previsibles, hasta un sismo, aunque científicamente no se pueda saber dónde y cuándo va a ocurrir. Sabemos que si vivimos en un lugar de riesgos hidrometeorológicos, o geológicos, químicos o sanitarios, siempre estaremos en peligro. El factor riesgo jamás se va a eliminar, pero se puede disminuir o mitigar. Lo que sí podemos eliminar es la vulnerabilidad, porque los riesgos son las situaciones y la vulnerabilidad las condiciones. ¿A qué me refiero? A la miseria, la pobreza y la desigualdad, y  a la vulnerabilidad técnica, espacial, física, ambiental, política, social, etcétera. Eso se puede eliminar. Y si yo estoy asentado en un lugar de alto riesgo sísmico, como el DF, siempre tengo que prevenir y estar preparado para un terremoto. ¿Qué debo hacer? Acciones de planeación y preparación, para que cuando ocurra el fenómeno no se manifieste como un desastre.

Y si ya se conoce que los lugares de los que usted habla son de riesgos hidrometeorológicos o sísmicos, ¿cómo es posible que cambien los usos del suelo o no se respeten los planes de desarrollo urbano? ¿Por qué permiten fraccionar en zonas inundables? Precisamente por la corrupción.

Y también inciden los motivos electoreros.

Mario Garza: ¡Claro! Es un problema estructural de muchos años. Los partidos políticos ofrecen terrenos en zonas de riesgo y hay que buscar a los presidentes municipales o personas han estado autorizando fraccionar en esos lugares. El problema, en ese caso, es el clientelismo político. Se ofrecen espacios a las personas para conseguir votos, y luego son las más perjudicadas.

Entonces, de poco sirve repartir culpas.

Daniel Rodríguez: Esto es un caso de ignorancia institucionalizada, porque los simulacros se están volviendo una simulación. Por eso, como le decía, ya se están repartiendo las culpas, porque no se cuenta con una estrategia para evacuar, ni con rutas, ni lugar de llegadas, ni planes para la permanencia  en albergues que están bajo el control del Ejército. Y mientras ahí hay una disciplina militar, la población está pensando en los bienes que dejó en sus comunidades, o en cómo se encuentran sus vecinos y parientes. En fin… Cuando hay deslaves, inundaciones o desbordamientos de ríos, se pretende aplicar a la población medidas disciplinarias militares, cuando lo que más necesita es que se respeten sus posibilidades de organización y de respuesta, lo cual tampoco existe.

Y aquí surge  otro problema: se da el supuesto de que hay que controlar, pero no el de generar la participación y la autogestión de las comunidades. Así sólo se reduce a la gente a la condición de víctima y de damnificado, que va aparecer llorando en la televisión o recibiendo a Laura Bozzo. Esas imágenes son ridículas y una falta de respeto a la población. En todo este proceso de que sí se avisó o no, se omite todo esto y no se considera tampoco el problema de la vulnerabilidad en la que se vive. La población está en situaciones de riesgo permanente. Son los damnificados de siempre y, como ocurrió en 1985, no se les va a dar ni un respeto ni una atención antes y durante una tragedia, porque existe la idea de que si el lucimiento político va a servir, pues mejor le entramos por allí. Constituye un problema muy serio que el Sinaproc dependa más de cómo opera el sistema político, que de capacitaciones técnicas.

A mucha gente le parece que la movilización de emergencia que tiene el país no es la adecuada, que faltan helicópteros, lanchas y otros transportes. ¿Es verdad?

Mario Garza: No estoy de acuerdo. En cuanto a recursos, no paramos. Lo que pasa es que esos recursos muchas veces están desorganizados o subutilizados, o no se da una coordinación para usarlos de manera eficiente. No se trata de la política del pobrismo, de que, como no tengo recursos, no puedo hacer nada. Gracias a que si hay, ahora se ha dado una respuesta en la atención de la emergencia. Eso hay que reconocerlo.

 

Reconstrucción institucional

Estando así el panorama, ¿qué medidas se tendrían que tomar?

Daniel Rodríguez: Se tendría que lograr que la cultura de protección civil, que tanto se invoca, se extienda a todos los sectores, empezando por los responsables. En vez de que el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, salga a decir, como lo hizo hace unos días: “Les voy a presentar las pruebas de que se alertó a los gobiernos locales sobre Ingrid y Manuel”, lo que tendría que haber es una formación ética para estas cuestiones y, si hay responsables conforme a la Ley General de Protección Civil y al marco aplicable, cuando menos habría que someterlos a un curso de inducción.

El segundo punto es que habría que reconstruir las instituciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Ernesto Zedillo era presidente (1994-2000) y recorría Acapulco y otros lugares en los momentos de desastres, se presumía de que la comida para los damnificados estaba caliente y de que algunos albergues los manejaba el Ejército. ¡Qué bueno que el Ejército coadyuve! Sin embargo, ¿dónde quedó la Conasupo, que era la distribuidora nacional de alimentos? ¡La desaparecieron! Eso significa que se ha ido socavando también el marco institucional y que las funciones las cubre la Defensa Nacional, cuando no es la instancia adecuada ni esa es su función, pero aparece administrando hasta despensas. ¡Se ha ido distorsionando el cuerpo institucional! Ahora se ha demostrado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, no trabaja con análisis de riesgo y vulnerabilidad, o, por lo menos, no ha demostrado que lo haga. Buena parte de la infraestructura que le corresponde administrar, lamentablemente está mal gestionada, tiene fallas técnicas y omisiones, y seguramente ahora irán apareciendo datos de corrupción en las licitaciones o de que la supervisión era inexistente o estaba mal hecha. Por eso hay taludes mal recortados y mallas ciclónicas en la Autopista del Sol, cuando lo que caen son rocas, no piedras pequeñas y hojarasca. Así que a esta institución hay que reconstruirla.

Es una forma de proveer sólo parches.

Daniel Rodríguez: Lo mismo ocurre si hablamos de infraestructura a cargo de los gobiernos estatales: tienen que tener alguna responsabilidad y reconstruir lo que les toca, porque las cosas no están bien. En general, instituciones como la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han tenido capacidad de gestión, ni un enfoque preventivo ni de reducción de riesgos para detener la deforestación y los escurrimientos de montes, o los cambios de uso de suelo forestal para ampliar la frontera agropecuaria. Existe la idea de que todo le corresponde a Protección Civil, cuando esta instancia, a nivel federal y estatal, y, por supuesto, municipal, no tiene capacidad de coordinar acciones de carácter preventivo. Por eso, lo que les queda es hacer llamados de alertamiento tardío, o bien intencionado, o que vayan grupos de rescate a coordinar el reparto de despensas, los albergues y a apoyar los centros de acopio, mientras el Sinaproc está completamente desarticulado.

 

Irresponsabilidades

¿Esa desarticulación sería, entonces, la culpable del actual desastre?

Daniel Rodríguez: Hay una acumulación histórica de irresponsabilidades. En este momento habrá muchos golpes de pecho, y si Enrique Peña Nieto dice que se va a investigar, se va a hacer, pero no se va a llegar al fondo, porque en este maremágnum de situaciones cruzadas, se tendría que ver cómo ha sido la sucesión de responsabilidades y de irresponsabilidades, porque no es posible que habiendo diagnósticos de riesgo y de peligro, no se tenga claro qué es lo que se tiene qué hacer y de qué manera coordinarlo.

Obviamente, el eslabón más débil de la cadena y a donde van a llegar parte de las acusaciones, es a la población. Ya hace unas semanas, cuando hubo inundaciones en el oriente del Estado de México, el secretario de Desarrollo Metropolitano, Isidro Pastor Medrano, declaró públicamente que él no iba a dar ningún apoyo a los pobladores, porque, durante tres meses, nunca hicieron caso de los avisos oficiales. ¡El no tiene ninguna competencia en esa materia! Pero como estuvo en Protección Civil hace varios años, le encargaron que acuse a los pobladores de ser casi suicidas.

Hay que buscar chivos expiatorios.

Daniel Rodríguez: Osorio Chong declaró algo similar hace unos días y, si seguimos en esta lógica, cuando Laura Gurza Jaidar era coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, también responsabilizó a la gente de ser descuidada y no poner atención en lo que hay que hacer. Esto ocurre porque el diseño institucional mexicano, además de no ser preventivo, considera solamente la atención de emergencia, pero en condiciones de control político. Esto hay que cambiarlo con un aspecto ético, además de las invocaciones científicas. El problema es que si en el ámbito universitario hacemos propuestas, sugerimos y demostramos por dónde deben ir las líneas de acción, si eso cae en saco roto, porque existen los intereses políticos de muy corto plazo, de que no pasa nada, los desastres van a seguir presentes en la vida nacional.

Mario Garza: México adolece de una política pública de prevención de desastres, y, como lo ha dicho la OCDE, y coincido con ella, hay que destinar más dinero hacia ese rubro. Parte de la prevención es realizar una planeación urbana adecuada, respetar los usos del suelo, y hacer campañas masivas de difusión de medidas de seguridad para la que la población se vaya orientando.

Hay que reconocer, igual, que contamos con sistemas de alerta temprana contra huracanes, sismos y eventos volcánicos. Pero también se necesita un mayor acercamiento entre las autoridades y la academia, y no el divorcio que actualmente se muestra. En esto de los desastres, se debe trabajar de manera conjunta, porque el enfoque que se debe dar es multidisciplinario. Si no se trabaja de esa manera, va a ser muy difícil poder resolver el nudo gordiano que actualmente tenemos en esa materia.