LOGOS

 

Vértigo de las reformas

Marco Antonio Aguilar Cortés

¡Estupendo! que el presidente Enrique Peña Nieto esté dispuesto a no permitir “que se lucre con la necesidad y con la emergencia” en estos tiempos en que desastres naturales nos causan severos daños, pero para ello se requiere, más que esperar la elaboración de un Plan de Reconstrucción Nacional, la simple aplicación del Código Penal Federal, en su amplia, pero también precisa, tipificación de delitos.

Para evitar el intermediarismo político, verificar las características de los suelos antes de las reconstrucciones, reubicar a la gente en terrenos seguros, revisar el Sistema de Protección Civil, coordinar las acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, dar apoyos fiscales a todos los afectados, reajustar el paquete económico de 2014, sujetar a estricto control de transparencia la asignación de recursos del Fonden, no es necesario esperar la existencia de ese anunciado Plan de Reconstrucción Nacional, ya que basta con aplicar las leyes vigentes del caso, a través de funcionarios honorables e inteligentes.

Pero, al parecer, los constantes equívocos gubernativos en ese aspecto señalado consisten en la falta de puntería.

Obsérvese el manojo de reformas, algunas ya aprobadas e, incluso, en vigencia. No hay una sola que no contenga bruscos desajustes entre su propósito o exposición de motivos con los alcances de la comprensión lógico jurídica de su literalidad.

La reforma educativa conlleva en su nominación y en sus razonamientos intenciones de esa índole, pero la comprensión de los textos constitucionales tienen únicamente efectos de carácter laboral en el campo de la educación.

Además de que, claro está, nada ha alterado en todo el país el fenómeno de la enseñanza aprendizaje. En cada aula, de cada escuela, sigue pasando lo mismo que ha acontecido durante muchos sexenios. Así que no hay el tino suficiente para que el efecto obtenido resuelva el mal que se pretende extirpar.

Igual pasa con la reforma energética. Todas las autoridades aseguran a voz en cuello, y en los motivos de la iniciativa, que jamás se privatizará Pemex ni Comisión Federal de Electricidad, pero en la literalidad de los textos constitucionales propuestos se da lugar a la privatización de estas empresas clave para la economía nacional. Aquí tampoco hay tino, y sí desatino.

En la fiscal, parte clave de ese vértigo de las reformas, lo único que se pretende es convertir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una máquina más eficaz para chupar mayor cantidad de dinero de los bolsillos de los causantes, haciendo sentir al contribuyente que pagar impuestos es una simple pérdida de dinero a favor de las autoridades, puesto que no vemos los servicios públicos que nos entregan a cambio.

Reconozcamos, a pesar de lo anterior, que el presidente Peña Nieto se ha acercado personalmente a los sitios siniestrados y ha caminado entre el lodo y el agua para llevar ayuda a los damnificados.